El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) expresó un fuerte rechazo al Decreto 253/72026 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la provincialización de rutas nacionales y habilita su financiamiento mediante peajes directos. Desde la entidad sostuvieron que la medida es “ilegal, inconstitucional e inoportuna”, al considerar que carece de una ley formal que la respalde.
Según el comunicado, la iniciativa vulnera el artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde al Congreso la potestad exclusiva de crear tributos. En ese sentido, Conaduv advirtió que el sistema de peajes propuesto implicaría una “carga económica obligatoria sin respaldo legal”, lo que lo convertiría en un impuesto encubierto.
La organización también cuestionó que no se haya previsto una transferencia presupuestaria junto con el traspaso de las rutas, lo que –afirman– representa una violación al federalismo al trasladar responsabilidades a las provincias sin los recursos correspondientes.
Además, señalaron que la medida podría tener consecuencias negativas en la seguridad vial, el mantenimiento de la infraestructura y la logística productiva, afectando tanto a usuarios directos como a las economías regionales. “Es inconcebible que el Estado Nacional abandone su obligación de garantizar la transitabilidad de la red vial”, indicaron.
En el plano legal, Conaduv remarcó que la jurisprudencia de la Corte Suprema admite el peaje únicamente como una tasa vinculada a una prestación efectiva y proporcional. Sin embargo, sostienen que en este caso no hay garantías de contraprestación, por lo que el cobro se transformaría en una forma de financiamiento general, incompatible con la Constitución.
El comunicado también advierte sobre una posible “doble imposición”, al superponerse el cobro de peajes con el Impuesto a los Combustibles, cuyos fondos no se destinan adecuadamente al mantenimiento vial.
Por último, la organización alertó que la implementación de este esquema podría restringir el derecho a circular libremente y afectar el derecho de propiedad. En ese marco, reclamaron la elaboración de un proyecto vial nacional integral, sin peajes, que garantice el uso eficiente de los recursos existentes y fortalezca el rol de la Dirección Nacional de Vialidad.
“Con peaje en la red vial y sin caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”, concluyeron. ROSARIOPLUS