Para Desarrollo Social, «hay muchas inconsistencias» en los datos.
La denuncia se basa en datos no corroborados sobre la «fortuna personal» y la compra de dólares de más de 250 mil empadronados en planes para desempleados.
Tras el ruido que provocó la difusión de un informe con supuestos desvíos, no chequeados, en la asignación de planes sociales para desempleados, el fiscal Guillermo Marijuan amenazó este lunes con pedir la suspensión del Programa Potenciar Trabajo y reclamar el reempadronamiento de los beneficiarios.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, reiteraron que los datos que circularon con respecto a la cantidad de beneficiarios que supuestamente habrían comprado divisas, presentado declaración jurada de Bienes Personales e incurrirían en otras manifestaciones de riqueza, «son inconsistentes» y están siendo sometidos a revisión técnica. Este martes se espera que la titular del área, Victoria Tolosa Paz, brinde un informe oficial por comunicado o conferencia de prensa.
Los supuestos datos de las irregularidades que presentaban una significativa cantidad de beneficiarios de planes sociales fueron atribuidos a un informe de la AFIP. Así lo la semana pasada el portal Infobae. A partir de esta publicación, el fiscal Guillermo Marijuan le solicitó al Ministerio de Desarrollo Social el listado completo de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Este lunes, Marijuan decidió dar un paso más: realizó una denuncia por defraudación contra la administración pública a los beneficiarios de planes sociales involucrados en dichas irregularidades.
Hasta ese momento, el fiscal no había accedido –según admitió en entrevista radial– al informe completo de la AFIP y sólo se había manejado con la denuncia periodística. Marijuan reconoció que recién después de analizar ese informe, podría determinar si corresponde pedir la suspensión del beneficio. Sin embargo, anticipó que, con la investigación ya iniciada, se deberá suspender el pago del beneficio a quienes están denunciados por dichas irregularidades.
«No se puede estigmatizar así a todos los que reciben un plan, poniéndolos bajo sospecha de haber trampeado los datos para acceder», manifestó una fuente oficial con respecto a los dichos de Marijuan. «Tampoco se puede esperar que el Ministerio le saque el beneficio a más de un cuarto de los beneficiarios por datos que trascendieron y que, por lo menos, presentan muchas inconsistencias», agregó.
Uno de los datos atribuidos a la AFIP, que serían parte de un informe solicitado en octubre por Juan Zabaleta, ex titular de Desarrollo Social, es que 253.184 personas beneficiarias del Programa Potenciar Trabajo tienen presentada declaración jurada en Bienes Personales. «Hay 1,1 millón de personas que declaran en Bienes Personales, ¿alguien puede creer que sea posible que la cuarta parte de esos contribuyentes perciban un plan social?», señaló una fuente de Desarrollo Social.
Antes del fin de semana, ya hubo una primera reunión de equipos técnicos de la AFIP y de desarrollo Social, tratando de despejar las dudas sobre la veracidad de las conclusiones que se sacaron sobre los datos que tomaron estado público. «Hay muchas discrepancias con los datos que se le atribuyen al informe de AFIP, seguramente hay casos de irregularidades pero muy lejos de las cifras que se están publicando», indicó una fuente ministerial.
Consultado por Página 12, otro ex ministro del área, Daniel Arroyo, respaldó las medidas que se tomaron desde el Ministerio de Desarrollo Social para realizar un análisis de los planes sociales. “Se debe hacer una revisión muy clara en cada caso puntual y el entrecruzamiento de datos tiene que dejar afuera a quien no le corresponda ser parte del programa”, consideró. “Hay que ser muy prudentes en el manejo de la información», recomendó.
“Para ingresar al Potenciar Trabajo, las personas deben anotarse en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP). Y luego esos datos se entrecruzan con la base nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) y allí se excluyen a las personas que tengan bienes, patrimonio o trabajo formal. Por otro lado, se llevan adelante auditorías de la contraprestación que deben realizar quienes integran el programa”, repasó Arroyo.
Con relación a los casos de compra de dólares, señaló que “hay una normativa muy clara que regula a los planes sociales y el Banco Central tiene un mecanismo que impide a los bancos ofrecer acceso directo al dólar ahorro a quienes forman parte de programas sociales y también a los funcionarios públicos”.
