Se lo acusa de jefes de dicha asociación ilícita y a las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda de la Nación y del Banco Central de la República Argentina como sus organizadores.
Denunciaron penalmente a Mauricio Macri y Christine Lagarde, ex Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es por el plan de salvataje del organismo para intentar ayudar al presidente a ser reelecto, a costa de dejar al país en una frágil situación. La denuncia la hizo Juan Grabois. La CTEP realiza una intervención en el Banco Central para visibilizar y denunciar lo que caracteriza como un “plan bomba” para la economía Argentina.
La denuncia también implica a Nicolás Dujovne y otras autoridades que pudieran resultar responsables por los hechos que se exponen a continuación y que se subsumen en los artículos 174 inciso 5º, 210 y 248 del Código Penal.
DETALLE DE LA DENUNCIA
1. ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
El martes 8 de mayo de 2018 el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, anunció la decisión de solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) una “línea de apoyo financiero para la Argentina” ante las condiciones “más complejas” que existen a nivel internacional.
El 7 de junio de ese año el FMI anunció en su página web un entendimiento de su personal técnico con la República Argentina para la celebración de un acuerdo stand-by de tres años por cincuenta mil millones de dólares.
El artículo 60 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece que las entidades de la administación nacional no pueden formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica y que dicha ley debe indicar un mínimo de características de las operaciones de crédito, a saber: tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa; monto máximo autorizado para la operación; plazo mínimo de amortización y destino del financiamiento. Asimismo, establece que si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente.
2. ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En octubre de 2018 se anunció un nuevo acuerdo, el mayor en la historia del organismo que dirigía Lagarde, que elevó la asistencia financiera al país a cincuenta y seis mil trescientos millones de dólares hasta 2021.
El nuevo acuerdo puso en evidencia que el programa original resultaba insuficiente para asegurar la capacidad de pago de la deuda. A principios de junio del corriente año, la ex Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional sostuvo que el organismo a su cargo “subestimó” la situación “complicada” de Argentina al inicio del programa con el organismo de crédito. En palabras textuales, Lagarde afirmó que “varios actores, entre los que me incluyo, subestimamos la situación”.
Un gigantesco fraude en perjuicio de la administración pública nacional que no podría haber sido cometido sin la participación de la señora Christine Lagarde quien, para ello, debió violentar incluso el Reglamento del Fondo Monetario Internacional, en particular el capítulo L sobre transferencias de capital. En efecto, el Presidente de la Nación, la Sra. Lagarde y los agentes del Fondo Monetario Internacional, así como las autoridades del Ministerio de Hacienda de la Nación y del Banco Central de la República Argentina, no podían desconocer las limitaciones de la República Argentina en sus capacidades de repago. Es evidente que al afirmar, a pocos meses de modificado el acuerdo original, que se subestimó la situación de nuestro país, la Sra. Lagarde pretende presentar como negligente una conducta manifiestamente dolosa.
Además, tal como han expresado públicamente agentes técnicos del Fondo Monetario Internacional, tanto el acuerdo original como las revisiones posteriores han tenido como finalidad principal la de asegurarle a los acreedores externos privados el pago de los servicios e intereses de la deuda externa y la estabilidad cambiaria, es decir, asegurar la fuga de capitales.
3. ASOCIACIÓN ILÍCITA
Por sus funciones, cabe señalar al Presidente Macri y a la Sra. Lagarde como jefes de dicha asociación ilícita y a las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda de la Nación y del Banco Central de la República Argentina como sus organizadores.
