La madrugada del 23 marzo de 2018, alrededor de las 4, siete jóvenes –seis varones y una chica– se encontraban sentados en un banco de la conocida “4 Plazas”, en la zona oeste de Rosario, simplemente conversando y disfrutando de la noche como amigos. Dos de ellos se dirigieron a un kiosco cercano en moto, cuando notaron que un patrullero los seguía con las luces apagadas, acelerando sin dar la voz de alto. Lo que empezó como un simple control se convirtió en una pesadilla que marcaría sus vidas.
Estos hechos salieron a la luz en las dos primeras jornadas del juicio que empezó esta semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, contra 21 policías de la Unidad Regional II, acusados por la fiscal de Violencia Institucional, Karina Bartocci, y la querella de la APDH, ante el tribunal integrado por Florentino Malaponte, Gonzalo López Quintana y Fernando Sosa.
Al regresar a la plaza, otro de los jóvenes siguió en moto y fue interceptado violentamente por dos policías: lo tiraron al piso, le quitaron sus cosas y lo golpearon con sus botas. Aunque la documentación de la moto estaba en regla, lo subieron a un patrullero y lo llevaron de vuelta a la plaza. Allí, cuando la única mujer del grupo bajó del vehículo, otros dos oficiales llegaron empuñando armas y, sin ningún motivo, comenzaron a insultar, golpear y arrastrar a los jóvenes hacia el móvil policial.
El nivel de violencia fue extremo. Uno de los jóvenes intentó correr para protegerse y recibió un disparo en la pantorrilla con una escopeta de control de disturbios. Otros fueron golpeados con las manos y con culatas, amenazados con armas y obligados a permanecer boca abajo en el piso mientras llegaban más patrulleros. Algunos incluso fueron casi atropellados por los vehículos policiales. La joven fue tomada del cabello, insultada y obligada a mantenerse horas de pie con el rostro contra la pared, mientras los oficiales le ajustaban las esposas hasta dejar marcas visibles en sus muñecas.
El traslado a la comisaría 14ª, en la cortada Marcos Paz, fue otra pesadilla. Los jóvenes fueron esposados entre sí, obligados a mantenerse de pie durante horas, recibieron amenazas de muerte y escucharon burlas mientras algunos policías les tomaban fotos con sus celulares. A uno le golpearon el rostro, a otro lo humillaron tocándole partes del cuerpo, a uno más le cortaron el pelo en forma de rastas, y varios sufrieron golpes en la cara y el cuerpo que dejaron contusiones visibles. Al final, varios de ellos notaron que les habían robado dinero y dañado tarjetas de crédito.
Los y las policías imputadas son: Erica Denis, Mariano Saavedra, Walter Duarte, Alexis Cali, Ileana Romero, Gastón Farley, Ariel Godoy, Angela García, Roberto Salinas, Santiago Morgan, Adrián Molina, Jesús Soria, Ángel Ávalos, Agustín Cañete, Diego Ojeda, Sergio Romero, María Florencia Gorosito, Nadia López, Cristian Nevares, Lucas Sánchez y Melina Lamanna.
Hoy, ocho años después, 21 policías enfrentan juicio por aquella noche de terror: torturas, abusos y apremios ilegales que dejaron marcas físicas y psicológicas en las víctimas. Para los jóvenes, la causa representa la posibilidad de que finalmente se haga justicia, después de años de hostigamientos y amenazas. ROSARIOPLUS