La provincia avala reclamos contra cerealera


Ciudadanos de Timbúes, iniciaron una causa judicial por contaminación y ruidos molestos contra una cerealera.

A pocos días de celebrarse una reunión de conciliación entre las partes en el conflicto que mantienen vecinos de esta localidad contra el accionar de una planta cerealera ubicada en el ejido urbano, llegó un duro informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia sobre el funcionamiento de la cuestionada empresa.

El dictamen se suma a la causa judicial que se instruye en el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia de San Lorenzo, a cargo de Gladis López, y responde a un oficio librado por la Justicia en el que se solicita al organismo de control ambiental de la provincia un informe sobre las condiciones en las que opera la cuestionada planta acondicionadora de granos.

La cerealera tiene sus instalaciones en la esquina de las calles Italia y Lucía Miranda, en pleno casco urbano de Timbúes y se halla a pocos metros de la escuela de Enseñanza Media Carlos Leiva, a la que asisten alrededor de trescientos alumnos, y también de un jardín de infantes.

Ya en el 2006 comenzó a instruirse esta causa judicial basada en la Ley Nº 10.000, conocida como Ley de Intereses Difusos, ante la demanda de unos vecinos.

Las observaciones. Según lo informado por la Secretaría de Medio Ambiente, cuyas actuaciones son parte de un expediente administrativo del propio organismo, la planta Cereales Timbúes se encontraba habilitada por la comuna pero en el domicilio de uno de sus propietarios, y no donde realmente opera en la actualidad, por lo que fue intimada por el organismo provincial a presentar la habilitación comunal especificada de la empresa.

A partir de allí, Cereales Timbúes recibió una habilitación provisoria por parte de la comuna local, pero que está supeditada a la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Provincial, hecho que actualmente se encuentra en trámite.

Sin embargo, y sin perjuicio de la tramitación del estudio, la Secretaría de Medio Ambiente envió un informe a la Justicia en el que describe a la planta como “una cerealera con una capacidad para 400 toneladas de granos, con dos silos y una celda, ubicada en zona urbana”.

El documento indica que el establecimiento “no posee la correspondiente barrera forestal, ni media sombra, que en el ingreso hay granos, y tampoco posee un sistema de cerramiento en ingreso y egreso de cereal”.

Por otro lado, el informe considera que “no es correcto el plan de gestión ambiental, por cuanto no presenta inversiones de cerramiento en carga y descarga de granos, y tampoco o cuenta con sistema de insonorización, ni sistema de retención de partículas en sitios claves de la planta”.

Para concluir, el informe conla firma del ingeniero Juan Bársola remata: “La planta cerealera de marras funciona de manera irregular con relación a la mitigación del impacto ambiental, situación que no se condice con el derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y equilibrado como marca el artículo 41 de la Constitución Nacional, amén de la normativa específica vigente en la provincia de Santa Fe”.

Los inconvenientes: Cuando comenzó su actividad en 1962, la planta era un emprendimiento familiar que funcionaba como un silo; sin embargo, la actividad portuaria que se acrecentó en los últimos años en el cordón industrial en general y en esta localidad en particular potenció la actividad de esta empresa, que hoy se transformó en una acondicionadora de cereales que prepara los granos en un paso previo a su llegada a los puertos.

Este incremento en la actividad de la empresa trajo también aparejada una serie de inconvenientes para los vecinos, que llevaron esta cuestión a los estrados judiciales a la espera de una solución. Ruidos molestos, presencia de polvo de cereal en suspensión, con los consiguientes problemas respiratorios y de piel; circulación de camiones con el proceso de fumigación en tránsito y un sensible aumento de la cantidad de roedores, son algunos de los inconvenientes planteados en la demanda. A esta se suma ahora este informe, que es previo a una audiencia de conciliación pactada por las partes para la semana próxima.


Fuente: Marcelo Abram / La Capital

 

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