¿Por qué el Presidente nombró como procurador del Tesoro a alguien que fue contratado por Burford Capital, el fondo de inversiones que quiere arrebatar las acciones de la petrolera? ¿Por qué despidió a su antecesor en el cargo?.
¿Cómo fue que se llegó al juicio por la expropiación de YPF? Es preciso un repaso de la cronología de un acto de soberanía que es puesto en duda por intereses financieros, en complicidad con los cipayos de siempre.
Breve historia de una expropiación
En 2012, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de recuperar la mayoría de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), fundada por Enrique Mosconi como empresa estatal en 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen.
Argentina, entonces, expropió las acciones mediante una ley del Congreso, y llevó adelante ese proceso sobre las tenencias de la empresa española Repsol, pero ignoró deliberadamente las acciones que tenía el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, debido a que el ingreso a la compañía estaba sospechada de irregularidades.
El 19 de abril de 2012, el Senado avaló la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF con 63 votos, frente a 3 legisladores que se opusieron. El 3 de mayo, menos de un mes después, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto oficial con 208 votos afirmativos, declarando de “utilidad pública” el paquete accionario mayoritario de YPF y ordenó al Estado expropiar la participación de Repsol. Esto es determinante: el Ejecutivo actuó en función de una orden del Congreso de la Nación, no en términos de caprichos personales o en forma unilateral.
En aquella oportunidad, la aprobación fue votada, y celebrada, además del bloque peronista, con el acompañamiento de diputadas y diputados de la UCR, Proyecto Sur, el socialismo, y bloques provinciales.
Es interesante repasar algunos de los nombres de quienes, como diputados o senadores, por fuera del kirchnerismo puro, votaron a favor de la recuperación de YPF: radicales como Ricardo Gil Lavedra, Ernesto Sanz, Luis Naidenoff y Mario Negri; los futuros macristas Gerardo Milman y Ricardo Buryaile; Miguel Ángel Pichetto; el ya fallecido director cineasta Fernando Pino Solanas; Victoria Donda; el cordobés Luis Juez y el jujeño Gerardo Morales, y el ex piloto de Fórmula 1 Carlos Alberto Reutemann, entre otras y otros.
Vale la pena recordar, también, a quienes votaron en contra: Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Jorge Triaca, Elisa Carrió, Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Liliana Negre de Alonso. En tanto, hubo ausentes, como la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y la denunciadora serial Margarita Stolbizer.
La decisión soberana de recuperar un factor estratégico para la producción y el desarrollo nacionales, por tanto, tuvo un consenso que echa por tierra de manera lapidaria la intención del gobierno de Javier Milei de imponer una línea argumental que apunta a colocar al gobernador bonaerense Axel Kicillof como responsable de una mala decisión.
Ese discurso oficial, en boca del propio Presidente, conlleva la gravedad institucional de aportar a la estrategia del fondo buitre Burford Capital y el resto de los litigantes contra el Estado nacional, que reclaman el pago de un resarcimiento por considerarse perjudicados por la expropiación de YPF.
El juicio buitre
Cuando el Estado nacional expropió las acciones de la empresa española Repsol, ésta poseía el 57 por ciento de la empresa, porque le había vendido, en una operación no muy clara, el 25 por ciento al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietario también del Nuevo Banco de Santa Fe, el de Entre Ríos y el de Santa Cruz.
La operación de expropiación culminó en 2014. El consejo de accionistas de Repsol aceptó la oferta del gobierno de Cristina de indemnizar a la compañía con 5 mil millones de dólares por la expropiación. El Estado ignoró las acciones que tenía el Grupo Petersen, que consideró que la reestatización y la suspensión del reparto de dividendos generó el quebranto de dos de sus compañías.
El argumento del Grupo Petersen era que con la reestatización “se modificaron las condiciones con las que el grupo había entrado y devolvía los créditos”. En realidad se trata de una confesión de que los Eskenazi nunca pusieron un dólar, sino que pidieron créditos, que iban amortizando con los dividendos de YPF.
Al no poder hacer frente a esos créditos, algunas de las acciones de Petersen fueron a parar a los bancos acreedores. Por esos créditos impagos, las empresas se presentaron en quiebra en Madrid, entraron en concurso de acreedores, y el Juzgado Mercantil N° 3 de la capital española designó un síndico y subastó el derecho a litigar. Allí entró en escena el fondo buitre británico Burford Capital, que compró el derecho de litigio y en abril de 2015 presentó una demanda contra la Argentina ante los tribunales de Nueva York.
Trece años después, el 31 de marzo de 2023, la jueza del Distrito Sur de Manhattan Loretta Preska hizo lugar al reclamo de los demandantes y determinó que la Argentina “incumplió el contrato” de YPF al reestatizar la compañía sin ofrecer una compensación a todos los accionistas, aunque excluyó de responsabilidad a YPF.
En septiembre de ese año Preska falló que la Argentina tenía la obligación de pagar 16 mil millones de dólares. Esta semana, dos años más tarde, el lunes 30 de junio de 2025, la magistrada “ordenó” que el Estado argentino entregue el 51 por ciento de YPF a Burford Capital y otros fondos litigantes, como forma de pago de la sentencia.
Luego de conocida esa decisión, Milei tuvo una reacción que pone en riesgo la estrategia del Estado argentino en ese litigio: “Haber llegado a esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de Cristina Kirchner”, aseguró el mandatario respecto del fallo con su proverbial estilo cloacal.
Advertido seguramente por los abogados de la Procuración del Tesoro, un día más tarde, el 1º de julio, el Gobierno presentó un escrito ante el juzgado de Preska solicitando que se suspenda la ejecución de la sentencia que obliga al país a entregar las acciones de YPF. Pero el mal ya estaba hecho.
Defensa del interés nacional o entrega
La Procuración del Tesoro de la Nación es el organismo con que el Poder Ejecutivo Nacional cuenta para que lleve adelante funciones clave en defensa de los intereses argentinos. Entre los objetivos esenciales debe asesorar jurídicamente al Ejecutivo, representar y defender al Estado en los litigios en su contra, y conducir el Cuerpo de Abogados del Estado.
Asimismo, tiene la responsabilidad de instruir las investigaciones y sumarios administrativos, el registro y auditoría de juicios en los que el Estado es parte, y la capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado.
Por todo lo descrito, la Procuración del Tesoro, como defensor de los intereses del Estado, es el organismo oficial que lleva adelante la apelación al fallo de la jueza.
El presidente Javier Milei, en enero de este año, nombró como titular de ese organismo a un abogado que había sido contratado por Burford Capital, el fondo buitre que compró el juicio contra el Estado argentino por la recuperación de la empresa YPF.
El titular de la Procuración del Tesoro nombrado por el presidente Javier Milei a fines de enero de este año es el abogado especialista en derecho administrativo Santiago Castro Videla.
Un mes más tarde –en febrero de 2025– el flamante funcionario se excusó de intervenir en la causa que se tramita en el tribunal del segundo distrito de Manhattan. La razón de Castro Videla para apartarse del caso es que estuvo involucrado con una de las partes, nada menos que el litigante.
El funcionario mileísta fue socio de Bianchi, Galarce & Castro Videla, un estudio jurídico que se especializa en temas vinculados con las empresas que mantienen litigios con el Estado, legislación tributaria y asuntos de derecho administrativo.
Como integrante de ese bufete, Castro Videla fue convocado por Burford Capital como testigo experto para que declarara a favor de su postura en el litigio que ese fondo buitre mantiene contra la Argentina por la estatización de la petrolera.
Milei no sólo sabía de esa relación contractual. La designación de Castro Videla se produjo como consecuencia del despido del anterior procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia durante los tiempos de Carlos Menem y uno de los garantes de la mayoría automática que le otorgaba blindaje absoluto a las decisiones de aquella administración.
¿Qué sucedió? La eyección de Barra también estuvo vinculada con el litigio por la renacionalización de YPF, pero por razones muy diferentes. Según diversas fuentes, el ex cortesano menemista planteó su determinación de continuar con la estrategia de Carlos Chino Zannini, el procurador del Tesoro entre 2019 y 2023.
Esa estrategia consistía en sostener ante el juzgado de Preska un argumento básico a la hora de defender los intereses nacionales: la expropiación es una decisión soberana y contemplada en la legislación argentina. Como tal, las consecuencias o conflictos devengados de ese acto deberían ser dirimidos en la Justicia local.
Lo cierto es que luego del fallo de Preska de septiembre de 2023, el fondo buitre inglés no movió ninguna ficha en forma inmediata. Pero por alguna razón, en mayo de 2024, Burford Capital vio una ventana de oportunidad para la negociación con la administración libertaria y contrató al ex banquero argentino Gerardo Gerry Mato, considerado un “tiburón” de Wall Street, ex ejecutivo del HSBC.
Ese personaje, junto a otro ex HSBC, Gabriel Pájaro Martino, son hombres de confianza de Mauricio Macri, quien a su hora actuó como puente y se los acercó a Milei para que consigan recursos para su campaña presidencial.
Ese contacto se realizó en septiembre de 2023, pocos días antes del 22 de octubre de ese año, cuando en lo formal Macri apoyaba a su candidata Patricia Bullrich, aunque en los corrillos políticos era un secreto a voces que por debajo de la mesa jugaba parte de sus fichas en favor del libertario.
El portal de noticias La Política Online (LPO) fue el primer medio que sacó a la luz esa relación. El 2 de septiembre de 2023, el periodista Diego Genoud, que en ese momento se desempeñaba en LPO, reveló un dato que hoy adquiere relevancia: “Milei enviará en los próximos días una avanzada a Nueva York para tantear el clima en Wall Street. El ex HSBC Gerardo Gerry Mato pondrá su mansión de Greenwich, Connecticut, a 40 minutos de Manhattan, para darle la bienvenida a un equipo de segunda línea que busca recibir apoyo y donaciones”.
Conclusión, Milei ya conocía a Gerry Mato, el “tiburón” contratado por el fondo buitre que ahora sobrevuela el 51 por ciento de las acciones YPF.
¿Qué relación tiene Milei con los fondos buitre que van por YPF?
Durante toda su campaña, pero especialmente desde el balotaje de aquel domingo 19 de noviembre de 2023 en que fue electo presidente, y hasta el 8 de enero de 2024, en que finalmente se mudó a la Quinta de Olivos, Milei estuvo recluido en el Hotel Libertador, propiedad de Eduardo Elsztain, el capo de IRSA, razón por la cual hasta la fecha se desconocen los nombres de todos los visitantes con los que el anarco capitalista se reunió. Elsztain se encargó de que no existan registros oficiales que comprueben desde qué día Milei estuvo alojado en su hotel ni con quiénes se entrevistó.
Pero una cosa es cierta, la reacción de Milei ante la “orden” de Preska de entregar el paquete accionario de YPF que pertenece a la Nación argentina no fue espontánea o producto de la tirria política contra Kicillof y CFK. Hay antecedentes de su posición, no sólo frente a la recuperación de YPF sino en torno del juicio que tramita en Nueva York.
En la entrevista que el operador mediático Luis Majul mantuvo con Milei apenas dos semanas después de que éste último asumiera la Presidencia en diciembre de 2023, el flamante mandatario se despachó respecto de la demanda del fondo buitre Burford Capital, manifestando que existía, de parte de la administración libertaria, lo que se conoce como “willing to pay”, esto es la voluntad de pago.
“Que Mato está colaborando con Milei es verdad y de hecho le anticipó a Gabriel (el Pájaro Martino) que iba a dar ese paso”, fue lo que aseguró un amigo del banquero macrista ante una consulta periodística.
Un mes después de que Gerry Mato fuera contratado por Burford Capital, el ministro Luis Toto Caputo, en una operación secreta, envió a Londres parte de las reservas de oro que cobija el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si no fuera por la denuncia del gremio La Bancaria, que detectó dos envíos –el 7 y el 28 de junio– contratados a la transportadora Loomis y a la aerolínea British Airways, nadie hubiera conocido ese movimiento.
¿Por qué el gobierno envió el oro a Londres, sabiendo que en la Corte inglesa existía un pedido de embargo contra la Argentina llevado adelante por los fondos buitre Burford Capital y Eton, que financiaron una presentación en la Corte Comercial de la capital inglesa para que reconozca la sentencia de la jueza Preska?
Según diversas fuentes, en la víspera al despido de Barra como procurador, la defensa argentina mostró un giro de 180 grados en la estrategia llevada hasta ese momento, al acceder a brindar la información solicitada por Preska sobre el oro enviado a Londres.
Para el ex vicepresidente del BCRA, Jorge Carrera, “llevar las reservas de oro de Argentina a otra jurisdicción como el Reino Unido o Estados Unidos requiere que quien tomó la decisión esté bien seguro que no hay riesgo de embargo. Porque hay algunos juicios abiertos en esa jurisdicción y otras jurisdicciones”.
El ex funcionario fue más allá y sentenció: “Imagino que habrá un sólido informe jurídico que recomienda enviar las reservas y que se evaluaron los beneficios menos los costos efectivos (de transporte entre otros) y potenciales (probabilidad de embargo)”. Ni Caputo ni Milei han brindado información respecto de haber tomado o no estas precauciones. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días si los fondos buitre mueven esa palanca.
Cuando Barra fue reemplazado por Castro Videla, LPO consultó a una fuente que conoce de cerca las negociaciones entre el fondo buitre y la administración libertaria. La respuesta es preocupante: “Milei quiere pagar y Burford lo sabe. Las negociaciones marchan por un carril paralelo y lo de Preska no es más que un nuevo procedimiento, donde sigue sin haber nada en concreto. La pregunta es en qué orden de prioridades va a poner Milei acordar un plan de pagos con Burford, y cuánto esfuerzo insumirá para la economía argentina. Lo preocupante es que de ambos lados, hay mucho entusiasmo”.
Este escenario parece darle la razón a Kicillof cuando advirtió: “Se sabe que Milei, como pasó con el caso Libra, tiene vínculos con representantes del fondo Burford. Todo es muy sospechoso a la vista de lo que estamos viviendo hoy… y lo vamos a investigar”.
El gobernador Kicillof también recordó los permanentes viajes al extranjero de Milei, y remarcó: “Yo responsabilizo a Milei por cualquier decisión que tome y que ponga en riesgo a YPF y la soberanía energética”. Todo lo expuesto hasta la fecha preanuncia que ese riesgo está en curso.
Fuente: Redacción Rosario
