Ecuador y la represión a sus pueblos originarios. Entre la dignidad y el miedo
Ecuador y la represión a sus pueblos originarios. Entre la dignidad y el miedo
Por Mauricio Herrera Kahn. Pressenza.com. Medio Ambiente
“Se nos ha enseñado a creer que la riqueza natural es el camino a la libertad, cuando en realidad ha sido la puerta al sometimiento” — Jorge Enrique Adoum
Ecuador es un país atravesado por una herida que nunca cierra. Sus pueblos originarios, que representan alrededor del 7% de la población total, han sido históricamente marginados de las decisiones políticas y del desarrollo económico. Hoy, en pleno siglo XXI, esa exclusión se combina con una represión sistemática que no distingue gobiernos ni discursos. La riqueza natural, que debería garantizar soberanía y bienestar, se convierte en motivo de persecución. Petróleo, minería, agua y bosques son codiciados por corporaciones y elites políticas que gobiernan de espaldas a las comunidades.
La protesta indígena no es un capricho, es un grito de supervivencia. Las cifras lo demuestran con crudeza. Más del 60% de los hogares indígenas vive en pobreza multidimensional, el acceso a agua potable es limitado en la Amazonía y la desnutrición infantil golpea a comunidades enteras. Mientras tanto, los gobiernos (de derecha o de corte empresarial) han respondido con estados de excepción, militarización y criminalización de la protesta.
En este contexto, la presidencia de Daniel Noboa consolida un modelo represivo que reproduce las prácticas de sus antecesores. El escenario es claro. Ecuador se debate entre la dignidad de sus pueblos originarios y el miedo impuesto por un Estado que protege al capital antes que a su gente.
Raíces históricas de los pueblos originarios
Los pueblos kichwas, shuar, achuar, cofán, sáparas, secoyas y waoranis forman el corazón ancestral de Ecuador. Cada uno con su lengua, su cosmovisión y su forma de organización comunitaria, han sobrevivido a cinco siglos de conquista, represión y despojo. La memoria histórica recuerda que durante la colonia fueron obligados a entregar trabajo forzado en haciendas y minas. La resistencia nunca fue apagada, desde los levantamientos kichwas del siglo XVIII hasta las marchas indígenas del siglo XXI.
Hoy la población indígena en Ecuador bordea 1,1 millones de personas, lo que equivale al 7% del total nacional según el censo de 2022. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986, agrupa a más de 18 nacionalidades y 14 pueblos. Han conquistado avances importantes en el reconocimiento de tierras ancestrales y cerca de 5 millones de hectáreas han sido tituladas a comunidades amazónicas y andinas.
Sin embargo, esos avances están bajo retroceso en la última década. El Estado ha entregado concesiones mineras y petroleras en territorios ancestrales sin consulta previa, lo que contradice el artículo 57 de la Constitución de 2008.
Mientras las comunidades mantienen sistemas de gobernanza basados en la asamblea y la reciprocidad, el modelo extractivista concentra beneficios en élites políticas y corporaciones extranjeras. En las provincias amazónicas, por ejemplo, más del 70% del territorio de los pueblos shuar y achuar está bajo presión de concesiones petroleras o mineras. El resultado es doble: pérdida de autonomía y conflictos permanentes.
Cifras duras
- Población indígena: 1,1 millones (7% del total nacional).
- Tierras reconocidas: 5 millones de hectáreas.
- Concesiones extractivas en territorios indígenas: más del 70% en algunas provincias amazónicas.
El Estado y la exclusión estructural
La república ecuatoriana nació en 1830 bajo un pacto de élites criollas que excluyó a los pueblos originarios de toda participación política y económica. Desde entonces el Estado funcionó como un proyecto oligárquico que usó a los indígenas como mano de obra barata en haciendas serranas y como guardianes forzados de fronteras amazónicas. Nunca fueron parte de la toma de decisiones, siempre fueron considerados ciudadanos de segunda categoría.
Esa exclusión estructural se expresa hoy en cifras que hablan de un país dividido en dos. La pobreza multidimensional entre pueblos indígenas supera el 60 %, mientras el promedio nacional es de 27% según el INEC 2023. La desnutrición crónica infantil alcanza al 38 % en comunidades indígenas, diez puntos por encima del promedio nacional. En acceso a servicios básicos, el rezago es evidente: solo la mitad de las viviendas indígenas tiene agua potable y apenas un tercio cuenta con alcantarillado formal. En salud, la mortalidad materna indígena duplica la de la población mestiza.
Cifras duras
- PIB per cápita nacional: ~4.600 USD (Banco Mundial 2023) — PIB per cápita indígena: <2000 USD
- Acceso a agua potable nacional: 80% — Acceso indígena: 50%
- Desnutrición infantil nacional: 28% — Desnutrición infantil indígena: 38%
La educación repite la fractura. Menos del 10% de los jóvenes indígenas llega a la universidad, y muchos desertan antes de terminar la secundaria por falta de recursos. El PIB per cápita estimado de la población indígena se mantiene por debajo de 2000 USD al año, menos de la mitad del promedio nacional. El Estado republicano que prometía igualdad se consolidó como administrador de la desigualdad.
La protesta como herencia histórica
Las movilizaciones indígenas en Ecuador no son un fenómeno reciente. Son la continuidad de siglos de resistencia frente a un Estado que negó su ciudadanía real. Desde las rebeliones coloniales de los pueblos kichwas hasta los levantamientos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en los años noventa, la protesta se convirtió en la única herramienta efectiva para ser escuchados.
En 1990 más de 200.000 indígenas paralizaron carreteras y ocuparon plazas en lo que se llamó el “primer levantamiento indígena nacional”, obligando al gobierno de Rodrigo Borja a abrir negociaciones y reconocer derechos territoriales. En 2000, la alianza entre militares y movimientos indígenas derribó al presidente Jamil Mahuad en medio de la crisis financiera. En 2019, la movilización contra el paquetazo de Lenín Moreno sacó a más de 50.000 indígenas y campesinos a las calles, con saldo de 11 muertos, 1300 heridos y más de 1200 detenidos.
Cifras duras
- Levantamiento indígena 1990: +200.000 participantes — Resultado: reconocimiento territorial inicial
- Crisis 2000: caída del presidente Mahuad — Participación indígena clave
- Protestas 2019: 50.000 movilizados — 11 muertos — 1300 heridos — 1200 detenidos
El costo de la protesta se mide en sangre. Cada ciclo de movilización deja muertos, heridos y comunidades marcadas por la represión policial y militar. Sin embargo, también deja avances concretos: reconocimiento de tierras, espacios en la Asamblea y el fortalecimiento de la identidad indígena como actor político nacional. La protesta no es caos, es la memoria activa de un pueblo que aprendió que en Ecuador nada se concede sin lucha.
Pueblos originarios bajo fuego
Desde 2019, distintos gobiernos han mantenido la misma lógica represiva contra los pueblos originarios. Lenín Moreno (2017–2021, ex progresista que giró al neoliberalismo), Guillermo Lasso (2021–2023, banquero de derecha liberal) y Daniel Noboa (2023–, empresario de derecha y aliado del trumpismo regional) coincidieron en criminalizar la protesta indígena. En ese periodo se abrieron más de 200 procesos judiciales contra dirigentes de la CONAIE y de comunidades amazónicas, acusados de “paralización de servicios públicos” o “terrorismo”. La estrategia ha sido clara: debilitar la organización indígena por medio de juicios, hostigamiento y represión selectiva.
Testimonios recogidos por Human Rights Watch hablan de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura psicológica. Naciones Unidas (Informe 2024) denunció “represión sistemática a pueblos originarios en Ecuador”.
Cifras de represión
- En 2019 bajo el gobierno de Lenín Moreno la represión a las protestas indígenas dejó 11 muertos, más de 1300 heridos y alrededor de 1200 detenidos.
- En 2022 bajo el gobierno de Guillermo Lasso se registraron 8 muertos, más de 500 heridos y más de 200 detenciones en el marco del paro nacional.
- En 2023 con Daniel Noboa en el poder, la represión ya contabilizaba 2 muertos, más de 300 heridos y cerca de 300 detenidos en enfrentamientos con comunidades amazónicas y campesinas.
En provincias amazónicas como Pastaza y Morona Santiago, líderes shuar y kichwa han debido salir al exilio por amenazas directas. En la Sierra norte comunidades enteras viven bajo vigilancia militar cuando se oponen a proyectos petroleros o mineros. Los testimonios son desgarradores: campesinos golpeados en sus chacras, mujeres amenazadas frente a sus hijos, jóvenes acusados de terrorismo solo por levantar una bandera. La violencia estatal convierte la protesta en delito y la dignidad en peligro.
La doble cara del Estado
En 2024 el gobierno de Daniel Noboa decretó 4 estados de excepción con más de 10.000 militares desplegados en calles, carreteras y territorios indígenas. Bajo el argumento de garantizar el orden y la seguridad, la represión se volvió política de Estado. Helicópteros sobrevolando comunidades, retenes militares en caminos ancestrales y poblaciones sitiadas por la fuerza pública son escenas que recuerdan tiempos de dictadura, aunque se ejerzan bajo un régimen formalmente democrático.
Mientras tanto, más de 300 bloques mineros y petroleros han sido concesionados en territorios ancestrales, afectando directamente a pueblos kichwas, shuar, cofán y záparas. En provincias como Zamora Chinchipe y Morona Santiago helicópteros militares escoltan el ingreso de maquinaria extractiva y garantizan la operación de corporaciones extranjeras. El discurso oficial habla de desarrollo y empleo, pero la práctica real implica desalojos, represión y destrucción ambiental.
Cifras duras
- Estados de excepción entre 2000 y 2024 → 20 decretos
- Estados de excepción en 2024 bajo Noboa → 4 decretos
- Militares desplegados en 2024 → 10.000 efectivos
- Concesiones extractivas otorgadas → más de 300 bloques mineros y petroleros
La contradicción es brutal. En Quito los ministros hablan de diálogo y mesas técnicas, mientras en la Amazonía los campesinos y líderes indígenas enfrentan desalojos violentos y la militarización de sus territorios. Lo que el poder presenta como democracia se vive en las comunidades como guerra silenciosa.
Noboa y el poder conservador
Daniel Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023 con un discurso de modernización y eficiencia, pero su práctica de gobierno se sostiene en la mano dura y en la concentración del poder. Hijo de una de las familias empresariales más ricas de Ecuador, su perfil está ligado a los grandes grupos económicos de la Costa que históricamente han dominado la política nacional.
El presidente se presenta como tecnócrata joven, pero gobierna bajo el paraguas de los intereses más conservadores.
En 2024, Noboa reforzó sus vínculos internacionales con sectores conservadores de Estados Unidos, incluyendo redes políticas cercanas a Donald Trump, lo que le otorgó legitimidad en espacios empresariales de la Florida y Washington. Ese alineamiento externo se traduce en un modelo económico que prioriza la inversión extranjera en minería y petróleo, incluso en territorios indígenas en resistencia.
Las cifras muestran la orientación de su gobierno. El gasto en seguridad aumentó en más de 1200 millones USD en 2024, lo que representó un +40% respecto a 2023. Ese dinero se destinó principalmente a armamento, vehículos blindados y contratos de seguridad privada. En contraste, el presupuesto asignado a programas de pueblos originarios cayó en 150 millones USD (–15 % respecto al año anterior), un retroceso que debilitó políticas de educación bilingüe, salud intercultural y protección territorial.
Cifras duras
- Gasto en seguridad 2024 → 1200 millones USD (+40 % respecto 2023)
- Presupuesto para pueblos indígenas 2024 → 850 millones USD (–15% respecto 2023)
- Fecha de inicio del mandato → noviembre 2023
La alianza de Noboa con militares y empresarios profundiza un modelo que concentra poder y riqueza en pocas manos, mientras amplía las brechas de desigualdad social y territorial.
Mapa extractivo y resistencias locales
Ecuador es un país pequeño en territorio, apenas 283.560 km², pero concentra una presión extractiva que supera sus capacidades ambientales y sociales. Bajo el gobierno de Daniel Noboa, se han concesionado más de 300 bloques mineros y petroleros en la Amazonía y en la Sierra, muchas veces sobre tierras indígenas reconocidas. Las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Napo se han convertido en epicentro de conflicto entre comunidades y empresas transnacionales.
La minería metálica a gran escala ya es una realidad. El proyecto Mirador, en manos de la china Ecuacorriente S.A., extrae más de 60.000 toneladas de cobre al año, con ingresos que superan los 800 millones USD anuales, mientras las comunidades shuar denuncian contaminación de ríos y desplazamientos forzados. Otro caso es Fruta del Norte, operado por la canadiense Lundin Gold, que produjo más de 300.000 onzas de oro en 2023 con un valor de 600 millones USD en exportaciones, pero que ha dejado conflictos abiertos por el uso intensivo de agua y químicos en la provincia de Zamora Chinchipe.
Cifras duras
- Bloques mineros y petroleros concesionados → +300
- Producción de cobre (Mirador) → 60.000 toneladas/año = 800 millones USD
- Producción de oro (Fruta del Norte) → 300.000 onzas/año = 600 millones USD
- Producción de petróleo 2024 → 480.000 barriles diarios = 11.000 millones USD
El petróleo sigue siendo columna vertebral de las exportaciones. En 2024, Ecuador produjo en promedio 480.000 barriles diarios, con ingresos superiores a 11.000 millones USD, de los cuales más del 65% provienen de la Amazonía, donde pueblos kichwas, cofán y sáparas resisten a la invasión de sus territorios. La contradicción es evidente: el Estado financia seguridad y deuda externa con el petróleo, mientras militariza zonas donde los pueblos defienden agua y selva.
El costo humano y ambiental
El peso de la represión y del extractivismo se mide en vidas y en territorios perdidos. Desde 2019, las protestas indígenas han dejado al menos 45 muertos y más de 2500 heridos según registros de la Defensoría del Pueblo y la ONU. Cada movilización implica cientos de detenciones arbitrarias, procesos judiciales abiertos y líderes obligados al exilio. No son sólo cifras, sino comunidades enteras marcadas por el miedo.
En la Amazonía, la expansión petrolera ha contaminado ríos que abastecen a más de 250.000 personas. Estudios independientes estiman que, en provincias como Sucumbíos y Orellana, el 60 % de las fuentes de agua tienen trazas de hidrocarburos.
La minería también deja su huella: la deforestación asociada a proyectos legales e ilegales supera las 30.000 hectáreas anuales, lo que equivale a la desaparición de más de 40.000 canchas de fútbol cada año.
Cifras duras
- Muertos en protestas desde 2019 → 45
- Heridos en protestas → 2500
- Fuentes de agua con hidrocarburos (Amazonía) → 60%
- Deforestación por minería → 30.000 hectáreas/año
- Pobreza hogares indígenas amazónicos → 70%
- Ingreso promedio indígena → 90 USD/mes/persona
La pobreza se agrava en paralelo. En 2024, el 70% de los hogares indígenas amazónicos vivía bajo la línea de pobreza, con ingresos menores a 90 USD mensuales por persona. La migración interna crece: miles de familias indígenas dejan sus comunidades para instalarse en barrios periféricos de Quito, Guayaquil o Cuenca, donde enfrentan desempleo, discriminación y violencia urbana.
Proyección futura entre resistencia y extractivismo
El camino de Ecuador está marcado por una encrucijada. Si la represión y el modelo extractivo se profundizan, para 2030 más del 20% del territorio amazónico podría estar concesionado a minería o petróleo, con impactos irreversibles en biodiversidad y en los pueblos originarios. El Banco Mundial estima que la expansión minera en el país podría generar ingresos superiores a 15.000 millones USD en la próxima década, pero con costos sociales y ambientales incalculables.
Los pueblos originarios advierten que la continuidad de este modelo provocará un incremento de los conflictos sociales. Estudios de la CEPAL y la ONU señalan que, de mantenerse las tendencias actuales, la pobreza indígena en Ecuador podría superar el 75 % en 2035, frente a un promedio nacional de 30%, profundizando la brecha histórica. La migración interna e internacional se intensificaría, con más de 200.000 personas desplazadas por pérdida de tierras, contaminación o violencia estatal.
Cifras duras
- Territorio amazónico concesionado al 2030 → 20%
- Ingresos potenciales minería/petróleo 2025–2035 → 15.000 millones USD
- Pobreza indígena proyectada 2035 → 75%
- Población desplazada por extractivismo 2035 → 200.000 personas
- Potencial renovables Ecuador 2040 → 25 GW (200% de la demanda eléctrica)
- Empleos verdes posibles al 2040 → 300.000
La otra ruta posible es la del reconocimiento pleno de derechos colectivos y de una transición energética justa. Ecuador tiene un potencial de energías renovables estimado en más de 25 GW de capacidad solar, eólica e hidroeléctrica que podría cubrir el 200% de su demanda eléctrica al 2040. Una política que combine esa riqueza con respeto a la autodeterminación indígena podría generar hasta 300.000 empleos verdes y transformar la matriz productiva.
La historia de Ecuador es también la historia de su dignidad colectiva.
Cada intento de silenciar a los pueblos originarios ha terminado alimentando nuevas resistencias. Cada estado de excepción, cada concesión minera, cada decreto impuesto sin consulta es una herida que se convierte en memoria y que más temprano que tarde vuelve como protesta masiva. El gobierno de Daniel Noboa se equivoca si cree que puede doblegar a los pueblos con represión militar o con discursos importados desde Washington. La represión puede apagar fuegos momentáneos, pero no sofoca la raíz de la dignidad.
El futuro no se escribe en los despachos de Quito ni en las oficinas de Houston o Bruselas. Se escribe en las comunidades de Pastaza, en los territorios shuar y kichwa, en las asambleas de las mujeres amazónicas que defienden el agua. El poder podrá concesionar más de 300 bloques mineros y petroleros, podrá desplegar 10.000 soldados en territorios ancestrales, pero nunca podrá borrar siglos de resistencia. Lo que está en juego no es sólo el destino de un país, sino la posibilidad de que el siglo XXI sea recordado por el sometimiento o por la emancipación de sus pueblos originarios.
“Los indios han esperado cinco siglos. Pueden esperar otros cinco. Lo que no pueden es olvidar”, escribió Jorge Icaza. Esa frase resuena hoy con la misma fuerza en cada protesta, en cada barricada, en cada marcha de Quito a la Amazonía. Ecuador está en un cruce de caminos. Uno lleva a más extractivismo, más represión y más desigualdad. El otro a un pacto de justicia y respeto.
La decisión aún está abierta, pero la dignidad ya está en marcha….
Bibliografía
- Naciones Unidas, Informe sobre Derechos Humanos en Ecuador, 2024.
- Human Rights Watch, Criminalización de la protesta indígena en América Latina, 2023.
- Defensoría del Pueblo de Ecuador, Informe sobre octubre 2019 y junio 2022, Quito.
- INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2022.
- Banco Mundial, Indigenous Peoples and Development in Latin America, 2021.
- CEPAL, Pueblos indígenas y desigualdad estructural en América Latina, Santiago de Chile, 2023.
Tabla resumen
- Pueblos originarios en Ecuador | 1,1 millones (7% de la población)
- Hogares en pobreza multidimensional indígena | 60%
- Tierras ancestrales reconocidas | 12% de lo reclamado
- Procesos judiciales contra dirigentes | +200 (2019–2024)
- Muertos en protestas 2019 | 11
- Heridos en protestas 2019 | 1300+
- Bloques mineros y petroleros concesionados | +300
- Militares desplegados en 2024 (Noboa) | 10.000 efectivos
- Aumento gasto en seguridad 2024 | +40% (≈ USD 1.200 millones)
- Recorte a programas indígenas 2024 | –15% (≈ USD 150 millones)
Mauricio Herrera Kahn
Nota original en: PRESSENZA.COM
