La persecución a la clase obrera fue parte central del plan de la dictadura. El programa económico del terrorismo de Estado y la complicidad civil.
Por Carlos Del Frade. Diputado FSP | LACAPITAL.com.ar
«Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos (…) Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina…», sostuvo Juan Alemann, secretario de hacienda del terrorismo de estado, en una cita del libro «Dossier Secreto», de Martin Andersen.
A cuarenta y tres años del golpe de Estado, la lógica de la desaparición de personas hay que pensarla en relación a la desaparición de los derechos laborales, la industria nacional y el mercado interno.
Una vez más hay que recordar los dichos en la Bolsa de Comercio de Rosario. «El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de la república. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las fuerzas armadas y poder así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra responsabilidad empresarial», dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz Bessone.
El ingeniero del terrorismo de estado en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, fue contundente y claro: «Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber», sostuvo en una clara conciencia del rol de los militares como celadores del gran capital.
1975, Villa Constitución
La matriz de sociedad obediente comenzó en Villa Constitución el 20 de marzo de 1975. Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: «Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra».
Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que «otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución». Esa «operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán».
Sostuvo que «las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero» (N. de la R: desde 2006, la compañía está en manos del grupo europeo Arcelor Mittal, que en esa época no tenía ninguna vinculación con la empresa).
Remarcó que «el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración».
Acindar «pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de relaciones laborales, Roberto Pellegrini».
Agregó que «Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa…».
El regreso del coronel Varela
El mayor asesino de santafesinos y rosarinos, Agustín Feced, tendió un puente histórico clave para entender el rol de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. «…estas organizaciones trabajan sin tener en cuenta el tiempo, el tiempo para ellos es secundario, no nos extrañemos que empiecen, no ahora, sino en una fecha relativamente corta, larga, pero van a volver porque les queda todavía… por empezar que ha sido histórico, una etapa de venganza personal, una venganza personal, como ocurrió con ese teniente coronel que fue a reprimir allá en el sur en la Patagonia trágica y después lo mataron acá en el centro de Buenos Aires…Varela y lo mató un terrorista extranjero…», declaró Agustín Feced el 11 de setiembre de 1984 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Feced se sentía la continuidad de Varela, el represor de los huelguistas del año 21 en la Patagonia. Una clara definición del objetivo del terrorismo de estado.
Las empresas multinacionales celebraron la desaparición de delegados gremiales. «Milagros no hay» -eran las palabras del gerente de producción de Mercedes-Benz Argentina, Juan Tasselkraut, cuando en el Juicio por la Verdad el juez le preguntó si había relación entre la desaparición de 14 obreros durante la dictadura militar y el aumento significativo de la productividad en la fábrica.
Este documental de Gaby Weber fue emitido por varios canales de televisión en América latina, pero los canales alemanes nunca se atrevieron a hacerlo. Y los principales torturadores de Rosario fueron felicitados por grandes empresarios, según consta en sus legajos.
José Rubén Lo Fiego, alias el Ciego o doctor Mortensen, fue imputado por 68 delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como el principal torturador del Servicio de Informaciones de la policía rosarina en los tiempos de Agustín Feced. En su legajo personal consta que el 26 de julio de 1979 fue «felicitado por la superioridad por el procedimiento realizado en la Empresa fabril Petroquímica Argentina Sociedad Anónima».
A renglón seguido fue felicitado el 18 de agosto de 1977 por el comandante del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri, «por el resultado de las investigaciones realizadas que permitieron los éxitos obtenidos por las fuerzas legales en los últimos días».
Oscar Mullet, uno de los principales referentes empresariales de Pasa, fue uno de los impulsores de la Federación de Industriales de Santa Fe a finales de 1979 en sintonía con la dictadura militar.
Domesticar San Lorenzo
«…Ahora, en todo los órdenes tienen confidentes que los informan de cualquier procedimiento regular o irregular es inconcebible (sic) que estos hechos ocurran, tal es así que ni bien toma intervención un funcionario equis en un procedimiento saben como (sic) y cuando (sic) ocurrió, sorprende de tal manera que no dejar pasar un minuto sin moverse en forma conjunta», dice indignada la señora Irma F. de Ciccone, jefa del Departamento Provincial del Trabajo de la Inspectoría San Lorenzo, en una nota del 5 de noviembre de 1971 al entonces presidente del área, Benito Cantelli. La carta es una de las tantas pruebas del seguimiento sistemático que se hacía sobre las organizaciones obreras desde los años sesenta en la región del cordón industrial del Gran Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución.
Decretos y órdenes que tenían como objetivo la persecución a los trabajadores de las grandes empresas asentadas en la geografía sur santafesina y que generó una burocracia esencial para la desaparición de personas a partir del 20 de marzo de 1975, con la invasión a Villa Constitución pagada por José Alfredo Martínez de Hoz, gerente de Acindar, y otros empresas y profundizada desde el 24 de marzo de 1976.
«Atento a lo ordenado por esa superioridad respecto al organismo denominado «Intersindical» con jurisdicción en esta zona (San Lorenzo) cumplo en informar lo siguiente de acuerdo a las constancias obrantes en Jefatura de Policía y de conocimientos obtenidos por la suscripta a travez (sic) de procedimientos seguidos con el fin de lograr datos concernientes a dicha entidad…», comenzaba diciendo el parte informativo de la señora Ciccone.
Herencia de los cursos de inteligencia que dieron los instructores franceses contratados por el estado argentino a fines de los años cincuenta y que elevaron a Alcides López Aufranc en titular del Side, primero, general represivo del Cordobazo, en segundo término y luego presidente de Aincar, en tercer término en plena democracia; esos partes eran consecuencia de los «manuales de contrainsurgencia» difundidos por la dictadura de Onganía a partir de 1976 y que conformaron la primera red de centros clandestinos de detención que florecieron en la región de la mano del general Juan Carlos Sánchez y del ex gendarme, Agustín Feced.
El hombre que con total claridad ideológica diría en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en 1985 que él vino a hacer lo mismo que hizo el coronel Varela en la Patagonia: matar obreros díscolos.
Y que en el máximo punto de la perversión se hizo llamar Rubén Carlucci, el mismo apellido de una trabajadora desaparecida de Capitán Bermúdez, para cobrar su jubilación en plena democracia alfonsinista.
En ese parte de la funcionaria provincial se lee sobre las particularidades de una acción gremial del 24 de marzo de 1971. «A la hora establecida, los obreros hacen abandono de sus tareas, afectando a las siguientes fábricas de San Lorenzo, Molinos Río de la Plata, afectando a 180 operarios. Respecto de esta medida la gerencia no conforme con que los operarios permanecieran dentro de la propiedad fabril, siendo las 9.20 horas, se apersonan a Jefatura y solicitan la colaboración policial para solicitar a la misma su intervención a fin de que haga retirar al persona que se encuentra dentro del establecimiento, ante esta intervención policial, deciden trasladarse hasta la vereda enfrente del establecimiento…», describe Ciccione.
Una verdadera confirmación de la matriz del golpe: los grandes empresarios le ordenan a la policía que inicie la represión.
Entre el 23 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se sancionaron 1.774 leyes de las cuales 1.627 no fueron derogadas. Según un informe solicitado por Perfil.com a la Dirección de Referencia Legislativa del Senado de la Nación, basado en la ley on line, existen muchas leyes que se sancionaron en la dictadura que aún están vigentes. Por estos días, fue el argumento oficialista para apurar la sanción de una nueva ley de medios en reemplazo de la polémica ley de radiodifusión. Pero hay otras de igual envergadura que intervienen en la vida cotidiana de los Argentinos.
Una de las más importantes es la de entidades financieras que fue sancionada en 1977 y pergeñada por Martínez de Hoz. Algunas de sus modificaciones fueron durante las presidencias de Menem, De la Rúa y Kirchner. Hoy se habla de reemplazarla por una nueva.
Si se quisiera registrar una marca o producto, la ley que rige esta actividad fue sancionada en 1981. Las modificaciones en los contratos de trabajo de la ley de hidrocarburos es de 1978, y dos años más tarde se reformó el código minero. El código aduanero, que establece las polémicas retenciones, es de 1981.
A 43 años del inicio del terrorismo de Estado todavía falta producir justicia sobre el rol de los empresarios en la represión.
Los informes elaborados dan cuenta de algunas de esas industrias en las que todavía hoy se deben buscar las huellas de la desaparición de personas: Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, Ingenios Ledesma, La Fronterita y Concepción (NOA); Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Swift, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago y Petroquímica Sudamericana (cordones del conurbano sur bonaerense); Grafa, Ford, Mercedes-Benz, Lozadur y Cattáneo, astilleros Astarsa y Mestrina, Dálmine-Siderca y Acindar (norte y oeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe); FIAT (zona Centro); Las Marías (NEA); Loma Negra y La Nueva Provincia (interior de Buenos Aires).
Algunas causas tienen imputados a dueños o cuadros empresariales, al tiempo que en otras los imputados son militares.
También existen causas que incluyen casos de obreros víctimas de delitos de lesa humanidad como parte de un cuerpo de víctimas más numeroso y heterogéneo. Actualmente, el caso más avanzado contra un empresario es el de La Veloz del Norte de Salta, cuyo ex dueño, Marcos Levín, se encuentra enfrentando el juicio oral y público.
En cinco de los casos existieron entre sesenta y más de cien trabajadores víctimas de la represión: Astillero Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, ingenio Ledesma y Fiat.
En otros cinco casos, las víctimas fueron entre treinta y cuarenta, al tiempo que en otras catorce empresas existieron entre diez y treinta trabajadores víctimas.
Una sola empresa de este conjunto analizado, el taller gráfico de La Nueva Provincia, tuvo dos trabajadores víctimas.
