La investigación se hizo a nivel local con la venia de González Gaviola. Ravarotto, Praino y Valentini integran la lista. Los acusan de autorizar servicios que nunca se prestaron. 
«Esto es el símbolo de la tarea que motivó esta gestión». La referencia pertenece al interventor del Pami Rosario, Martín Federico Mansilla. Y alude directamente a una decisión que hoy caerá como una bomba: por primera vez se produjo una serie de despidos de personal ligado «con irregularidades administrativas». El dato suena aún más fuerte si se indica que se trata de diez nombres vinculados a la conducción del instituto en gestiones anteriores, como dirigentes gremiales y ex directivos que parecían arraigados en los vericuetos de la administración pública.
Las desvinculaciones tienen su origen en la denominada «causa Pami» que investigó la Justicia Federal, en torno a la contratación de una consultora informática para los policlínicos de Rosario, una maniobra de unos 3.200.000 pesos. Si bien las 23 personas involucradas por la comisión de diversos delitos fueron sobreseídas a fin del año pasado, desde el Pami no se dieron por vencidos.
«Rastreamos las consecuencias administrativas que generó la causa penal», sostuvo Mansilla. Luego aclaró que, a partir de las investigaciones, la intervención nacional dictó las cesantías.
Los ahora ex empleados: Graciela Ravarotto, Juan Bautista Barbato, Miguel Sarcuno, Raúl Praino, Amílcar Orieta, Ricardo García, Daniela Valentini, Silvia Fernández, Jorge Fioria y Eva Enríquez recibieron ayer las notificaciones correspondientes (ver aparte).
Los seis primeros fueron la cabeza de la ahora disuelta Uppri, el organismo administrador de los policlínicos propios I y II. Representaban a los tres gremios inmersos en el instituto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rama Pami, la Unión Trabajadores del Instituto (UTI) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). La dependencia tenía tres directores médicos y tres sindicalistas.
Pero estos ex agentes no son los únicos separados de su cargos. También figuran Daniela Valentini, ex directora ejecutiva de la obra social (durante más de un año); Silvia Fernández, quien ejerció como abogada de la Uppri; Jorge Fioria, el hasta ayer jefe de la agencia Casilda del Pami, y Eva Enríquez, quien se desempeñó a cargo de la oficina de Relaciones con el Beneficiario.
Los despidos se conocieron el jueves y viernes últimos en el seno de la dirección actual del instituto. Y ayer se hicieron públicos ante este diario, casi en el mismo momento en el que se estaban realizando las notificaciones ante escribano público. No obstante, hoy por la mañana el propio Mansilla brindará una conferencia de prensa en la que prometió brindar más detalles.
Hasta el momento, el interventor del Pami local no abundó demasiado en argumentos, aunque se ocupó de destacar que «hubo irregularidades administrativas que provocaron un perjuicio económico al instituto».
Más aún, según pudo saberse los afectados por la determinación ya hicieron conocer «cuestionamientos y quejas», dijo Mansilla.
-¿Qué se les endilga?
-En el caso de Valentini, refrendó disposiciones cuando no tenía autoridad para eso. Por ejemplo, a la hora de hacer acuerdos con empresas privadas.
Los despidos llevan las firmas de los dos mandamás de la obra social, Juan Horacio González Gaviola y José Granero. «Entre los perjuicios económicos, se destaca el contrato con una consultora de salud a la que le delegaron la potestad de administrar el Pami durante 2000 y 2001, cosa que no se podía hacer», dijo Mansilla.
El directivo remarcó que las desvinculaciones pudieron lograrse porque, «se tomó la causa judicial prescripta y se trataron de rastrear consecuencias administrativas; una de las cosas halladas fueron facturas de más de 7.000 pesos pagadas en marzo de este año», dijo a la hora de detallar que todavía en estos días había derivaciones de aquella contratación. «Se encontraron pagos de servicios que no se cumplieron», explicó.
«Creo que lo que ha sucedido da una imagen más que simbólica de la tarea que motivó a esta intervención, es decir llegar al fondo de la cuestión», argumentó Mansilla sobre las cesantías antes de aclarar: «Igualmente, esto fue mucho más lento de lo que hubiéramos deseado, pero los papeles no estaban todos en la biblioteca y hubo que rastrear información que se estaba escondiendo». En este sentido, el interventor agradeció la «causa casi patriótica» del personal que colaboró en las investigaciones.
Los desvinculados
Los empleados destituidos no serán reemplazados, salvo algún caso específico. En su mayoría es personal con categoría J (la más alta), cuyo haber supera los 3.000 pesos. Juan Bautista Barbato fue jefe de Prestaciones Médicas de la ex delegación IX del Pami. Entre otras cosas, también integró el comité de control de gestión y la Uppri. Graciela Ravarotto estuvo básicamente al frente del policlínico Pami I, aunque su último cargo fue el de directora de auditoría del mismo efector. Más allá de su actividad en la obra social, fue candidata a primera concejala en la lista del justicialista Marcelo Muniagurria para la intendencia de Rosario. Miguel Angel Sarcuno se desempeñó como director de la Uppri y subdirector del Pami II. Raúl Praino tenía licencia gremial por ATE-Pami. Perdió las elecciones para secretario general de ese gremio. Ricardo García también estaba en el comité de control de gestión. Es el secretario general de UTI Rosario y adjunto a nivel nacional. Amílcar Orieta también integró el comité de control como representante de UPCN. Daniela Valentini pasó del área jurídica a ser delegada interventora del Pami y Silvia Fernández actuó también en el sector legal, aunque en la Uppri.
fuente: diario La Capital
