Se normalizó la situación de los policías autoacuartelados. Gendarmería patrulló las calles por el acuartelamiento de la policía. Perazzo: «Agotaremos los medios disuasivos». Un tenso contrapunto. Tres detenidos por el crimen de Navarro. Un numeroso grupo de uniformados y sus familiares clausuraron los accesos a la Jefatura. Demandan mejores condiciones de trabajo y elementos eficaces para combatir el delito. Críticas a los jefes y al gobierno
Los móviles cercaron los dos accesos a la Jefatura de la UR II |
El asesinato del agente Diego Navarro, ocurrido la madrugada de ayer tras ser baleado en el asalto a un supermercado de La Florida, disparó ayer el acuartelamiento de la policía rosarina. La protesta se visualizó en la concentración de unos 200 efectivos en la Jefatura de la Unidad Regional II, lugar donde durante varias horas impidieron la entrada y salida tanto de vehículos como de personas. Como correlato de ello, la ciudad vio resentida notablemente la seguridad en sus calles, que ya en las primeras horas de la noche empezaron a ser patrulladas por efectivos del Destacamento Móvil 2 de la Gendarmería Nacional mientras se esperaban otros 100 hombres de esa fuerza provenientes de Córdoba. A ellos se sumaron algunas unidades de Orden Público y la Tropa de Operaciones Especiales.
Anoche, la protesta policial continuaba con un nutrido grupo de efectivos y familiares reunidos en la puerta de Jefatura a la espera de una respuesta oficial al petitorio formulado por los manifestantes a la cúpula de la URII. En el pedido se solicitaba el cumplimiento de la semana laboral de 30 horas, la provisión de elementos para combatir el delito, y un aumento salarial a través del blanqueo de los rubros en negro.
A lo largo del día, la situación vivida en la Jefatura tuvo varios momentos de tensión. Uno de ellos cuando una decena de efectivos de la Brigada Motorizada intentó salir a cumplir los patrullajes y el piquete montado sobre el portón de Ovidio Lagos al 5200 se los impidió. En medio de gritos e insultos, los policías se replegaron.
Otro instante de nerviosismo se vivió en horas de la mañana cuando el propio jefe de la URII, comisario general José Maldonado, «bajó» desde su despacho y enfrentó a los manifestantes para que desistieran de la medida, cosa que no logró y por la cual tuvo que regresar a su oficina prácticamente abucheado.
En general los principales jefes policiales recibieron gruesos cuestionamientos por parte de la tropa sublevada, pero también tuvieron que asimilar la mayor carga de insultos el gobernador Jorge Obeid; el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y la jefa de la policía provincial, Leyla Perazzo, a quienes los rebelados responsabilizaron en forma directa por la precariedad de medios con las que deben desempeñar su tarea los casi 5 mil policías de Rosario.
Portones «clausurados»
El acuartelamiento fue toda una demostración del consenso que adquirió la Asociación Profesional Policial (Apropol) en los últimos tiempos dentro de la Unidad Regional II. Los dos accesos que tiene la Jefatura local, uno sobre Ovidio Lagos y otro sobre Francia, estuvieron cerrados durante 12 horas y ningún móvil oficial pudo entrar ni salir. Concretamente, frente el portón de Francia al menos 60 patrulleros y camionetas aguardaban con sus motores apagados, listos y dispuestos para salir. Pero no pudieron mientras duró la protesta.
Todo se inició entre las 6 y las 8 de ayer, horario en que debía realizarse el recambio de guardia. Las secciones que adhirieron a la medida en principio fueron las denominadas «de choque» o «de calle» como el Comando Radioeléctrico, la Patrulla Urbana y la Guardia de Infantería, todas pertenecientes a la Agrupación Cuerpos. Pero con el correr de las horas, la «convocatoria» se extendió a otras divisiones.
En el momento de mayor acatamiento de la medida, los voceros de Apropol aseguraron a La Capital que habían adherido el 80% del personal del Comando Radioeléctrico (Norte y Sur) y que los efectivos de la Guardia de Infantería, Patrulla Urbana y Guardia de Orden Urbano tampoco habían salido a las calles. En tanto, las fuentes manifestaron que el personal administrativo de la URII también se plegó al reclamo y que 300 uniformados, junto a familiares y vecinos, se mantenían apostados en el ingreso de la Jefatura.
Alberto Martínez (secretario adjunto de Apropol) dijo que «unas ocho o nueve comisarías trabajaron a puertas cerradas» y que «sus jefes y altos oficiales fueron obligados a salir a la calle, aunque se negaron». Por su parte, voceros del Comando Radioeléctrico Norte salieron a desmentir, a través de los medios de comunicación, el levantamiento de la protesta, como horas antes había asegurado el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa.
Los efectivos se presentaron sobre el portón de Ovidio Lagos al 5200 y desde el arranque impidieron el ingreso y egreso de vehículos como medida de protesta por el crimen de Navarro y la falta de respuesta del gobierno y las autoridades policiales a los reclamos de mejoras laborales y la falta de instrumentos adecuados para combatir el delito. A las pocas horas, ya había unos 80 uniformados que mantenían clausurada la reja e impedían la salida de cualquier móvil policial. A medida que pasaban las horas, el clima se enrareció y los policías involucrados en la medida comenzaron a denunciar «aprietes» de sus superiores para que levantaran la protesta.
Los únicos vehículos que pudieron salir fueron un par de camionetas de la sección Economato, que tenían la misión de repartir alimentos a presos y personal de comisarías. Otros a los que se les «levantó la barrera» fue a la comisión de Unidades Especiales, que a bordo de cuatro autos, salió para realizar allanamientos vinculados al crimen de Navarro.
Alberto Martínez, de Apropol, centralizó las demandas de los sublevados en tres puntos concretos: «Queremos una jornada limitada de trabajo consistente en 30 horas semanales en forma taxativa y que desaparezcan los recargos de servicios, que extenúan al personal en jornadas ilimitadas y vejatorias. Queremos que se produzca un aumento de salarios por vía del blanqueo de sumas en negro para que esto alcance a nuestros retirados y pensionados. Y solicitamos que se dé inmediata respuesta a la provisión de uniformes, equipos y armamentos que reemplacen el material obsoleto con el que contamos actualmente».
Martínez, de campera de cuerina marrón claro, remarcó que Navarro «estaba pasado de sueño», su arma «se trabó al tercer disparo» y «no tenía chaleco antibalas». Según el dirigente, la protesta tuvo un acatamiento del 90 por ciento en Jefatura, incluyendo al personal administrativo.
«No nos dan soluciones»
El clima que se respiraba por la mañana en los jardines de la Jefatura era de tensión. Conforme crecía el nivel de acatamiento a la medida, los policías involucrados se quejaban a viva voz de los aprietes que sufrían de parte de sus superiores. «Dicen que nos van a abrir sumarios, que nos van a trasladar y que un juez nos puede acusar de desobediencia. Nos quieren meter miedo. Pero no vamos a aflojar, porque no somos corruptos como ellos. Pongamos huevos y que nadie salga a la calle», manifestó con bronca un integrante del Comando. «Todo jefe tiene que cuidar su silla. Por eso nos quieren asustar», agregó otro a su lado.
«Estos jefes no dan soluciones. Terminamos poniendo el pecho a las balas y nos vienen a apretar», gritó otro hombre de azul, poco preocupado por la presencia de periodistas sobre la entrada de Ovidio Lagos. Mientras tanto, en la parte trasera de la Jefatura, donde un grupo de obreros trabajaban en la futura alcaidía, un hilera interminable de patrulleros hacían cola para salir a la calle. En ese lugar, otro grupo de Apropol les impedía el paso frente el portón que desemboca sobre avenida Francia.
«Hacemos esto para que no le pase a nadie más lo que le ocurrió a Navarro. No sólo a un compañero nuestro sino a toda la comunidad. Nosotros creemos en la seguridad pública. Lo que pasa es que esta cúpula está siempre del lado del gobierno corrupto», decía uno de los protestantes. Muy cerca de él, el jefe de la Agrupación Cuerpos, comisario Miguel Angel Rodríguez, fue categórico ante La Capital: «Tenemos órdenes de salir a patrullar. Eso queremos hacer, pero un grupo minoritario nos obstruye la salida». Fuentes de Apropol dijeron ayer que muchos oficiales y suboficiales fueron presionados por sus jefes para que se subieran a los coches, pero que igualmente no los dejarían salir.
Al entrar la noche, el gremio oficializó su propuesta y la presentó por escrito a los jefes de la URII. Estos quedaron en elevarla a la vicegobernadora María Eugenia Bielsa, que reemplaza a Jorge Obeid de viaje por China, y al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa. Mientras tanto, unas 300 personas seguían bloqueando el ingreso y estaban dispuestas a armar una olla popular y quedarse allí hasta que el Gobierno les dé una respuesta.
Ariel Etcheverry
Taxis
Las cámaras de propietarios de taxis y el sindicato que nuclea a los peones acordaron anoche dejar en manos de los choferes la decisión de salir a trabajar ante la falta de patrullaje en la ciudad.
Perazzo: «Agotaremos los medios disuasivos»
«Esto es la protesta de un grupo menor de policías que impiden la salida de móviles de la Jefatura y estamos trabajando en consecuencia. Nosotros necesitamos que los móviles salgan a la calle y para ello agotaremos todos los medios disuasivos». Las palabras corresponden a la jefa de la policía de la provincia, Leyla Perazzo, quien sin embargo remarcó que «este gobierno no se caracteriza por la utilización de la fuerza», para solucionar los problemas.
En tanto, la funcionaria policial confirmó anoche el arribo a Rosario de 100 gendarmes procedentes de Córdoba (Destacamento Móvil 3), que se sumarán a otros 100 del Destacamento Móvil 2 (ubicado en esta ciudad) que anoche patrullaban las calles de la ciudad ante la asonada policial.
Según Perazzo, el objetivo es que los gendarmes se dediquen a tareas de seguridad, esencialmente controles y patrullajes, en el centro y los barrio de la ciudad. Además, dispuso que hombres de la Tropa de Operaciones Especiales y Orden Público se sumen a ese trabajo hasta que la situación de los rebelados vuelva a normalizarse. Incluso, dijo Perazzo, no se descartó la utilización de móviles de Vialidad Provincial, Defensa Civil y de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
Un tenso contrapunto
En el momento de mayor tensión del autoacuartelamiento policial, el jefe de la Unidad Regional II, José Manuel Maldonado, bajó al patio de ingreso a la Jefatura a dialogar con los efectivos sublevados con el fin de disuadirlos. Entonces tuvo un duro cruce de palabras con el secretario adjunto de Apropol, Alberto Martínez, que quedó registrado en los grabadores de varios periodistas presentes.
«Vos sabés muy bien que se están dando elementos, vos me preguntás si hay 4 mil chalecos y yo te digo que no hay para todos», dijo Maldonado. La respuesta del dirigente de los uniformados no se hizo esperar: «Acá está la primera línea de la unidad regional. Están el Comando, la Guardia de Infantería y la Patrulla Urbana. Es la vanguardia y mire las armas que usan, son del año 20», retrucó Martínez. Enseguida llegó el contrapunto de Maldonado. «Son armas 9 milímetros, son armas buenas. Vos sabés que son pistolas que sirven», y agregó que «hasta el sábado pasado pasaron 807 hombres en prácticas de tiro y les revisaron las pistolas en la armería. Te digo que las armas se arreglan», dijo el jefe de la URII en medio de un coro de policías que lo negaba.
La protesta de Martínez no se acalló. «A los últimos cinco empleados que murieron -tres en Santa Fe y dos en Rosario, incluyendo Navarro- se les trabó la pistola. Deliberadamente anoche quisieron ocultar que apretaron al subcomisario Gamboa (redactor del acta por el robo al súper), que puso en el acta que la pistola estaba encasquillada», denunció Martínez. Maldonado refutó: «Navarro efectuó disparos porque hay un caco muerto. Entonces el arma no se trabó, no se confundan tan fácilmente», afirmó el jefe de la rosarina.
Tres detenidos por el crimen de Navarro
Al menos cinco delincuentes robaron el supermercado |
Diego Navarro, el joven agente que murió anteayer al resistir el robo en un supermercado de La Florida, había ingresado en la policía rosarina hacía 5 años.
Paradójicamente, su decisión de revistar en la fuerza no estuvo motivada por una vocación profesional y sí en cambio por una necesidad laboral. El lunes a la noche, cinco balazos disparados por uno de los dos hombres armados que entraron a robar al autoservicio Azul de Ricardo Núñez al 500 terminaron con su vida. La balacera lo sorprendió cuando todavía no había tenido tiempo de reaccionar. Aun así, pudo arrojarse sobre una empleada para protegerla del tiroteo y gatillar su arma reglamentaria. Uno de los maleantes fue alcanzado por los disparos del policía y poco después hallado muerto en un Fonavi de la zona oeste. En tanto, ayer los pesquisas detuvieron a tres muchachos bajo la sospecha de integrar la banda que asaltó el comercio y apresaron a la concubina y a la hermana del ladrón abatido.
La noche del lunes, Navarro fue internado con perforaciones en la vena cava, el hígado, una pierna y el abdomen en un sanatorio privado. Allí fue operado y falleció unas tres horas después. Ayer, sus restos eran velados en una sala de Córdoba y Servando Bayo y hoy, a las 14:30, serán inhumados en el cementerio de Baigorria.
Todo se inició cerca de las 21:15 del lunes cuando dos sujetos -otros tres esperaban afuera- ingresaron armados al súper Azul. Uno de ellos fue hacia la caja y el otro sorprendió al policía que cubría un servicio adicional. El delincuente le disparó sin darle tiempo a reaccionar, a pesar de lo cual Navarro alcanzó a abrir fuego.
Cuatro de los siete proyectiles disparados por el agente con su pistola 9 milímetros hirieron a uno de los maleantes y, por los rastros de sangre, habría sido trasladado por lo menos una cuadra y media hasta uno de los dos vehículos en los que huyó la banda. Al parecer, los asaltantes se esfumaron en un Ford Falcon y en un Renault 18 que ayer fue hallado incendiado. «Presumimos que (el ladrón abatido) murió desangrado porque uno de los tiros le impactó en la arteria femoral», dijo anoche la jefa policial.
Poco después del robo, la policía encontró en el Fonavi de Teniente Agneta e Ituzaingó el cadáver de un hombre de 36 años. Fue identificado como Miguel Peralta y, según voceros policiales, «de acuerdo a la vestimenta que llevaba y los rasgos descritos por las víctimas del asalto», fue uno de los maleantes que atacaron a Navarro. En tanto, ayer a la tarde y en jurisdicción de la comisaría 14ª, fueron detenidos tres jóvenes, uno de 15 años y otros dos de 21, sospechados de integrar la banda.
Navarro tenía 26 años y había entrado a la Unidad Regional II en el 2000. Su primer destino fue en la Brigada de Orden Urbano. Después comenzó a patrullar las calles en los vehículos del Comando Radioeléctrico. Pero ya hacía algunos años, según contaron algunos familiares, que custodiaba el supermercado Azul de Ricardo Núñez al 500. No era la única sucursal de esa cadena comercial donde cumplía servicios adicionales. También lo hacía en otras y siempre «sin chaleco antibalas».
Su compañero en el móvil del Comando era un policía con 19 años de antigüedad en la fuerza. A través de él conoció a su novia. El uniformado, de nombre Carlos, ofició de enlace para que su hija, Brenda, de 23 años, y Navarro comenzaran un noviazgo. «Ayer se cumplieron 15 meses desde que empezaron a salir. Planeaban casarse y estaban juntando plata para comprar un departamento», recordó Patricia Nocera, la madre de Brenda.
El policía fallecido vivía en el Fonavi de Donado y Mendoza junto a sus padres y dos de sus 8 hermanos. La madre lo alentó para que se incorporara a la fuerza en uno de los habituales reclutamientos.
Al lado de Patricia, una de las hermanas de Navarro escuchó en silencio el diálogo con el cronista de La Capital. Sus ojos reflejaban el dolor por el deceso de Diego. Está partida por lo que considera una muerte absurda. «Lo mataron y sólo se llevaron 200 pesos» (del súper), se lamentó.
Cerca de las dos mujeres, uniformados del Comando Radioeléctrico y de otras dependencias desfilaron todo el día por la sala velatoria. Entre ellos el comisario Martínez, ex jefe del Comando Radioeléctrico y actual responsable de la comisaría 4ª.
Eduardo Caniglia
Dos levantamientos que marcaron la historia
La última asonada del personal policial de que se tenga cuenta ocurrió en Agosto de 2000. La noche del día 19, unos 50 agentes del Comando Radioeléctrico se agruparon frente a la seccional 6ª para expresar su disconformidad con la detención de dos compañeros que horas antes habían participado de un enfrentamiento armado en el barrio Azcuénaga, que culminó con un presunto delincuente gravemente herido.
Los policías fueron apresados por orden de la ex jueza de Instrucción Susana Pigliacampo, quien exigió tener la declaración de testigos del hecho antes de resolver la situación procesal de los uniformados.
La manifestación, entonces, no sólo tuvo efectos políticos: durante las dos horas que se prolongó, la seguridad urbana de la ciudad quedó resentida porque buena parte de la tropa de calle se apartó de sus tareas para solidarizarse con los dos policías detenidos.
Como consecuencia del episodio, las autoridades provinciales no realizaron sumarios administrativos a los agentes rebelados, pero dispusieron el desplazamiento del jefe de la Agrupación Cuerpos, de quien depende el Comando, comisario Pedro Obligado; y del subjefe del Comando Radioeléctrico, Oscar Rendo, a cargo ese día de la fuerza callejera. A ambos se les imputó la falta de cumplimiento de su rol jerárquico. Otra cabeza que rodó por la inusual protesta fue la del subjefe de la Unidad Regional II, comisario inspector Roberto Luján Medina, quien el día de los hechos reemplazaba al titular de la fuerza rosarina, comisario mayor Francisco Previtera.
En tanto, el autoacuartelamiento policial más extenso que se recuerde en la provincia en los últimos años se extendió entre el 4 y el 14 de Agosto de 1986. Entonces, unos 200 efectivos de la Unidad Regional I dejaron de prestar servicios en reclamo de una sustancial mejora en sus salarios. Con el paso de los días y la negativa del gobierno de José María Vernet a negociar con quienes llevaban adelante la medida de fuerza, efectivos de las 19 unidades regionales de la provincia se fueron sumando a la protesta.
Así, en Rosario llegó a haber unos 500 policías en el patio de la vieja Jefatura de calle Santa Fe al 1900 mientras las 29 seccionales y 16 subcomisarías no atendían ni las denuncias de los vecinos. Entonces, como ayer, el gobierno provincial reclamó a su par de la Nación el envío de hombres de la Gendarmería para patrullar las calles y brindar seguridad en las diferentes ciudades. Esa decisión y la inflexibilidad gubernamental hicieron que con el paso de los días los efectivos fueran retomando paulatinamente sus funciones.
Rosúa: «Es una actitud perversa y bastarda»
El ministro de Gobierno provincial, Roberto Rosúa, calificó de «bastarda» y «perversa» la actitud de los policías que ayer impidieron el paso de los patrulleros de la Jefatura de la Unidad Regional II. «Comprendo la reacción afectiva y emocional de los policías ante la muerte de un compañero, eso me parece absolutamente justo y normal, pero no se puede avalar a quienes usan esto para otros fines, esa es una actitud perversa y bastarda», dijo Rosúa sobre los manifestantes a quienes ni quiso nombrar. «No sé cómo se llaman los policías -ironizó, para evitar mencionar a Apropol-, no sé quiénes se llaman González o Pérez».
Asimismo, el ministro se encargó de remarcar que el agente Diego Navarro «fue abordado por cinco delincuentes que lo dejaron en evidente inferioridad numérica, a pesar de lo cual logró disparar al menos cinco tiros. Y cuatro balazos impactaron en el ladrón que mató». Tampoco negó que, como indicaba otra versión, el arma del policía se hubiera trabado: «Eso lo determinará una pericia, pero sabemos que cinco tiros logró realizar».
En cuanto a los reclamos, Rosúa respondió con números. Y exhibió un detalle de insumos adquiridos desde el comienzo de la actual gestión. En equipamiento mencionó 526 vehículos adquiridos en 2004 y 4 autobombas. Y anunció que está en trámite la compra de 100 camionetas, 100 motos, 20 cuatriciclos, 20 autos, 4 colectivos y 4 minibuses.
También se refirió a los elementos de seguridad y protección: dijo que se compraron 1.168 chalecos antibala, 160 escudos antidisturbios, 1.116 pistolas 9 milímetros y 365.800 balas. Asimismo, indicó que se requirió «en forma urgente con participación nacional» la adquisición de otras 3.000 pistolas, 300 mil cartuchos y 3.000 chalecos antibalas. En este ítem se excusó de los posibles déficit que hubiera, porque «los fabricantes de chalecos exportan mucho y retrasan los pedidos».
Respecto de los reclamos salariales, se limitó a decir: «Se está gestionando para Mayo un suplemento de 500 pesos no remunerativos. Pero el tema sueldos en la provincia depende de cómo se desarrollen los otros conflictos. Sólo puedo decir que el gobierno de (Jorge) Obeid incorporó 616 millones de pesos a los salarios del personal provincial».
En cuanto a la falta de patrullaje en la ciudad, Rosúa no tuvo más consideraciones que atribuírsela a los acuartelados que impedían salir a las patrullas, al tiempo que aseguró que había ordenado una política de acercamiento. «No sé si el acuartelamiento implica un cuestionamiento a los jefes. Primero tengo que ver el catálogo de reclamos para ver si piden que remueva a los jefes o que aumente los sueldos», ironizó el ministro.
Se normalizó la situación de los policías autoacuartelados
El grupo de policías nucleados en la Asociación Profesional Policial (Apropol) que ayer se había autoacuartelado para repudiar el crimen de un agente de Rosario y solicitar mejores herramientas de trabajo y una recomposición salarial, levantó esta madrugada la medida de protesta para dialogar con el gobierno.
Alrededor de las 4.30 de hoy, los policías regresaron a las calles luego de recibir una propuesta hecha por la jefa de la Policía, Leyla Perazzo, quien llegó a Rosario para encabezar las negociaciones.
La negociaciones con los representantes de la fuerza las encabezó la jefa de la Policía de Santa Fe, Leyla Perazzo. El Ejecutivo provincial se habría comprometido a la compra de nuevo armamento y pertrechos, y el otorgamiento de 500 pesos a cada agente, «por única vez, que sería abonado en los próximos sesenta días, para que compre su uniforme».
También hubo compromiso de ambas partes de crear una comisión de trabajadores policiales para evaluar la cuestión salarial.
La Capital – Fotos: Gustavo de los Ríos y Daniel Carrizo