Se aprobó la ley que reduce el número de concejales en Rosario. La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el primer tramo de la reforma política propuesta por el gobernador santafesino, Carlos Reutemann. Pero si bien tiene algunos detalles positivos, la estrategia general parece más orientada a perjudicar a los pequeños partidos y asegurar más bancas al justicialismo… El voto de la mayoría peronista, que tornó inocuo el rechazo unánime de los legisladores de la oposición, selló el destino de los Concejos Deliberantes de Rosario y Santa Fe, cuyo número de bancas quedará reducido a la mitad: de 43 ediles a 21 y de 23 a 12, respectivamente.
El segundo paso de la reforma, que se discutirá la semana próxima, se refiere a la ley de campañas electorales y al proyecto de revocatoria de mandatos en el orden municipal, que se tratará posteriormente.
El eje de la flamante ley (que respetó las reformas introducidas en Senadores) pasa por el recorte del gasto político en los órganos legislativos municipales, lo que fue denostado por los bloques opositores en la sesión ordinaria de ayer porque reforma varios artículos de la ley orgánica de municipios y comunas. Entre ellos, el artículo 2, al que se le agregó que las autoridades municipales «deberán dar a conocer la nómina de todas las autoridades políticas y agentes que prestan servicios en el municipio, consignándose los haberes totales que cada uno percibe y todo pago que el ente disponga en provecho del mismo».
La reforma más significativa dispone (artículo 23) que los Concejos de las ciudades con menos de 200 mil habitantes mantengan la cantidad de ediles actuales pero que su número no podrá aumentarse en el futuro.
Para Rosario y Santa Fe establece que por los primeros doscientos mil habitantes se elegirán 10 concejales, a lo que se agregará uno por cada sesenta mil o fracción no inferior a treinta mil. El mandato de los ediles será de cuatro años y la renovación de ambos cuerpo deliberativos será bianual y por mitades. La poda en Rosario (de 42 escaños a 21) y Santa Fe (de 23 a 12) será progresiva. Comenzará con los cargos que corresponda renovar, primero en el 2003 para llegar en el 2005 al número que exige la flamante norma.
En su artículo 2 (complementario) la ley limita el gasto de los Concejos al 2% del presupuesto del gasto público consolidado en las respectivas municipalidades, pero luego aclara que esta disposición regirá en cada Municipalidad «una vez que sea ratificada por ordenanza», lo que la torna facultativa y no imperativa.
El diputado Ricardo Alvarez (PJ) fundamentó el proyecto en que se trata del primer paso para responder «al clamor de la gente que exige el recorte de los gastos políticos y la reducción de los presupuestos de los Concejos Municipales». «Aunque no es todo lo que queremos -señalo luego-, resulta el primer paso para un profundo cambio de la política en la provincia».
«No es serio ni puede haber reforma si previamente no se deroga la ley de lemas y si no se modifica la Constitución», coincidieron Eduardo Di Pollina (PS) y Carlos Favario (PDP) luego de que la oposición fracasara en el intento por mandar el proyecto a comisión.
Para Di Pollina, achicar ambos Concejos perjudicará a los partidos menores y la reducción progresiva «rompe una correlación de fuerzas y quiebra la representatividad». Por Convergencia Radical, el diputado Federico Pezz planteó nuevamente su rechazo al proyecto del oficialismo al sostener que sobre la base de las autonomías municipales, como lo establece la Constitución provincial, los habitantes de cada ciudad «tienen que ser los que definan la cantidad de concejales y su correspondiente presupuesto». No menos cáustico, Angel D’Ambrosio (Radicales en la Alianza) dijo que la norma que no avanza en el mismo sentido que los reclamos y requerimientos de la gente.
Lo que viene
La semana próxima la Cámara baja daría sanción al proyecto (con media sanción del Senado) que limita drásticamente la duración de las campañas electorales en la provincia y todo lo que tiene que ver con los gastos de campañas, publicidad oficial y encuestas. A este proyecto, con dictamen consensuado de Asuntos Constitucionales, le seguiría el mensaje del Ejecutivo sobre revocatoria de mandatos y otras formas de instituciones de democracia semidirecta, sobre lo cual también hay consenso.
