Evasión a lo grande

Marcelo Zlotogwiazda: Cargil, Nidera, Bunge, Molinos, todas mencionadas en una investigación por evasión a gran escala…

Las exportaciones de la Argentina al Uruguay en el 2009 fueron de 2.015 millones de dólares, de acuerdo con la información de Aduana. Pero en ese mismo período la facturación de empresas argentinas a firmas uruguayas ascendió a 8.842 millones de dólares, según el dato que la AFIP obtiene a partir de las declaraciones de IVA. Es decir que a Uruguay se le facturó más del cuádruple de la mercadería que efectivamente se le envió. Extraño.

No es el único caso. A Suiza se le exportó por 1.518 millones de dólares, y las facturas a ese destino totalizaron 4.328 millones de dólares. Y mientras los envíos físicos a Singapur fueron de apenas 43 millones, la facturación a compañías de ese país superó los 1.100 millones.

Lo raro tiene su explicación. Las enormes diferencias entre las cifras de exportación y las de facturación con un determinado país obedecen a que muchas de las operaciones de comercio exterior son facturadas a empresas intermediarias que la firma exportadora crea y radica en países que nada tienen que ver con el destino de la mercadería y que se caracterizan por ser paraísos fiscales o por no compartir información con fiscos extranjeros. Es así que, por ejemplo, mientras a Uruguay se le vendió por 2.015 millones, en la facturación aparecen cerca de 7.000 millones de dólares de exportaciones que, en realidad, se dirigieron a otros países sin siquiera pasar por Uruguay. Este mecanismo muy utilizado por las grandes compañías de comercio es conocido como triangulación, ya que el circuito se completa con la facturación de la empresa intermediaria a la real importadora. El objetivo básico de la maniobra es evadir impuestos, y la clave del dispositivo pasa por achicar la base imponible del impuesto a las Ganancias en la Argentina.

La fórmula más utilizada para lograrlo es la que, por ejemplo, practicó Bunge en 2008. Según denunció la AFIP, la multinacional de origen argentino facturó exportaciones de granos a un precio inferior al verdadero a una filial uruguaya con domicilio en una zona franca libre de impuestos. Cálculos oficiales señalan que de esa manera evadieron en la Argentina 400 millones de pesos en 2008, y estiman que la cifra supera los 1.000 millones para el trienio 2007-2009. La causa judicial está a cargo del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien el mes pasado realizó decenas de allanamientos en oficinas de Bunge y se llevó valiosa documentación para comprobar los hechos.

Otra manera de evadir Ganancias es como lo hizo la multinacional de origen estadounidense Cargill según una denuncia que investiga el juez Penal Económico Alejandro Catania. En este caso también hubo triangulación a través de Uruguay, pero la que subfacturó fue la filial uruguaya, con la particularidad de que las pérdidas que eso le generó figuran en el balance consolidado en la Argentina. Esta causa ya tiene como procesados al presidente del directorio, Héctor Marsili, y al gerente de la Unidad de Negocios en Uruguay, Javier Fernández Rockboer, que están acusados de defraudar al fisco por 56 millones de pesos durante el período 2000-2003, y a quienes se les trabó un embargo de 100 millones de pesos a cada uno.

No es casual que los dos ejemplos mencionados sean del mismo sector. Las investigaciones de la AFIP detectaron que los exportadores de cereales y aceites son los principales ejecutores de las maniobras de triangulación. Ellos son responsables del 51 por ciento de la facturación artificial a Uruguay en 2009, del 60 por ciento a Suiza y del 74 por ciento a Singapur.

La lupa de los sabuesos también está puesta sobre triangulaciones que la multinacional de capital holandés Nidera realizó con una intermediaria de Singapur en exportaciones con destino a China, Europa y Brasil; sobre operaciones de la compañía alemana Toepfer que se facturaron a la casa matriz en Alemania con mercadería que fue a parar a China, Europa y Brasil; sobre facturas que la argentina Vicentín hizo a su sucursal uruguaya de ventas a China y España, y sobre triangulaciones de la estadounidense ADM con su casa matriz por cereales embarcados a China, Arabia Saudita y Siria.

Las diferencias que se registran entre el precio de la factura a la intermediaria y el que efectivamente se paga oscilan en el 5 por ciento y como mucho puede llegar al 10 por ciento. Pero en esos márgenes aplicados a volúmenes gigantescos se juega el grueso de las ganancias del negocio de exportación de granos y aceites. Sobre una tonelada de soja que cotiza a más de 450 dólares, una subfacturación del 5 por ciento disminuye la ganancia en 22,5 dólares por tonelada, en un país que cosecha más de 50 millones de toneladas.

Otra investigación avanzada que puede llegar pronto a la Justicia tiene en la mira a Molinos Río de la Plata, la firma que hace más de diez años el grupo Pérez Companc le compró a Bunge & Born. Además de evidencias sobre triangulación vía Uruguay, se observó que Molinos constituyó una sociedad en Chile a la que se derivarían utilidades correspondientes a la Argentina. Estimaciones de la AFIP ubican el perjuicio fiscal en torno a los 150 millones de dólares.

Por otra parte, la AFIP les está reclamando a las principales cerealeras 827 millones de dólares que dedujeron de las declaraciones juradas de Ganancias en concepto de quebrantos relacionados a una causa judicial en trámite. El tema se remonta a fines de 2007 y tiene que ver con el aumento de las retenciones a la soja del 27,5 al 35 por ciento que el entonces presidente Néstor Kirchner anunció el 9 de noviembre de ese año, días después de las elecciones que consagraron a su mujer como sucesora. Ocurrió que, no casualmente, en las semanas previas a esa medida, los exportadores presentaron una avalancha de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por un total de alrededor de 25 millones de toneladas, equivalente a más de la mitad de la cosecha. El objetivo de esas presentaciones era adelantarse al aumento de las retenciones que la mayoría veía inminente. El Gobierno averiguó que el 85 por ciento de la mercadería declarada no había sido comprada por los exportadores al momento de presentar la DJVE. De todas maneras se trataba de una avivada legal, ya que las normas vigentes daban un año de plazo para concretar la exportación presentada en un DJVE y no obligaban a contar con la mercadería al momento de la declaración.

El marco jurídico fue luego modificado por la ley Martínez Raymonda, en referencia al diputado demoprogresista que la impulsó. La norma obliga a acreditar la tenencia al momento de presentar la DJVE, y se votó con carácter retroactivo. Desde entonces, la AFIP reclama los 827 millones de dólares que surgen de la aplicación de la nueva ley, y las empresas rechazan la demanda argumentando la improcedencia de la retroactividad.

El planteo de las empresas es razonable. Lo curioso es que al mismo tiempo que no aceptan el pago ante la Justicia, lo deducen como quebranto del impuesto a las Ganancias. Como querer estar en la misa y en la procesión.