Este viernes se conocerán las ofertas para operar y mantener la Vía Navegable Troncal, el corredor fluvial por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.
El acto marcará el inicio formal de una nueva licitación para el dragado, balizamiento y cobro de peaje, luego de que el proceso anterior quedara trunco tras un dictamen crítico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La reapertura del concurso se da en un clima de fuertes cuestionamientos políticos y judiciales. Desde la oposición, el diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el Ejecutivo detalle los fundamentos técnicos y jurídicos del pliego aprobado mediante la Resolución 67/2025. Según planteó, la iniciativa prioriza “la lógica del mercado” por sobre el interés nacional y deja zonas grises en materia de control estatal y participación de las provincias ribereñas.
NUEVA DENUNCIA PENAL
En paralelo, el ex titular del Consorcio del Puerto La Plata, José María Lojo, promovió una nueva denuncia ante la PIA con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Joel Sverdlik. La presentación apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseigor, por presuntos delitos vinculados al ejercicio de la función pública.
El escrito que publicó este viernes El Destape sostiene que el diseño de la concesión podría encarecer los costos operativos y trasladarlos a productores y consumidores mediante el peaje, afectando la competitividad. También advierte sobre la falta de precisiones en los estudios de impacto ambiental y los planes de mitigación.
Las objeciones ambientales no son nuevas. En febrero de 2025, la PIA había señalado que el pliego anterior no incluía estudios actualizados de impacto ambiental. Posteriormente, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario también hizo referencia a esa carencia y a la ausencia de audiencias públicas.
CLÁUSULAS POLÉMICAS Y DISPUTA GEOPOLÍTICA
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo pliego es el artículo que impide participar a empresas controladas directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales. La cláusula, según diversas interpretaciones, dejaría fuera a firmas chinas como CCCC Shanghái Dredging y a oferentes con financiamiento estatal extranjero.
Además, se excluye a compañías incluidas en los listados de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Para los críticos, estas condiciones alinean el proceso con la estrategia geopolítica de Washington en materia de infraestructura estratégica y comercio internacional.
En ese marco, entidades vinculadas al complejo agroexportador –como la Bolsa de Comercio de Rosario y la cámara empresaria de aceiteras CIARA-CEC– siguieron de cerca la elaboración de los pliegos y respaldan un esquema que, según sostienen, aportará previsibilidad y eficiencia al sistema.
El debate de fondo excede lo técnico: involucra la administración de una vía clave para el comercio exterior, el equilibrio entre control estatal y concesión privada, el impacto ambiental sobre el río Paraná y el lugar de la Argentina en la disputa global por las rutas estratégicas. Con la apertura de sobres, comienza una etapa decisiva en una discusión que promete continuar en los tribunales y en el Congreso. ROSARIOPLUS