El proyecto del corredor fluvial toma vitalidad como instrumento para la profundización del agronegocio. Como contracara, los impactos de la infraestructura extractivista calan hondo en los humedales y poblaciones costeras del Gran Rosario. El caso Cargill.
Corre el mes de abril y el sol del otoño curte las pieles a orillas del Paraná. La interminable fila de camiones que obstruyen el tránsito de las localidades portuarias indica el auge de la temporada de cosecha. A pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, miles de toneladas de grano ingresan –en trenes, camiones y barcazas– al complejo agroindustrial Cargill Villa Gobernador Gálvez-Punta Alvear.
Gran Rosario: el polo sojero más importante del mundo
El Área Metropolitana de Rosario aloja en sus localidades ribereñas al principal enclave portuario del corredor fluvial hidrovía Paraguay Paraná, por donde circula más del 75 por ciento de las exportaciones argentinas. A lo largo de 70 kilómetros de costa, desde Timbúes (norte) a Villa Constitución (sur), se emplazan más de 30 terminales portuarias privadas, 20 plantas de procesamiento de oleaginosas, industrias químicas y petroquímicas, areneras, destilerías, astilleros, entre otras infraestructuras vinculadas a la producción y comercialización de commodities del complejo agroindustrial, mineral y energético.
Este nodo se comunica a partir de una extensa red férrea y vial con las principales áreas de producción de cereales y oleaginosas de Argentina y la Cuenca del Plata, y permite la comunicación de los puertos con el Océano Atlántico. El sector de mayor relevancia económica se articula en torno a la industrialización y exportación de granos y productos derivados. El Gran Rosario concentra cerca del 80 por ciento de la capacidad instalada de la industria aceitera argentina; constituye el segundo nodo agroexportador y el primer complejo sojero más importante del mundo.
Sin embargo, más acá de la “hidrovía” existe un río donde sobreviven otras prácticas y concepciones de habitar y producir el territorio. Éstas últimas son tensionadas por cuenta de la expansión territorial del polo portuario-oleaginoso, que ha monopolizado –a lo largo de los últimos 30 años– el uso del espacio geográfico. Tras el boom de los commodities, en los albores del nuevo milenio, ese proceso se intensificó con la rearticulación de la región a las grandes cadenas globales de valor. Los puertos crecieron en número e incorporaron nuevas funciones. El entramado portuario se extendió espacialmente hacia el norte y el sur del corredor metropolitano.
Al mirar hoy sobre las barrancas del Paraná se asiste a un paisaje de imágenes superpuestas. Las grandes infraestructuras extractivistas se superponen a otras territorialidades, construidas por infraestructuras de menor escala, como guarderías náuticas; areneras y cooperativas de pesca; áreas de reserva natural y espacios recreativos; sitios destinados a la agricultura familiar, barrios residenciales y comunidades pesqueras, entre otras. Este solapamiento genera las condiciones para la emergencia de conflictos ambientales.
Como parte de la gran cadena del modelo de agronegocio, la región ha sido convertida en un territorio en sacrificio en pos de la acumulación de los grupos económicos concentrados del sector agroexportador. La experiencia desencadenada luego de la llegada de la empresa Cargill a la ciudad de Villa Gobernador Gálvez (en adelante VGG) constituye una de las tantas expresiones locales que asume esa conflictividad.
Sacrificar el territorio: la omnipresencia del polvo
En el límite de VGG, antes de ingresar a la ciudad de Alvear, se divisa un letrero que indica el acceso a la planta. Desde el arribo de la firma a la región, todos los caminos conducen a Cargill. En la memoria de quienes han crecido en ese espacio sobrevive la imagen de un camino de tierra rodeado de eucaliptos, frutales y espinillos que desembocaba en la costa del río. No obstante, el cuadro actual dista mucho de aquella fotografía. Ahora el paisaje es monopolizado por largas hileras de pino que rodean el perímetro del complejo.
En 2004, Cargill comenzó la construcción de una planta de procesamiento de oleaginosas y un puerto de embarque en VGG y adquirió la propiedad del viejo puerto Punta Alvear. La fábrica posee una capacidad teórica instalada de 13.000 toneladas diarias de crushing. Es la planta aceitera más importante del corredor sur y la mayor en el procesamiento de oleaginosas de la corporación a nivel mundial. Puertas adentro, el trabajo no cesa. Se trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, 362 días al año. Lo mismo ocurre con los embarques, tanto en el puerto de VGG como en Punta Alvear.
La presencia de Cargill hegemoniza el uso del espacio. Sin embargo, en las proximidades de la planta sobreviven tres antiguas urbanizaciones. En VGG, lindando con el cerco forestal de la empresa, más de 40 familias habitan en el barrio Ibaiondo. Hacia el sur y el oeste de las instalaciones, otras 120 familias integran el barrio Santa Inés. Finalmente, en el último segmento de costa libre de la ciudad de Alvear, cerca de 80 familias se ubican en el Bajo Paraná.
La volatilidad de los residuos que produce el procesamiento y embarque de los derivados de soja está presente en las distintas etapas del circuito productivo. Al aproximarse a la zona es posible percibir en el aire un polvillo de gran volatilidad. Por momentos, cuando la actividad del puerto se intensifica “pareciera que lloviera”, señalan Juan, presidente de la vecinal de Ibaiondo. Pero no es simplemente polvo. Se trata de una película oleosa que se adhiere a las superficies y corroe todo a su paso. Tal como indican los vecinos y vecinas, en el espacio que rodea al puerto “La naturaleza se está muriendo… los árboles se están secando, las plantas, en vez de hojas verdes tienen hojas grises”. La fotografía del espacio es la de un verdadero retrato en sepia.
Las afecciones en la salud comenzaron a sentirse a partir de la puesta en funcionamiento de la planta y el puerto. Poco más de un año después de que el primer barco amarrara en el puerto de VGG, vecinos y vecinas del barrio Ibaiondo denunciaron ante el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia la aparición de “polvillo y partículas amarillentas, en una cantidad suficiente como para tapar el color de un vehículo en 5 horas”, además de un ruido que invadía el barrio durante los días de humedad, comparable “al ruido de una turbina”. Dos décadas después del inicio del conflicto la dimensión del impacto rebasa los límites de lo esperable.
Si bien el funcionamiento cotidiano del complejo aceitero genera problemas diversos en cada uno de los barrios, “el polvillo” invade la totalidad del territorio. Allí se materializa la noción de contaminación y la experiencia tóxica que tiñe la vida cotidiana. La toxicidad del polvo tiene su origen en los agrotóxicos con que el grano llega a la etapa de producción. Tanto los utilizados como parte del paquete tecnológico para el monocultivo de soja, como aquellos que son adicionados en su etapa de almacenamiento y transporte a fin de evitar su descomposición.
La población afectada no sabe con certeza cuál es el proceso que origina el polvillo. Algunos piensan que proviene del interior de la planta. Quienes viven más cerca de las playas de estacionamiento, afirman que el grano se dispersa desde los camiones. Sin embargo, mayoritariamente, se cree que el principal factor está en el proceso de carga y descarga de las embarcaciones. Esta situación se hace más evidente en los barrios Ibaiondo y Bajo Paraná dada su cercanía a los puertos. En el caso de Alvear, la situación se agrava por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el Bajo Paraná y su ubicación en área de influencia de ambas terminales portuarias. “El polvillo es impresionante. Cuando hay viento, hay que sacar la ropa, ¡cerrar las ventanas! Acá adentro te queda todo blanco. Te tapa todo el polvillo”, alertan quienes viven en el Bajo.
En la plaza del barrio y en las asambleas de vecinos, se intercambian opiniones sobre el tema. Entre las afecciones son comunes las reacciones en la piel y problemas respiratorios. Incluso, algunas personas atribuyen a esta situación el origen de enfermedades crónicas y oncológicas.
“Normalmente las erupciones son como que te agarra picazón, en verano, que uno anda más al descubierto, con el tiempo empezamos con problemas respiratorios”, comenta Cristina, del barrio Santa Inés. “Hay mucha gente brotada”, que le han salido manchas en la piel y los médicos le dijeron que es por la empresa. El problema se agudiza en el caso de las infancias. Recogiendo las distintas valoraciones, Juan, referente de Ibaiondo, sentencia: “El polvillo nos va a hacer mal. Nos vamos a morir por eso”.
Como aliciente a la contaminación del aire, el ambiente se contamina con los residuos químicos que la empresa desecha a través del canal pluvial que la separa del barrio Ibaiondo. El aroma nauseabundo invade el espacio, con mayor asiduidad en días de lluvia. Esto no sólo afecta a las familias que residen frente al canal, sino que se extiende a toda la población costera, ya que el líquido oleoso desemboca en el río Paraná. Enlazados en la cadena productiva del agronegocio, los barrios ubicados a la vera del Paraná emergen como el último eslabón de los “pueblos fumigados”.
Como contraparte, la omnipresencia del polo oleaginoso en la región condiciona y obstruye el desarrollo de otras actividades productivas de pequeña y mediana escala. Actividades tradicionales del entorno fluvial como la pesca artesanal y la agricultura familiar han sido tendencialmente desplazadas por avance de las mega infraestructuras. Los agrotóxicos inhiben los cultivos y la cría de animales. Asimismo, la profundización del dragado del canal y zonas de ingreso al puerto obstruyen la territorialidad construida por las comunidades pesqueras. Las afecciones en la salud se complementan con un proceso de desposesión de los medios de subsistencia.
“Lo de nosotros no es sólo el polvillo. Lo de nosotros es trabajo, el tema del río que nos rompe las redes, muchas cosas, salud, no te dejan criar los animales, te están achicando todo. No podés estar. No te dejan progresar en la vida, ese es el problema”, señala Miguel, pescador por más de 40 años en la región.
Atrás queda la vieja imagen de la ciudad portuaria, donde el puerto oficiaba como articulador socioeconómico y núcleo identitario de la población. Hoy las terminales del extractivismo constituyen verdaderos enclaves. Lejos de aglomerar, excluyen. Las formas de apropiación y uso del territorio que escapan al modelo hegemónico son tendencialmente desplazadas. Con el río Paraná como testigo, en la producción del territorio costero impera una racionalidad económica desde la cual se define quién vive y quién muere en esas geografías. En este contexto, el llamado a una nueva licitación para la concesión privada del proyecto hidrovía –nuevamente en auge– expresa la profundización de este modelo.
Reprivatización del río Paraná
El 3 de noviembre de 2025 el gobierno nacional de Javier Milei, mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), convocó a una Audiencia Pública para evaluar el informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal. Por parte del oficialismo se afirmó que no existieron “impactos ambientales negativos” como consecuencia de las actividades de dragado y balizamiento desarrolladas por más de 25 años por la empresa Hidrovía S.A: consorcio conformado por la firma argentina EMPEPA y la belga Jan de Nul. En otras palabras, el objetivo de la Audiencia fue validar la continuidad del proyecto hidrovía Paraguay Paraná y legitimar la apertura de una nueva licitación.
Desde la vereda de enfrente, organizaciones sociales, ambientales y comunidades ribereñas se alzaron contra un nuevo proceso de privatización de la Vía Navegable. Más de 240 voces manifestaron los impactos socioambientales del proyecto hidrovía a lo largo de la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná: la modificación del ciclo hidrológico; el deterioro de la fauna ictícola y del ecosistema de humedal; el taponamiento de ríos y arroyos por la resedimentación del material dragado; la contaminación producida por los puertos y agroindustrias; y el desplazamiento de actividades productivas, como la agricultura familiar y la pesca artesanal, entre otras.
Finalmente, el pasado 4 de diciembre, la ANPyN publicó los primeros pliegos del llamado a licitación nacional e internacional para la concesión de obra pública por peaje, para el dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal, desde Confluencia al Océano. El proyecto prevé un régimen de concesión por 25 años, a riesgo empresario y sin subsidio estatal a las empresas dragadoras. La medida gubernamental busca cerrar un ciclo de oportunidad e inestabilidad que se había abierto tras el fin de la concesión a la empresa Hidrovía el 30 de abril de 2021. En este nuevo contexto político encuentra asidero la demanda sostenida por los principales actores del sector agroexportador, quienes vienen bregando por la modernización y profundización del canal a 42 pies de profundidad.
El proyecto hidrovía es revitalizado como instrumento de un modelo de acumulación, articulado principalmente en torno a la producción de oleaginosas. La modernización de la infraestructura de transporte acontece a la par de la expansión de la frontera agrícola. El monocultivo de soja genéticamente modificada hoy monopoliza el uso de la tierra en áreas productivas que exceden ampliamente el núcleo de la zona pampeana. A la par, se amplían las infraestructuras portuarias y del complejo agroindustrial. No es casual que el primer proyecto aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) en la provincia de Santa Fe se vincule a la construcción de una terminal portuaria multipropósito en la localidad de Timbúes.
A tres décadas de la privatización de la hidrovía en Argentina, el debate en torno al futuro de nuestras vías navegables toma un nuevo carácter. La inmediata profundización del dragado y la entrega del Paraná –nuevamente a manos extranjeras– nos alerta sobre las implicancias futuras del proyecto, en materia ambiental y de soberanía política, ante la falta de una Evaluación Ambiental Integral a nivel de la Cuenca. La reprivatización es garantía de mejores condiciones para la circulación de la riqueza (de unos pocos) que sigue saliendo por los puertos. Mientras tanto, del otro lado de la costa, se sigue respirando el polvo de un festín ajeno.
*Licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario.
Publicado en el semanario El Eslabón del 4/4/26
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Barrios en sepia a orillas del Paraná se publicó primero en Redacción Rosario.