Julia Chuñil y Macarena Valdés: estudio de dos casos de resistencia a la impunidad en la Región de los Ríos, Chile

Julia Chuñil y Macarena Valdés: estudio de dos casos de resistencia a la impunidad en la Región de los Ríos, Chile

Por Lucía Sepúlveda Ruiz. Pressenza.com. Medio Ambiente

Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche, madre de 5 hijos y abuela de 10 nietos, presidenta de la comunidad Putreguel ubicada en la comuna rural de Máfil, defensora ambiental, desapareció el 8/11/2024 junto a su perro Cholito. La investigación de la Fiscalía se ha centrado en sus hijos, y en el entorno familiar de la casa que habitan Jeanette y Javier Troncoso Chuñil con seis violentos allanamientos con presencia de tanquetas y fuerza policial armada. El peor maltrato fue recibido por Jeanette en enero de 2025 cuando tras un allanamiento con orden judicial obtenida con pruebas falsas, sufrió tortura sicológica de parte de un funcionario de Labocar, induciéndola a declararse culpable del crimen, en presencia de la fiscal regional Tatiana Esquivel. Los interrogatorios a los vecinos fueron para preguntar si hubo peleas entre alguno o varios de los hijos, con su madre. La fiscalía omite el rol de defensora ambiental de Julia Chuñil (en adelante JCh). Todas las filtraciones de la carpeta investigativa alimentan un poderoso montaje mediático en contra de la familia en los aniversarios de la desaparición, cuando se realizan actividades de denuncia en Chile y más allá de las fronteras. Actualmente dos manifestantes enfrentan prisión preventiva en Valdivia y se realizan nuevos operativos de represión en los hogares de estudiantes mapuche en Temuco y Valdivia.

Macarena Valdés, de 32 años, madre de cuatro niños, defensora ambiental en lucha contra una central hidroeléctrica de paso, fue encontrada en su casa de la comunidad Newen de Tranguil, comuna de Panguipulli, colgada y fallecida, el 22/08/2016. La halló uno de sus pequeños hijos, y un bebé de meses fue testigo del montaje de lo que resultó ser un feminicidio empresarial. La policía buscó inicialmente desprestigiar a su marido, Rubén Collío, werken de la comunidad Newen de Tranguil, comuna de Panguipulli interrogando a vecinos y familiares y asegurando que Macarena Valdés (en adelante MV) se había suicidado porque él la engañaba. Un estudio de campo de la experta en Psicología Jurídico-Forense Valeria Moscoso Urzúa, sostiene que según profesionales de la salud Macarena no presentaba ningún indicio de depresión ni enfermedades orgánicas, no tomaba fármacos ni padecía de trastorno psicológico o psiquiátrico. No tenía adicciones y nunca presentó ningún indicio que diera cuenta de conductas de tipo suicida (ideas, amenazas, gestos e intentos). “Al momento de los hechos no se encuentra ningún tipo de factor de riesgo y, por el contrario, existe evidencia de múltiples y sustanciales factores protectores”, concluye el informe.

Investigación negligente y sesgada

JCh: En la investigación de su desaparición, durante un año la Fiscalía ignoró las pruebas aportadas por la familia respecto de las amenazas que por años había sufrido ella por parte del empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt y las acciones en contra de la dirigenta llevadas a cabo por vecinos bajo las órdenes del empresario. La fiscalía omitió además indagar el rol de CONADI y su alianza corrupta con Morstadt, quien había vendido a la entidad estatal el predio conocido como La Friede recibiendo más de $1.000 millones por la transacción. La comunidad Blanco Lepin abandonó esas tierras y demandó por irregularidades en su entrega a Morstadt y las tierras fueron ocupadas por la comunidad Putreguel. CONADI posibilitó la reinscripción del predio por el empresario en el Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos al retirar la demanda por no pago, e incumplió la sentencia de la Corte Suprema sobre el caso Blanco Lepin, emitida en 2017, que ordenaba a Morstadt restituir a CONADI el dinero percibido en 2011 por la venta del predio La Friede.

MV: En la investigación de su muerte la fiscalía omitió que ella era parte de la resistencia a la construcción de una mini central hidroeléctrica de la multinacional austríaca RPGlobal, parte de la distribuidora local de energía SAESA. Las comunidades de Tranguil y Liquiñe, de Panguipulli, llevaban tres años de lucha contra la imposición del proyecto que no tuvo consulta indígena. RPGlobal cambió después su nombre a El Arroyo. El 1° de agosto de 2016, se realizó un corte de ruta en que Macarena tuvo un rol de liderazgo, para impedir que RPGlobal instalara los cables de alta tensión. La gobernación intervino paralizando la instalación y anunciando una mesa de diálogo. No fueron interrogados los funcionarios de la empresa que profirieron las amenazas el día anterior a la muerte de MV. Los carabineros estuvieron siempre protegiendo los intereses de la empresa y de inmediato se dedicaron a resguardar la faena de instalación. La empresa puso en funcionamiento la central hidroeléctrica dejándola operativa apenas un mes después de la muerte de MV.

Fiscales ineptos y clasistas

JCh: Se han sucedido múltiples fiscales con el mismo desempeño negligente y falto de transparencia. Ellos son Carlos Bahamonde, Claudia Baeza, Alejandro Ríos, Alex Montesinos y Jaime Calfil, todos bajo la dirección de la fiscal regional de Los Ríos Tatiana Esquivel. Nunca alguno ha accedido a reunirse formalmente con la familia. Esquivel llamó a José Arriagada, un funcionario externo a la región, de Labocar (Carabineros) a encabezar su equipo policial. La abogada Mariela Santana, de CODEPU, representante legal hasta noviembre de 2025 de Javier Troncoso, uno de los hijos de J.Ch, ha criticado el sesgo en la pericia del georadar, por dirigir la diligencia sólo a los lugares habitados por los hijos y sin adjuntar un mapa anterior al crimen que permitiera establecer las posibles diferencias. Santana sostiene que no hubo toma de muestras ni resguardo oportuno del sitio del suceso y lugares claves de la búsqueda, como el predio de un vecino, ex trabajador de Morstadt, donde se detectó una excavación profunda. La fiscalía no ha realizado las diligencias solicitadas al respecto. CODEPU interpuso en agosto de 2025 una demanda contra la Fiscal Regional de los Ríos por su actuación en la vulneración de derechos de Jeanette Troncoso, hija de Julia Chuñil, que padeció trato cruel, inhumano y degradante (tortura) en enero de 2025 a manos del suboficial Arriagada. Sin embargo el Fiscal nacional Angel Valencia de inmediato confirmó en su cargo a la citada fiscal y el recurso de amparo interpuesto en favor de Jeanette fue denegado a nivel regional pero también en la Corte Suprema. Los requerimientos del equipo jurídico de la familia solicitando fiscales que no fueran de Los Ríos ni de la Araucanía porque su especialidad es acusar a los mapuche y no defenderlos, tampoco fueron atendidos.

El 30/09/2025 en una conferencia de prensa convocada para denunciar que la Fiscalía había bloqueado el acceso del equipo jurídico a la web del Ministerio Público, dejándolas sin información, la abogada de Pablo San Martín, Karina Riquelme, dio a conocer antecedentes contenidos en una carpeta reservada del fiscal Jaime Calfil, y filtrada a fines de septiembre en fiscalía. El fiscal solicitaba autorización al juez de garantía para realizar intercepciones telefónicas. Para fundamentarlo, incluía entre otras citas, la transcripción de un segmento de un audio en el cual, el empresario Juan Carlos Morstadt sostenía en conversación con su padre, “la quemaron”, en referencia a Julia Chuñil. La frase provocó dolor y conmoción pública en el país al asumirse que ese habría sido el destino final de la defensora ambiental. Amnistía Internacional solicitó al Estado de Chile que respete las normas del debido proceso en esta investigación.

El 15/10/2025 el equipo jurídico de la familia integrado entonces por Carmen Caifil, Karina Riquelme y Mariela Santana, reiteró en carta al fiscal Valencia, la solicitud de retiro de la fiscal regional ahora debido a sus declaraciones al diario La Segunda afirmando que Julia Chuñil no era una activista sino “una mujer dedicada a su familia y sus actividades agrícolas…” . Argumentaron que ello la aleja de los estándares de la investigación requerida bajo los parámetros de defensores ambientales y también de la debida diligencia propia de estas tareas en casos de desaparición y de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y el protocolo de Escazú. La solicitud reitera además que tanto la fiscal Esquivel como el suboficial José Arriagada están siendo investigados por apremios ilegítimos contra Jeanette Troncoso. El Fiscal nacional volvió a rechazar la medida. Al cumplirse un año de la desaparición, las organizaciones del espacio Día a Día por Julia Chuñil dirigieron una carta pública al Presidente Boric exigiéndole que oficie a la Corte Suprema respecto de la remoción del fiscal Angel Valencia por negligencia, una de las causales contempladas en la ley que rige al Ministerio Público.

Al mismo tiempo, Fiscalía confirmó a la prensa que Juan Carlos Morstadt tenía la calidad de imputado, y su abogada desistió de presentarse el 7 de noviembre a la audiencia sobre medidas cautelares porque ya había logrado el acceso a la carpeta investigativa. No hay formalizados. En estas mismas fechas, los medios televisivos de la prensa hegemónica reflotaron el montaje difundido en marzo, que presenta a familiares como responsables de la desaparición, aludiendo a supuestas muestras de sangre de uno de los hijos, titulando que es el principal sospechoso y omitiendo que en la carpeta investigativa los peritajes establecieron que esas muestras de sangre son de animales.

Pablo San Martín Chuñil, vocero de la familia, infatigable en la búsqueda de su madre, solicitó entrevista con el Pdte. Boric, quien no accedió a ello.

MV: En marzo de 2024 el fiscal subrogante de Panguipulli, Eduardo Díaz, cerró la investigación de Macarena Valdés, anunciando a la abogada Patricia Cuevas su intención de No Perseverar. El 16/02/2022 había fallecido Rubén Collío, supuestamente en un accidente en carretera, y el suegro de M.V, el dirigente mapuche Marcelino Collío, que también luchaba por justicia, falleció en marzo de 2021 de COVID. El primer intento de No Perseverar en la Causa Ruc N° 1600790791-9 abierta por el “suicidio” de Macarena Valdés, anunciado el 1° de marzo de 2017, lo hizo Pablo Silva, entonces fiscal subrogante de Panguipulli. Tras la autopsia inicial del Dr. Enrique Rocco se caratuló el caso como suicidio pese a que la familia y comunidad hablaron desde el inicio de un montaje. En esa autopsia, muy cuestionada, una perito de carabineros, la doctora Vivian Bustos que también trabaja en el Médico Legal omitió ciertas tareas. La familia de Macarena y su comunidad hablaron desde el inicio de un montaje y un homicidio.

Silva no pudo cerrar el caso por la presión social a la fiscalía, y porque Rubén Collío, ingeniero ambiental, apeló ante la Fiscalía de los Ríos aportando una nueva prueba, un metaperitaje realizado por la doctora Carmen Cerda, directora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile respecto de las células del tejido cervical de MV, descartando el suicidio y concluyendo que ella ya estaba muerta cuando fue colgada. En agosto de 2017, la fiscalía de los Ríos ordenó al fiscal Calfil mantener la investigación y autorizó que se realizara una exhumación para una nueva autopsia. Pero la fiscal Alejandra Anabalón cerró la investigación, justo cuando se realizaba la segunda exhumación, un año y 2 meses después del crimen. Se reabrió en 2018 cuando se presentó a la fiscalía el peritaje independiente realizado por el Dr. Luis Ravanal Zepeda descartando el suicidio, tras lo cual la carátula se cambió a “hallazgo de cuerpo”.

Un nuevo intento de cierre lo protagonizó el fiscal Jaime Calfil (que hoy investiga el caso de J.Ch.) un año después, informando a Rubén Collío de la pérdida del expediente que contenía el peritaje completo del doctor Ravanal sobre la segunda autopsia y el metaperitaje de la doctora Cerda. Pero Rubén Collío volvió a enviar todo, esta vez por celular, y denunció en la Fiscalía de los Ríos (entonces encabezada por el fiscal Juan Agustín Meléndez) a Calfil por lo anterior y por dar acceso irregular a la carpeta investigativa al abogado de la empresa RP Global. Las fotos del sitio del suceso estuvieron perdidas 2 años. Los hechos fueron denunciados por Collío también en entrevistas en Chilevisión y otros medios. En la segunda exhumación, no se cumplieron las normas, no hubo cadena de frío. En febrero de 2018, Collío logró entrevistarse con el fiscal nacional de entonces, Jorge Abbott, quien prometió continuar la investigación. La fiscalía recibió en 2019 nuevos estudios que la familia encargó a John Clark, perito de la Corte Penal Internacional asegurando que MV murió “no por ahorcamiento suicida, sino por estrangulamiento por ligadura, con un objeto que alguien más sostenía alrededor de su cuello y lo apretaba con fuerza”. En marzo del 2018, setenta organizaciones de diferentes localidades de Chile y algunas internacionales, agrupadas como Justicia para Macarena Valdés emplazaron a la Fiscalía Nacional dirigida por Jorge Abbott por no re calificar la investigación en el caso de su muerte en el marco de un conflicto hidroeléctrico y denunciaron el carácter clasista y racista de la fiscalía. En la protesta participaron un werken del Lof Trankura de Curarrehue y de la Red por la Defensa de los Territorios; voceros de Rapal y la Red Justicia para Macarena; el Movimiento por el Agua y los Territorios (Mat); la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri); el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) junto a Marcelino Collio, quien fuera suegro de Macarena, padre de Rubén Collío. Abbott fue reemplazado por Angel Valencia en 2023 sin que hubiera avances en la investigación..

Justicia Patriarcal

JCH: El desempeño de la justicia y en general de la institucionalidad del Estado en este caso es revelador de su carácter patriarcal. Pasó un año y pese a los claros indicios respecto de responsabilidad de terceros (“Si algo me pasa ya saben quien fue” expresaba JCH, y eso fue transmitido por la familia a la fiscalía) no hay resultado sobre dónde está, ni los responsables del crimen. Para los fiscales y los grandes medios de comunicación ella no existe, es apenas una mujer del campo, no es noticia. Y los jueces de Valdivia y de la Corte Suprema negaron amparo a la hija de Julia, porque es una mujer mapuche, pobre, y puede ser allanada, presionada y tratada con violencia. Pero la existencia de registros documentales del cineasta Víctor Gutiérrez, de CauCau Films ha logrado que JCh sea conocida por los pueblos en su dimensión de mujer mapuche orgullosa de sus ancestros, defensora de su territorio, huertera, defensora del bosque y de la semilla antigua. Fue capaz de criar y educar a todos sus hijos para luego regresar a su territorio y criar también nietos, practicando el buen vivir tras haber vivido el despojo, la pobreza extrema y la incesante discriminación. Ella logró organizar una comunidad con la que inició el proceso de recuperación de la tierra ancestral y fue insobornable en la defensa de su tierra (“De aquí nadie me saca” dice en el video Chew Muley J.Ch). En tiempos marcados por la apatía y el repliegue de quienes tiempo atrás poblaban las calles en marchas multitudinarias, la pregunta “Dónde Está JCh” ha convocado y re-unido de forma especial en todo Chile a centenares de mujeres de todo tipo de organizaciones populares, mapuche y no mapuche y también a luchadores jóvenes y mayores de organizaciones de DDHH, socioambientales y de la cultura. Asimismo la nieta de J.Ch, Lyssette, ha ido recogiendo el legado de su abuela, y transformándose en una guerrera que no descansará hasta lograr que Julia pueda descansar en su tierra. Porque ella abraza ahora esa lucha de defensa de su territorio.

MV: El caso de una mujer mapuche, joven, madre, defensora de su territorio, de los ríos y de la semilla, víctima de un feminicidio empresarial tampoco tuvo prioridad para los órganos de la justicia local, regional y nacional de Chile ni para los medios de comunicación ligados al poder empresarial. Se cerró sin una verdadera investigación que develara el nombre de los sicarios y su vínculo con la empresa RP Global y la eventual complicidad de carabineros. Macarena se crió en la ciudad pero junto a su compañero de vida, mapuche, al trasladarse a Tranguil hizo una opción por el buen vivir y la defensa del territorio ancestral de su comunidad. En 2019 ella fue un estandarte de la Huelga Feminista del 8 de marzo y ha seguido presente junto al movimiento mapuche en movilizaciones como la masiva y reprimida manifestación que tuvo lugar en el anfiteatro del Museo de DDHH el 22 de agosto de 2019, a tres años del asesinato y a pocos días del inicio de la revuelta popular. En la Ligua tuvo lugar un Encuentro Feminista Socio Ambiental denominado “Macarena Valdés”. En septiembre frente a La Moneda, la Cueca Sola fue también por Macarena. En estos encuentros se cuestiona los diversos modos de explotación de la tierra basados en el capitalismo patriarcal que ha mercantilizado en forma absoluta la tierra, agua y semilla, imponiendo una visión que concibe a la naturaleza como un objeto de dominación y explotación, idéntico a las mujeres. “Golpear a una mujer en el corazón de un territorio, es mandar un mensaje a todas las demás, porque en una comunidad esta juega un rol central. Que ella sea objeto de un crimen brutal, con su hijo ahí presente –uno que la encuentra y el otro, que es una guagua, que está ahí cuando se producen los hechos– es ordenar que no te metas nunca en nada”, señalaban en un foro el 22 de agosto. El asesinato en este caso y en el de otras defensoras del territorio en América Latina, es el resultado final de las diferencias de género, clase y raza, dominantes en la sociedad actual. Para Macarena Valdés no hay justicia por ser mujer, mapuche y pobre. La justicia negacionista da patente de impunidad a los sicarios y a los autores intelectuales del asesinato. Rubén Collío pidió entrevista con Michelle Bachelet, entonces presidenta, que jamás lo recibió.

Repercusiones internacionales

JCh: El caso lo denunció Pablo San Martín, hijo mayor de J.CH a Jan JaraB, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, con sede en Santiago, acompañado por CODEPU y la Comisión Etica Contra la Tortura. Estas entidades también lo hicieron en febrero de 2025 al Comité de Desaparición Forzosa que funciona en Ginebra. Paralelamente se solicitó Acción Urgente ante la Comisión Interamericana de DDHH, que en julio de 2025 otorgó medidas cautelares en favor de Julia Chuñil ordenando acelerar la investigación y proteger a la familia. En agosto de 2025, cinco organizaciones del espacio Día a Día por JCh denunciaron el caso en informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En respuesta, en el examen de Chile el Comité solicitó al Estado tomar medidas para esclarecer las desapariciones forzosas. La ONG Global Witness lanzó un video sobre Julia Chuñil en denuncia por muertes y agresiones a mujeres defensoras ambientales. El Comité de Escazú presentó en 12/2025 la primera querella criminal por la desaparición y el 24 de octubre de 2025, Escazú internacional exigió al Estado proteger a la familia de Julia Chuñil ante los hostigamientos y amenazas vividos. La campaña por Justicia y Verdad lanzada en Chile con la consigna Dónde Está JCh fue acogida por colectivos que se han movilizado en toda América Latina y también en Canadá, Francia, Noruega, Suecia, España, Reino Unido y participaron en un Encuentro Internacional por el tema, realizado en junio de 2025 desde el Día a Día por Julia Chuñil convocado junto a organizaciones de Canadá y España.

MV: El 15/09/2016 durante la 33° sesión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ONG Auspice Stella, organismo consultor del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas denunció el asesinato de Macarena Valdés. El 14/08/2017, Rubén Collío presentó el caso a la Relatora de Ejecuciones Extrajudicales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU. Se aportó un estudio de John Clark perito de la Corte Penal Internacional.Se realizaron por años actividades de denuncia en países de América Latina, Europa. No hubo ningún resultado positivo en las denuncias realizadas en Santiago de Chile ante los representantes de la Unión Europea en Chile, respecto del rol jugado por RP Global (de Austria) en el territorio y el caso.

Amenazas y frutos del crimen

JCH: Mientras se realizaba la búsqueda de Julia Chuñil en las 900 hectáreas del predio que ella había recuperado, Pablo San Martín y Javier Troncoso fueron informados por la policía que ya no podían ingresar a la casa de su madre porque era propiedad de Juan Carlos Morstadt. CONADI nunca informó a JCh que el predio había vuelto a manos del empresario y estaba inscrito a su nombre. En abril de 2025, Zorzalito, el caballo de J.Ch amaneció muerto, posiblemente envenenado. Días después, el chancho reproductor de Julia, el barraco fue muerto a balazos por un miembro de la policía que adujo que este lo iba a atacar. Julia era muy apegada a sus animales y la muerte de ellos representó un nuevo dolor para la familia.

MV: Después del corte de ruta realizado el 1°/08/2016 por la comunidad, en que participó Macarena, dos funcionarios de REP Global movilizados en un vehículo con el logo de RP Global Energías Renovables, amenazaron a la dueña del terreno donde vivía Macarena para que los desalojara. Como ella se negó, les dijeron que se cuidara porque MV y Rubén estaban revolucionando a la gente y había muchos que querían hacerles daño. Macarena fue asesinada al día siguiente de esta amenaza. El 23/08/2016 llegó la empresa a poner los cables que pasan por sobre la casa de MV, mientras Rubén andaba retirando el cuerpo del Instituto Médico Legal. La comunidad resistió el intento, aunque llegaron con el GOPE y el teniente de carabineros Francisco Sánchez. La Gobernación regional dio la orden que se retirara carabineros del lugar pero RPGLOBAL destruyó el cementerio mapuche emplazado en la comunidad de Tranguil, para colocar allí la sala de máquinas de la Central Hidroeléctrica. En octubre de 2016, la central inició su funcionamiento. Rubén Collío señalaba en una entrevista a radio Universidad de Chile que si se logra probar la presencia de Carabineros en el montaje, estaríamos en un caso de terrorismo de Estado pero si se detecta además la presencia de sicarios, “podríamos decir que hay presencia de estos asesinos trabajando a nombre de RP Global”.

Fuentes: archivos personales con información de medios populares y organizaciones socioambientales y de DDHH. Este listado está disponible para quien desee abundar en este tema.