La diputada provincial Lucila De Ponti, junto al interbloque peronista, presentó un proyecto de ley para establecer el funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana incorporadas en la nueva Constitución de Santa Fe.
La iniciativa crea las herramientas para implementar la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y las audiencias públicas. “Cuidar la democracia significa profundizarla”, afirmó la legisladora.
“En tiempos de avance del autoritarismo y de crisis moral de la política, muchas personas sienten que la democracia no sirve para nada” diagnosticó De Ponti, y sostuvo: “los niveles de participación electoral están por el suelo, y eso no se revierte obligando a la gente a que crea de nuevo en un sistema que no le da respuestas: se revierte transformando ese sistema, ampliando derechos y creando herramientas reales para que la ciudadanía pueda incidir en la realidad”.
Para la diputada, si se quiere que la política recupere legitimidad, “porque la entendemos como la forma de proteger lo que es de todos”, no alcanza “con discursos, sino que hay que crear mecanismos para que la ciudadanía pueda presentar propuestas, exigir debates públicos, participar de decisiones relevantes y hacer oír su voz con reglas claras”. “La nueva Constitución reconoce estos derechos, y necesita una ley que los reglamente, para que no queden en letra muerta. Nuestro proyecto propone pasar de ese reconocimiento formal a la implementación efectiva”, señaló.
La iniciativa tiene tres puntos centrales. Regula, en primer lugar, la iniciativa popular, un mecanismo que permitirá a ciudadanos y organizaciones presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados con el respaldo de firmas equivalentes al 0,2% del padrón electoral de la última elección provincial (o del padrón local, en casos de alcance departamental o municipal).
El texto también reglamenta el referéndum y el plebiscito, diferenciando su alcance y efectos. En el caso del referéndum, se prevé la posibilidad de someter a votación popular la sanción, reforma o derogación de leyes provinciales, con voto obligatorio y resultado vinculante, siempre que se alcance un piso de participación electoral. En cambio, el plebiscito tendrá carácter consultivo, con voto optativo y resultado no vinculante, y podrá ser convocado tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo en los términos que establezca la ley.
Por último, el proyecto fortalece las audiencias públicas e incorpora la figura de las audiencias de requisitoria ciudadana, que podrán ser impulsadas por la propia ciudadanía con un porcentaje mínimo de adhesiones. La propuesta establece criterios de publicidad, registro de participantes, transmisión en vivo y acceso posterior a la información, y obliga a las autoridades competentes a concurrir y responder.
La ley también crea una Oficina de Participación Ciudadana en el ámbito de la Legislatura para brindar asesoramiento gratuito, acompañar la presentación de iniciativas y promover activamente el uso de estas herramientas.
Asimismo, en un proyecto complementario, que requiere aprobación por dos tercios de ambas Cámaras, se regula el mecanismo de la revocatoria de mandato por el cual cualquier funcionario electo puede enfrentar un proceso de remoción de su cargo si lo solicita un número de ciudadanos equivalente al 25% del padrón electoral.
“Frente al desencanto y al avance de los autoritarismos, nuestra respuesta es más democracia y más participación. Queremos una ciudadanía con herramientas para intervenir, que pueda hacer algo más que mirar cómo otros deciden”, concluyó De Ponti, y apuntó: “profundizar la democracia también es construir instituciones que hagan posible esa participación”.
