El gobierno de Santa Fe volvió a tensar su vínculo con la administración de Javier Milei al cuestionar la paralización de obras financiadas por Nación y, en paralelo, exhibir un plan de inversión en infraestructura vial con fondos propios. La doble señal, de crítica y diferenciación, se expresó en declaraciones oficiales y anuncios de gestión.
Por un lado, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, denunció la falta de pago de certificados de obra por parte del Gobierno nacional, lo que afecta la ampliación de la planta potabilizadora en la ciudad de Santa Fe y también la proyectada en Granadero Baigorria. Según precisó, la deuda corresponde a certificados de noviembre, diciembre, enero y febrero, por un monto cercano a los 800 millones de pesos.
“La Nación no paga los compromisos asumidos. En toda la provincia solo tiene dos obras en marcha: no construye viviendas ni repara rutas”, afirmó el funcionario, quien advirtió que la situación ya provocó la ralentización de los trabajos y la cesantía temporal de trabajadores.
Enrico remarcó que la falta de desembolsos vuelve “inviable” sostener las estructuras operativas de las empresas y cuestionó el impacto directo sobre el empleo. En contraste, sostuvo que en Santa Fe “las empresas cobran en tiempo y forma”, en una definición que buscó marcar diferencias con la política nacional en materia de obra pública.
En simultáneo, el gobernador Maximiliano Pullaro avanzó con el llamado a licitación para un plan de mantenimiento y reparación de más de 4.500 kilómetros de rutas provinciales, con una inversión que supera los 52.000 millones de pesos. El programa prevé 12 frentes de obra en simultáneo y ya recibió 30 ofertas en su primera etapa.
“El contraste con el abandono del Estado nacional es claro”, planteó el ministro Enrico durante la presentación, y agregó: “Queremos demostrar que con licitaciones públicas, abiertas y transparentes se pueden obtener buenos precios y ejecutar trabajos necesarios”.
El esquema apunta a intervenciones específicas, como bacheo y sellado de fisuras, para extender la vida útil del pavimento, con inicio de obras previsto en un plazo de entre 60 y 90 días si se cumplen los tiempos administrativos.
Las críticas al freno de la obra pública nacional y la decisión de mostrar capacidad de inversión propia reeditan un esquema ya conocido en la relación entre la Casa Gris y la Casa Rosada: momentos de mayor confrontación pública combinados con etapas de negociación política.
En ese marco, el endurecimiento del discurso en torno a la infraestructura aparece en un momento en que el gobierno santafesino busca posicionarse en debates de alcance nacional. Uno de ellos es el de la reforma electoral, donde el peso de los gobernadores vuelve a cobrar centralidad. ROSARIOPLUS