Investigan el robo de ataúdes en los dos cementerios municipales
Tanto en La Piedad como en El Salvador fueron sustraídos cajones de madera con suma prolijidad. La Justicia y la Intendencia buscan dilucidar cómo esaparecen féretros. Tanto en La Piedad como en El Salvador fueron sustraídos cajones de madera con suma prolijidad. La Justicia y la Intendencia buscan dilucidar cómo esaparecen féretros.
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| Los profanadores se llevan la parte de madera de los cajones, dejando el armazón de zinc en el que se encuentran los cadáveres. |
El gobierno municipal busca dilucidar cómo se sustrajeron ataúdes en los cementerios La Piedad y El Salvador, y ya baraja algunas hipótesis: una involucra a cocherías de la ciudad y otra a empleados de las necrópolis. Los casos se produjeron a fines del año pasado y principios de este y también son investigados por la Justicia provincial.
Lo que llama la atención de los pesquisas es la «total prolijidad» con la cual los profanadores realizaron su trabajo. Es que en realidad se llevaron la parte de madera de los cajones, dejando en los panteones los armazones metálicos que contienen los cadáveres.
El último caso de profanación de panteones familiares denunciado en la Justicia ocurrió en Febrero pasado en El Salvador (Francia 1951). El robo fue detectado cuando Jorge García González fue con su esposa al cementerio para trasladar a su suegro, cuyos restos descansaban desde el 93 en el panteón (de diez tumbas) que tiene allí la familia García. En ese mismo panteón también se encontraba el cuerpo de su padre Narciso García, quien falleció en Junio de 2003.
Rina Amatos, esposa de Jorge García, contó ayer que fue a ver en qué condiciones estaba el cajón de su papá para trasladarlo al Parque de la Eternidad, en Baigorria, y descansara junto a su madre recientemente fallecida. «Cuando abrieron la tumba nos dimos cuenta de que faltaba el cajón de madera. Habían dejado la parte de zinc (donde se encuentra el cadáver) con la placa identificatoria que va en el cajón de madera, lo que significa que fue un trabajo artesanal», relató.
Cuando descubrieron que el cajón del padre de Amatos había sido robado, García ordenó abrir la tumba del suyo. Así fue como constataron que también había desaparecido la parte de madera de ese ataúd. «Nos dijeron que podían haberse desintegrado o estallado por la humedad o que alguien habría autorizado el cambio del cajón. Pero ninguno de la familia lo había ordenado», aseguró.
Es más, a la mujer le «sorprendió mucho» que el empleado que los acompañaba hasta el panteón «se atajara durante todo el trayecto diciendo que el cajón podía encontrarse en mal estado».
El camino judicial
Inmediatamente de lo ocurrido, García pidió que se hiciera la denuncia en la seccional competente, trámite que siguió su curso en la Justicia bajo la carátula de hurto o hurto calificado. Por tratarse de un imputado no identificado, la causa ingresó a la oficina de N.N. de los Tribunales provinciales y ayer fue derivada al juzgado Correccional Nº4, según informaron del área de N.N.
Antes de enviarla al juzgado «se solicitaron algunas medidas como que se amplíe la denuncia de la directora del cementerio El Salvador, Graciela Ramos, presentada el 18 de Febrero pasado y que detalle cuánta gente trabaja allí, las tareas de cada uno y que presente un plano del lugar para comprobar por dónde pueden haber sacado los cajones, entre otras medidas», dijeron desde esa oficina tribunalicia.
También se solicitó antecedentes de otros hechos similares sucedidos en ese cementerio, si es que los hubiera. Según adelantó ayer la directora de El Salvador, en lo que va del año «no se registró otro caso similar al detectado en Febrero». En cuanto a la seguridad contratada para vigilar las 11 hectáreas y media del cementerio, Ramos dijo que «tres policías de la provincia y dos agentes de seguridad privada se turnan entre el día y la noche», pero no supo especificar cuántos lo hacen en cada turno.
En La Piedad (Provincias Unidas 2652) sí confirmaron cuánta vigilancia se contrata para custodiar las 31 hectáreas de ese cementerio. «Trabajan dos policías de la Unidad Regional II por turno (son tres en el día) y un agente de seguridad privada que también rota cada ocho horas», indicaron desde La Piedad.
El último caso registrado en ese cementerio, cuyas primeras lápidas datan de 1850, se produjo en Noviembre de 2004. El panteón pertenecía (y lo sigue siendo) a la familia Salazar Guidobaldi, de donde robaron el cajón en el que estaba sepultado Nazareno Salazar, fallecido el 18 de Julio del año pasado.
Al visitar la tumba en Noviembre, los familiares de Salazar sintieron un olor «nauseabundo» -según contaron en ese momento-, por lo que decidieron abrir el nicho. Allí se encontraron con el cajón de zinc pero sin el de madera e inmediatamente radicaron la denuncia.
«Daño irreparable»
La hijastra de Salazar, María Inés Tocalli, sostuvo ayer que «el daño moral es irreparable porque mi mamá tuvo que sepultar a su esposo dos veces». Es que luego de lo sucedido, los familiares decidieron abrir el ataúd para comprobar si estaba el cuerpo en la caja de zinc. «No hubo ningún tipo de resarcimiento y el daño psicológico afectó a toda la familia», expresó la mujer. Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso.
De estos dos hechos más recientes se valió la Dirección de Investigaciones de la Municipalidad para iniciar una investigación en los dos cementerios que dependen de la Intendencia. Desde esa oficina dijeron ayer que prefieren mantener suma reserva sobre el caso porque las actuaciones están en curso. Lo cierto es que ya se abrieron tumbas (desde 2002 en adelante) en ambos cementerios y se están entrecruzando datos para definir responsabilidades.
Existen varias hipótesis en torno a esta investigación, pero son dos las que suenan más fuertes. Una apunta a algunas cocherías que se beneficiarían con la reventa de cajones. Y la otra a empleados de ambos cementerios, que venderían ataúdes a familiares de fallecidos por un precio bastante menor a los 800 o 900 pesos que cuesta un féretro. La investigación continúa.
Una historia plagada de irregularidades
El cementerio La Piedad (Provincias Unidas 2652) tiene una historia repleta de irregularidades, entre las que se destacan el robo de las cajas de madera de los ataúdes y hasta la sustracción de cadáveres. Pero el antecedente más truculento de esta necrópolis es sin dudas la comercialización de huesos humanos, revelado por La Capital en su edición del 21 de Mayo de 2000. La entonces jefa de despacho del cementerio, Analía Arce, denunció la existencia de una mafia dedicada al comercio ilegal de huesos. «No creman los cuerpos, como establecen las disposiciones internas, porque especulan con la venta. También les sacan los dientes a los cadáveres», había asegurado. Esa denuncia tuvo una fuerte repercusión no sólo en el cementerio, sino en todo el ámbito municipal, provincial y policial. De hecho, las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) allanaron la necrópolis en Junio de ese año con el fin de constatar anormalidades en ese lugar. A esta gravísima acusación le siguieron otras, como la desaparición de cuerpos de fallecidos.
Fuente: diario La Capital
