La ejecución del presupuesto nacional durante 2025 muestra un ajuste de gran magnitud en la Administración Pública Nacional (APN). Según un estudio elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto total registró una caída real interanual del 29% en comparación con 2023, impactando de manera directa en áreas clave como salud, educación, desarrollo social, ciencia, transporte y obra pública.
El informe advierte que la contracción del gasto no fue homogénea. Mientras la mayoría de los organismos y programas sufrieron recortes severos, la Secretaría de Inteligencia del Estado, bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, exhibió un incremento del 52% en su ejecución presupuestaria. En paralelo, los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 8% del gasto total, manteniendo un peso significativo dentro de la estructura presupuestaria.
En el sistema de salud, el ajuste fue particularmente profundo. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió un recorte del 72%, los hospitales nacionales registraron caídas que oscilaron entre el 20% y el 42%, y organismos estratégicos como el Instituto Malbrán y la ANMAT vieron reducida su ejecución en torno al 25%. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte tuvo una baja del 38%, mientras que el INCUCAI fue la excepción, con un aumento del 24%.
La política científica tampoco escapó al ajuste. Programas de promoción de la investigación y la innovación prácticamente quedaron desfinanciados, con una caída del 82%, y organismos como el CONICET (-32%), la CONAE (-19%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-34%) registraron retrocesos significativos.
En el plano social, el informe destaca fuertes reducciones en organismos y programas de asistencia. La ANSES tuvo un recorte del 5%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el INAES perdieron el 73% de su presupuesto ejecutado. En Desarrollo Social, iniciativas como Economía Social, el Plan Nacional de Protección Social y el Fondo de Primera Infancia quedaron prácticamente paralizadas, al igual que buena parte del esquema de comedores comunitarios.
El ajuste también alcanzó a la producción y la energía. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo su ejecución en un 72%, y tanto el INTA como el INTI registraron caídas del 41%. En el sector energético, se observaron recortes de hasta el 42% en la Comisión Nacional de Energía Atómica y fuertes bajas en los entes reguladores.
Las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas tampoco quedaron al margen: Policía Federal, Gendarmería y Prefectura sufrieron recortes cercanos al 30%, mientras que Ejército, Armada y Fuerza Aérea registraron reducciones de entre el 18% y el 22%.
En educación, el escenario es crítico. Programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no registraron ejecución, al igual que otras líneas clave vinculadas a infraestructura escolar, becas estudiantiles y formación docente, con recortes que en muchos casos superan el 70%.
La obra pública y el transporte muestran algunos de los niveles más bajos de ejecución. Obras viales, infraestructura municipal, rutas, puentes y programas de urbanización registran caídas de entre el 74% y el 100%, lo que marca una virtual paralización de la inversión pública.
Finalmente, las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios también se redujeron de forma drástica. Programas de asistencia financiera quedaron sin ejecución y otros registraron bajas superiores al 90%, afectando la capacidad de los gobiernos subnacionales para sostener políticas públicas.
En conclusión, el informe del CEPA señala que la Administración Pública Nacional atraviesa una contracción presupuestaria sin precedentes recientes, con un impacto directo en políticas sociales, educativas, sanitarias y productivas. En contraste, el incremento del gasto en inteligencia plantea interrogantes sobre las prioridades del esquema presupuestario en un contexto económico y social de alta vulnerabilidad. ROSARIOPLUS