El 2026 estará marcado por el desfinanciamiento de la educación pública y el desmantelamiento del sistema de enseñanza. El apoyo de Pullaro es clave para que el plan de Milei se consolide.
Como nunca, en la previa de las elecciones generales de octubre pasado, la ex vicegobernadora Gisela Scaglia recorrió las escuelas santafesinas. No se perdió ni una entrega de Fani (Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas), feria de ciencias con pibes y maestras o corte de cintas de aulas nuevas o remodeladas. Siempre estuvo ahí, de norte a sur de la provincia, sonriente para la foto, destacando “la inversión en materia de infraestructura”, hablando del “futuro de los niños”, ponderando los “logros del Plan Raíz” (de alfabetización) y también retando a los gremios docentes por reclamar contra las políticas salariales y denunciar recortes.
No pasó mucho tiempo para que mostrara que tanto desvelo educativo era para juntar votos. La verdad que tampoco les fue tan bien en esa búsqueda. Lo cierto es que ya elegida diputada nacional (PRO/Provincias Unidas) y ocupando su banca en el Congreso de la Nación, cuando se trató el proyecto de ley de presupuesto 2026 se abstuvo de votar. Y abstenerse en esta votación histórica resultó lo mismo que aplaudirla. “El presupuesto que el gobierno propuso no era bueno para la provincia, menos aún para universidades y discapacidad. Pero también queríamos que el gobierno tuviera por primera vez su hoja de ruta”, así argumentó su decisión en redes sociales.
Scaglia no fue la única que le dio su apoyo a los planes del presidente Javier Milei. También se abstuvieron los diputados por Provincias Unidas Pablo Farías y José Núñez, y el socialista Esteban Paulón. En tanto votaron afirmativamente Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamila Tomassoni, todos de La Libertad Avanza.
En el Senado, los legisladores que representan a Santa Fe y son afines al gobernador Maximiliano Pullaro, Carolina Losada y Eduardo Galaretto (UCR), fueron más coherentes con las medidas de ajuste que defienden y sin mayores vueltas le dieron el visto bueno al proyecto de ley de presupuesto 2026.
Antes, durante y después de la votación definitoria del 26 de diciembre pasado desde todos los sectores que defienden la educación pública como derecho advirtieron que, más que un ajuste al sector, lo aprobado destruye el sistema educativo argentino. Literal. No es metáfora.
Esos llamados de atención se enfocaron, en particular, en el artículo 30 de la norma aprobada, que establece “la derogación de leyes fundamentales para el sistema educativo y científico del país” –apuntaron desde la Ctera– como la de financiamiento educativo, “que garantizaba una inversión mínima del 6 por ciento del PBI para educación”, además de “la sustitución de la ley de educación técnico profesional y el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología”.
Abstenerse y votar a favor tienen el mismo efecto: acompañar el proyecto de país que diseña la derecha. En ese propósito no hay lugar ni para la educación pública ni para producir ciencia. En consecuencia, tampoco para la soberanía del conocimiento. Lo que se edifica es la plataforma de un país dependiente y colonial.
La doble cara
A esta altura, la postura de alineación al modelo libertario de las y los legisladores que responden al mandatario santafesino no debiera sorprender a nadie.
Esa doble cara se expresa desde el inicio de la gestión de Pullaro. Todo el tiempo, el gobernador y sus funcionarios, como el ministro José Goity, hablan de diálogo pero desconocen el ámbito de la paritaria y definen por decreto cuánto debe ganar la docencia; se enojan y hasta increpan en público a las y los profesores que los cuestionan; y descalifican todo el tiempo a las organizaciones gremiales (instituciones de la democracia). Mal que hacen porque la historia del magisterio organizado ha mostrado cómo en más de una situación límite fueron los sindicatos docentes los primeros en salir a dar respuesta. La pandemia es un ejemplo (2020-2022), las inundaciones en la capital santafesina (en 2003) es otro.
Desde la Provincia dicen defender la calidad educativa y en lugar de prestigiar la autoridad pedagógica de maestras y maestros contratan fundaciones que hacen su negocio diciendo desde afuera qué y cómo enseñar. Aseguran ofrecer lo mejor al magisterio, pero pagan salarios de hambre y extorsionan con un presentismo (como lo hacía Reutemann) que insisten en llamar Premio a la Asistencia Perfecta o incentivo. Y para hacerlo más humillante, el gobernador y su ministro vociferan por los medios “que capaz el año que viene le hacen algunos cambios y lo mejoran”. Lo repiten como para generar expectativas en lo que serán más migajas a repartir. No es todo: la situación de las maestras y maestros jubilados es una muestra más del destrato institucionalizado.
Nada indica que el 2026 será mejor para la educación provincial. Que se anuncien 190 días de clases como objetivo del gobierno es una muestra de la limitación intelectual con la que piensan las políticas educativas. Es importante que las chicas y los chicos estén en las escuelas, claro que sí. Pero un poco de sentido común alcanza para darse cuenta que tachar días en el calendario no es sinónimo de aprender. Con salarios de hambre, maestras buscando otro trabajo para sobrevivir, todo es más difícil. Una situación que será más grave sin recursos ni financiamiento educativo que lleguen de Nación. Eso es lo que apoyaron (con el voto o la abstención) las y los legisladores de Pullaro y de Milei.
Desguace planificado
Como todo tiene que ver con todo, paralelamente al desguace planificado se cocina la ley de libertad educativa. En la página oficial de Argentina.gob.ar se puede leer este plan que propugna el retiro del Estado como garante de la educación obligatoria y deja librado a lo que cada quien pueda hacer para educarse. Un proyecto de educación colonial para un país colonial.
La ley de libertad educativa, que en el año que arranca se buscará aprobar, pone el acento en la “centralidad de la familia”, y deja que cada escuela pueda definir su ideario institucional, esto es desde lo que prioriza como enseñanza hasta el calendario escolar. Avala la educación en la casa, más conocido como homeschooling y se impulsan así “nuevas formas de escolarización”. Asegura querer “modernizar a la docencia” imponiendo el modelo del mérito. Y, entre otras “libertades”, la norma que se proyecta define “nuevas modalidades de financiamiento y transparencia”, en “una combinación de aportes financieros a la oferta y a la demanda”.
La ley de presupuesto 2026 aprobada por el Congreso de la Nación que se desliga de la educación pública va de la mano del proyecto de ley de libertad educativa de Milei. Después de lo visto en diciembre en el Congreso, ya no es errado considerar que las y los legisladores santafesinos que le abrieron la puerta a la devastación del sistema educativo vuelvan a levantar la mano (o a esconderla, que para el caso es lo mismo) para que la ley de libertad educativa sea una realidad.
El 2026 estará marcado por la avanzada más bestial de la derecha para terminar con la educación pública argentina.
Publicado en el semanario El Eslabón del 3/1/26
Fuente: Redacción Rosario
