Por Redacción Perú. Pressenza.com
La Red Muqui informó que el pasado 8 de abril, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 32293, que modifica la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de las Comunidades Campesinas (Ley Nº 24657). Esta nueva norma declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y titulación del territorio comunal, con el objetivo de incorporar al proceso de formalización a personas que poseen predios informales entre 2004 y 2015 con multas de vivienda dentro de las tierras comunales.
Lejos de representar un avance, esta ley constituye una grave amenaza para los derechos colectivos de las comunidades campesinas reconocidas en el país. En la práctica, permite la formalización de ocupaciones informales sobre propiedad comunal, abriendo las puertas al tráfico de tierras y afectando directamente el sustento territorial y cultural de más de seis mil comunidades campesinas legalmente reconocidas en el Perú y otras que durante décadas siguen a la espera de concluir el reconocimiento de su propiedad.
Uno de los aspectos más críticos es que se habilita a terceros a adquirir derechos sobre tierras comunales, lo que representa una flagrante vulneración del artículo 89 de la Constitución Política del Perú y los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, que establece la imprescriptibilidad de la propiedad comunal y su protección integral.
Asimismo, la ley introduce una distinción arbitraria entre comunidades con condición de pueblos indígenas u originarios y aquellas que no figuran en registros oficiales, excluyendo a un gran número de comunidades de las protecciones reconocidas por el derecho nacional e internacional. Esta exclusión refuerza patrones históricos de invisibilización, marginación y desprotección, debilitando aún más su autonomía y capacidad de defensa territorial.
En consecuencia, la Ley 32293 debilita la seguridad jurídica de los territorios comunales y expone a las comunidades a un mayor riesgo de despojo, sin salvaguardas legales ni respeto por su historia, cultura o derechos colectivos. Se trata, en definitiva, de una medida inconstitucional promovida por el Congreso, que facilita el avance de intereses privados sobre los territorios comunales, sin considerar el consentimiento ni la participación de sus legítimos propietarios.
Minería ilegal y crimen organizado: el caso de Pataz
La aprobación de esta ley ocurre en un contexto alarmante de avance del extractivismo y de economías ilegales como el tráfico de tierras y la minería ilegal, sin regulación ni sanción efectiva por parte del Estado peruano.
El último fin de semana, se conoció el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores secuestrados y asesinados en Pataz, La Libertad, un nuevo episodio de violencia extrema protagonizado por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. Este hecho refleja no solo la expansión del crimen organizado, sino también el abandono del Estado, que ha perdido el control sobre territorios dominados por economías ilícitas.
En este escenario, la Ley 32293 podría agravar aún más la situación, al facilitar el ingreso y la legalización de ocupaciones ilegales sobre tierras comunales. Esto debilita la capacidad de las comunidades para proteger sus territorios, y aumenta el riesgo de conflictos, contaminación ambiental y nuevas vulneraciones de derechos colectivos. Lo ocurrido en La Libertad podría repetirse en otras regiones, si el Estado continúa promoviendo normas que desprotegen a las comunidades y benefician a intereses ilegales.
Redacción Perú
PRESSENZA – MedioAmbiente 2025
Nota original
