El gobierno de la provincia de Santa Fe avanza hacia la adjudicación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), un dispositivo que reorganiza el mecanismo de licencias y el seguimiento de los accidentes laborales de la totalidad de la administración pública provincial.
La iniciativa se presenta como un avance en el cuidado de los trabajadores estatales. Una lectura atenta del diseño, de sus fundamentos normativos y de la evidencia disponible muestra una dirección distinta: la restauración del control del ausentismo como objetivo rector, ahora tercerizado en un operador privado del mercado del riesgo del trabajo.
El Programa de Asistencia al Trabajador Ausente por Enfermedad del Área de Salud y Trabajo (ASyT) –de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, implementado desde el 2000 hasta el 2011 y de 2012 a 2013– examina el Sipsal desde el marco de la salud de los trabajadores y lo confronta con un dispositivo de signo opuesto y resultados medidos.
La comparación ilumina, con datos, qué produce cada paradigma sobre el cuerpo y la subjetividad del trabajador.
Qué es el Sipsal
Creado mediante el Decreto N.º 1838/2025 e instrumentado a través de la Licitación Pública Nº 01/2026 –con un monto original de 23.841 millones de pesos–, el Sipsal alcanza a una base de 156.057 agentes. Se incluye a personal civil, docentes, policías, profesionales de la salud, trabajadores viales, API-Catastro, Fiscalía de Estado, pasantes y becarios. El contrato se proyecta por dos años, con opción a un tercero.
Al proceso licitatorio se presentó un único oferente: SML Consultores Médicos S.A., firma vinculada a Experta ART, del Grupo Werthein. La empresa superó la evaluación técnica y el proceso avanza hacia la apertura de la oferta económica. El precio base partió de una suma superior a los 6.300 pesos por empleado, con actualizaciones trimestrales según un mix de aumentos salariales e inflación.
El esquema se organiza en cinco módulos: plataforma tecnológica y servicio operativo, control médico y salud laboral, prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, juntas médicas y exámenes periódicos. El objetivo cuantificado por la propia gestión consiste en reducir el ausentismo del 15 al 10 por ciento, con un ahorro estimado en 170.000 millones de pesos anuales. La implementación será escalonada: comienza por Fiscalía de Estado, API, Catastro y la ex Dipos, continúa con los profesionales universitarios de la salud, luego los docentes y, finalmente, el personal policial.
El doble desplazamiento paradigmático
El Sipsal opera dos desplazamientos simultáneos. El primero es del paradigma de salud al paradigma de control. Aun cuando se enuncie como cuidado, su finalidad declarada y medida en pesos es la reducción del ausentismo. El cuidado funciona como medio; el descenso del costo laboral constituye el fin. El cuerpo del trabajador ingresa al diseño como unidad de costeo y como variable de ajuste fiscal, en un contexto donde la provincia acumuló un déficit considerable en el primer cuatrimestre del año.
El segundo desplazamiento es del ámbito público al operador privado-asegurador. El control médico-laboral del Estado, que comprende el reconocimiento de enfermedades profesionales, las juntas médicas y la determinación de la incapacidad, queda en manos de una firma ligada a una ART. Aquí reside el punto crítico estructural: la rentabilidad del operador depende, de manera directa, de minimizar el reconocimiento del daño que debe evaluar.
El diseño institucionaliza un conflicto de intereses en el corazón mismo del dispositivo. Las aseguradoras de riesgos del trabajo no operan en un terreno neutro: son compañías de seguros obligadas a generar beneficios para distribuir entre sus accionistas, condición que estructura de manera directa su interés en la certificación del daño. Trasladar el control médico-laboral del Estado a una firma vinculada a ese mercado no constituye un detalle de gestión administrativa, sino la transferencia del poder de reconocer o negar el padecimiento a un actor cuya rentabilidad depende, precisamente, de negarlo.
Foto: Amsafé
Este desplazamiento se profundiza cuando el control del ausentismo se corona con un incentivo económico a la asistencia perfecta de los docentes provinciales, mecanismo extendido en buena parte de los regímenes salariales del sector público y privado. Mientras exista un premio a la asistencia perfecta, o cualquier otra forma de presentismo encubierto o abierto, no puede hablarse de salud, porque ese mismo dispositivo resulta patologizante.
El premio no retribuye la ausencia de enfermedad: retribuye la ocultación del padecimiento, convierte el cuerpo enfermo en una pérdida económica personal y traslada al trabajador la responsabilidad de sostener, contra su propio malestar, la productividad del sistema.
En términos en los que el filósofo Byung-Chul Han desarrolla para el sujeto de rendimiento contemporáneo, el dispositivo opera como una forma de autoexplotación: el trabajador se convierte en gestor de su propia disponibilidad permanente, internaliza la exigencia de rendimiento como mandato propio y oculta síntomas para no ser percibido como improductivo.
El Sipsal, al articular telemedicina, control domiciliario y auditoría médica bajo el objetivo cuantificado de reducir el ausentismo del 15 al 10 por ciento, reproduce esa misma matriz: no cuida al trabajador enfermo, lo empuja a concurrir enfermo al trabajo antes que arriesgar el reconocimiento de su licencia.
Ese padecimiento se duplica en la angustia por quienes están a su cuidado, sobre todo entre las mujeres trabajadoras: la enfermedad de un hijo, una hija o cualquier otra persona dependiente no puede, bajo esta lógica, traducirse tampoco en ausencia, porque cada licencia por enfermedad de un tercero a cargo representa una pérdida económica que la propia precariedad salarial ya no permite absorber.
El dispositivo no sólo presiona al trabajador para que oculte su propio malestar: extiende esa presión a la salud de quienes dependen de sus cuidados, convertida en una amenaza económica más que en una circunstancia a atender.
La evidencia empírica que mide la diferencia
La confrontación entre el modelo de asistencia y el modelo de control dejó resultados medidos. Entre 1999 y 2011, el seguimiento comparado de ambos sistemas arrojó tasas de no reconocimiento de licencias claramente distintas, registradas en el marco de la propuesta del Programa Nacional de Prevención en Salud y Trabajo Docente elaborada para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el periodo 2012/13.
En el sistema de asistencia al trabajador ausente por enfermedad, el no reconocimiento alcanza entre el 6 y el 11 por ciento, y casi la totalidad de ese porcentaje responde a la ausencia del trabajador en el domicilio al momento de la visita, una falla logística sin contenido de rechazo.
En el sistema de control privado, el no reconocimiento trepa al 18 por ciento, mientras que un 8 por ciento de los casos corresponde al rechazo directo de la patología consignada en el certificado médico. Ese porcentaje carece prácticamente de equivalente en el modelo de asistencia.
La conclusión es de orden estructural: el dispositivo de control privado desconoce el padecimiento del trabajador a una tasa marcadamente superior, y lo hace cuestionando el diagnóstico médico mismo. El desplazamiento del paradigma de salud al paradigma de control produce, como resultado material verificable, más desconocimiento del daño.
La evidencia incluye, además, el efecto positivo de la asistencia.
Entre fines de 2009 y fines de 2011 se implementó una estrategia de atención integral y personalizada a los solicitantes de licencias de larga duración docentes, con abordaje del sufrimiento subjetivo y rehabilitación de los daños osteomusculares y otras patologías prevalentes registradas en el programa Ziper. El seguimiento mostró un impacto doblemente favorable: redujo el volumen de licencias por salud mental y patología osteomuscular, y resolvió situaciones de salud en una población que acumulaba años de desgaste laboral, permitió la reincorporación saludable al trabajo del 54 por ciento de las trabajadoras que estaban en esa situación. Así lo demuestran las estadísticas (de carácter públicas) entregadas al Ministerio de Educación provincial en ese período.
El subregistro estructural y el doble cerrojo
Todas las evidencias y las propias estadísticas revelan la magnitud del subregistro de las enfermedades profesionales en el colectivo docente. En 2011, la salud mental constituyó la primera causa de licencia de larga duración entre los docentes de la provincia de Santa Fe: fueron 15.227 casos.
Sin embargo, sobre 3.342 enfermedades profesionales reconocidas por la SRT ese año, solamente 8 correspondieron a patologías de salud mental, esto es el 0,2 por ciento del total reconocido, mientras que el 83 por ciento se concentró en afecciones respiratorias.
La distancia entre la magnitud del padecimiento real y la magnitud de lo reconocido como profesional carece de correlación. El sistema y las condiciones de trabajo deterioran seriamente la salud mental del magisterio y reconoce ese daño en términos prácticamente nulos.
Esta brecha materializa lo que denominamos el doble cerrojo normativo: un primer cerrojo en el listado cerrado de enfermedades profesionales y un segundo cerrojo en los criterios y dispositivos de reconocimiento. El Sipsal, al delegar ese reconocimiento en un agente del propio mercado del riesgo, agrega un tercer mecanismo de cierre en la instancia del control cotidiano.
La política de Estado que el Sipsal deshace
La dirección que toma Santa Fe en 2026 invierte una política que en momentos de intentos de restablecer el Estado de Bienestar el propio Estado Nacional había formulado. En 2012, en el marco de la Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 2011-2015, la propuesta que realizamos desde el Programa Nacional de Prevención en Salud y Trabajo Docente planteaba crear Programas de Asistencia a los Trabajadores Ausentes por Enfermedad en sustitución de los llamados controles burocráticos de ausentismo, junto con un programa informatizado de gestión de licencias y monitoreo epidemiológico en salud y trabajo docente, por eso pusimos el programa Ziper a disposición de la SRT, con acceso libre y gratuito.
Aquella propuesta buscaba escalar el modelo ASyT (UNR) al nivel nacional desde una política activa de Estado, con participación de los trabajadores a través de comités mixtos, unidades de atención primaria y formación masiva de preventores. El Sipsal ejecuta el movimiento inverso: terceriza el control en un operador ligado a una ART y coloca la reducción del ausentismo como meta económica y objetivo principal. La iniciativa provincial se aparta del paradigma de asistencia y, a la vez, deshace una orientación que la propia Universidad Nacional de Rosario había definido en ese momento para reemplazar el control por el cuidado.
Implicancias para el trabajo docente
Los docentes integran la base de 156.057 agentes alcanzados por el Sipsal y figuran entre los colectivos de incorporación escalonada. El diseño resulta especialmente inadecuado para la naturaleza del trabajo de enseñar. El padecimiento docente se expresa de manera predominante en el registro de la salud mental, la fatiga crónica, el estrés, el burnout y de los padecimientos del existir, articulados con la intensificación del trabajo, los riesgos psicosociales, la violencia en la escuela y la trama social del contexto educativo.
Un dispositivo orientado al control del ausentismo, operado por trazabilidad digital de casos individuales, carece de capacidad para abordar esa determinación social y subjetiva del proceso salud-enfermedad.
La denuncia por aplicación, mensajería o línea telefónica, seguida de telemedicina o derivación, reduce al trabajador a usuario de una plataforma y desplaza la pregunta por las condiciones y el medio ambiente de trabajo que producen el daño. La evidencia de 2011 ya había mostrado que el reconocimiento de la patología mental docente como enfermedad profesional resulta prácticamente nulo; un dispositivo de control privado profundiza ese desconocimiento.
La dimensión gremial
La provincia cuenta con un antecedente directo. En diciembre de 2019, el Ministerio de Educación de Santa Fe prescindió de los servicios del ASyT e instauró un régimen transitorio de licencias médicas mediante la Resolución Nº 008/2020, dejando a docentes y asistentes escolares sin control médico laboral, sin seguimiento profesional y sin las juntas médicas de reubicación. Esa decisión significó una improvisación que vulneraba derechos adquiridos en el régimen de licencias preexistente. El Sipsal generaliza y consolida esa orientación para el conjunto de la administración provincial.
El antecedente resulta más incisivo aún en el plano tecnológico. El sistema Ziper fue desarrollado originalmente en articulación con la UNR y, posteriormente, cedido a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que lo proyectó como herramienta de gestión electrónica de la salud laboral y de la higiene y seguridad en el trabajo. Sus módulos de gestión de personal, evaluación de riesgos, seguimiento médico y planes de mejora de las condiciones edilicias y operativas resuelven exactamente lo que el Sipsal presenta como innovación tecnológica.
El sistema continúa utilizándose en la UNR para su servicio de salud laboral y ha sido utilizado en distintos organismos de distintas jurisdicciones para coordinar visitas de preventores y organizar políticas de prevención.
La provincia de Santa Fe, en lugar de capitalizar un desarrollo que lleva la marca de origen de su propia universidad pública, optó por contratar a una firma vinculada al mercado asegurador del riesgo del trabajo para replicar, con financiamiento privado, funcionalidades que un sistema de origen universitario ya había puesto a disposición del Estado.
Foto: Amsafé
La decisión adquiere un relieve institucional adicional a la luz de la trayectoria del propio ministro de Educación de la provincia, José Goity, decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR entre 2011 y 2019 y, posteriormente, secretario general de esa misma universidad.
Quien condujo durante ocho años una unidad académica de la UNR y ocupó luego su secretaría general integra hoy una gestión provincial que, en lugar de sostener y capitalizar los desarrollos generados por la propia universidad pública –de los que Ziper es apenas un ejemplo–, impulsa y apoya la tercerización del control médico-laboral del gobierno provincial en un operador privado ligado al mercado de riesgos del trabajo.
La contradicción resulta significativa en un contexto de ajuste presupuestario del gobierno nacional que golpea de manera directa el financiamiento de las universidades públicas: la provincia dispone de recursos técnicos y humanos generados por la UNR, capaces de sostener políticas de salud laboral y, a la vez, de financiar actividades de la propia universidad. Pero opta, en cambio, por transferir ese financiamiento a un operador del mercado privado.
Quien mejor debería conocer el valor estratégico de la producción universitaria pública, por haberla dirigido, es quien hoy la desplaza en favor de un negocio ajeno a la universidad que lo formó.
Desde la perspectiva gremial, el Sipsal plantea cuestiones que exigen intervención: la primera es la entrega del reconocimiento del daño a un operador cuya rentabilidad depende de minimizarlo. La segunda es la pérdida de las juntas médicas públicas y de los criterios homogéneos construidos en el ámbito estatal. La tercera es la ausencia de instancias de participación de los trabajadores y de sus organizaciones en el diseño y el control del dispositivo. La cuarta cuestión es la concentración de información sanitaria laboral sensible en manos de un agente privado, con las implicancias que ello supone sobre la confidencialidad y el destino de los datos. Y la quinta es la contradicción institucional de haber optado por un operador privado existiendo desarrollos tecnológicos de origen universitario capaces de cumplir la misma función, decisión adoptada bajo la conducción de un ministro de Educación que fue decano y secretario general de la propia UNR.
Conclusiones y propuestas
El arco que une el año 2000 con 2026 traza, sobre la misma figura del trabajador enfermo, dos maneras opuestas de responder al padecimiento.
El modelo de asistencia, sostenido durante más de una década desde el ASyT, parte de la enfermedad como hecho a comprender: evalúa, acompaña y rehabilita, y por eso desconoce el padecimiento del trabajador de modo marginal, casi siempre por una falla logística –la ausencia en el domicilio al momento de la visita– y no por cuestionamiento del diagnóstico.
El modelo de control de ausentismo, que el Sipsal generaliza, parte en cambio de la enfermedad como costo a contener: audita, sospecha y mide, y por eso rechaza el reconocimiento del daño a una tasa estructuralmente superior, cuestionando el diagnóstico médico mismo en una proporción que el modelo de asistencia no replica.
La evidencia confirma, entonces, algo más preciso que una tendencia genérica: atender la enfermedad y controlar el ausentismo son dos paradigmas con resultados verificablemente distintos sobre el mismo cuerpo trabajador, y que la comparación entre uno y otro entre 2009/11 y 2026 no constituye una mejora técnica, sino un cambio de finalidad.
El modelo que impulsa Santa Fe a través del Sipsal es una expresión más del ajuste, esta vez sobre la salud/enfermedad de los trabajadores estatales de la Provincia.
La tabla siguiente sintetiza, dimensión por dimensión, esa diferencia de paradigmas:
Un sistema estructurado de modo tal que el desconocimiento del daño constituye una condición de la rentabilidad requiere una transformación estructural de las relaciones de poder que lo sostienen, antes que una reforma interna de sus procedimientos. Sobre esa base, proponemos las siguientes líneas:
Recuperar el modelo de asistencia al trabajador ausente por enfermedad como política pública, en sustitución del control burocrático y de su tercerización en agentes del mercado del riesgo.
Sostener el reconocimiento de las enfermedades profesionales, las juntas médicas y la determinación de la incapacidad en el ámbito público, con criterios homogéneos y autónomos del interés asegurador.
Constituir comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, con participación activa de los trabajadores y de sus organizaciones en el diseño, la gestión y el control del dispositivo.
Construir un sistema de monitoreo y vigilancia epidemiológica en salud laboral de base pública, orientado a transformar las condiciones y el medio ambiente de trabajo que producen el daño. Los sindicatos deberían construir su propio sistema autogestionado como parte de la lucha permanente por la salud y la transformación de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
Garantizar la confidencialidad y el resguardo público de la información sanitaria laboral, sin transferencia a operadores privados.
Abordar de manera específica los padecimientos del existir y los riesgos psicosociales del trabajo, con programas focalizados que reconozcan la determinación social y subjetiva del proceso salud-enfermedad.
La salud de los trabajadores constituye un derecho y un terreno de disputa. La discusión sobre el Sipsal excede la contabilidad de las ausencias: define quién controla la salud laboral del Estado y con qué finalidad. Defender el paradigma de la asistencia y el cuidado, con participación de los trabajadores y base pública, constituye una tarea impostergable.
*Médico especialista en salud laboral, investigador y docente universitario.
Publicado en el semanario El Eslabón del 4/7/26
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El Sipsal, la privatización del control del ausentismo se publicó primero en Redacción Rosario.