El 28 de Junio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que autoriza la ligadura de trompas y la vasectomía en forma gratuita en obras sociales y hospitales públicos en todo el país, a mujeres y hombres que decidan voluntariamente ese método anticonceptivo. El proyecto tuvo el voto a favor de 147 legisladores, 41 en contra y 2 abstenciones. Fue el resultado del consenso de seis propuestas de las diputadas Juliana Marino, Marcela Rodríguez, María del Carmen Rico, Graciela Gutiérrez, Irene Bosh de Sartori y María E. Barbagelatta.
Ahora quedaría a la Cámara de Senadores transformar este proyecto en ley, para que mujeres y hombres mayores de 21 años puedan optar realizarse una operación quirúrgica para controlar su fertilidad, sin necesidad de indicación médica, ni autorización judicial ni de su pareja.
Si bien la Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable obliga a los servicios públicos de salud a garantizar métodos anticonceptivos (preservativos, DIU, píldoras, inyectables), no contempla la anticoncepción quirúrgica.
La medida recoge la necesidad de actuar frente a la urgencia sanitaria. El Diario Uno digital de Paraná, informa el 2/07 sobre una investigación realizada en los hospitales de Entre Ríos que concluye que, el año pasado ingresaron a los hospitales públicos 1.513 mujeres con un aborto en curso, provocado o espontáneo.
Esto representa 4 abortos por día. Se trata de mujeres que en promedio van entre los 25 y 34 años, aunque también se presentan en mucho menor índice embarazaos no deseados en la adolescencia que terminan en aborto.
No es la joven que inicia su vida sexual, ni la que tiene acceso a elegir libremente el rumbo de su vida la que decide ligarse las trompas, sino la madre de cinco, seis o siete hijos cuya vida peligra. La ligadura de trompas supone un conflicto interno que es posible comprender si se tienen en cuenta infinitas dificultades sociales y económicas en las que los deseos individuales generalmente no cuentan.
El debate con quienes se oponen a este proyecto se concentra en la posibilidad de revertir el procedimiento, lo que implica una nueva cirugía, ya que no es un método de esterilización. Pero, no obstante la opinión de la ciencia, la iglesia Católica se ha opuesto. Los obispos han publicado un documento en el que entre otras cosas, expresan: “(…) constituye una forma de discriminación hacia los más pobres, dado que la esterilización no soluciona la pobreza, limitándose a impedir nuevos nacimientos. Los problemas económicos y sociales requieren soluciones económicas y sociales, no médicas”.
“No nos confunde su opinión, por lo contrario, entendemos que la opción planteada es falsa. Advertimos que se subestima la capacidad de decidir libremente una procreación responsable de los hombres y de las mujeres, por ello la defendemos y exigimos sea respetada”, fue la respuesta de las mujeres que participan de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que pelean por “ la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y gratuito para no morir”.
Catorce provincias, aunque con diferencias entre ellas, garantizan por ley ese derecho, y las estadísticas indican que solo el 2% de las mujeres solicita el método anticonceptivo quirúrgico de ligarse las trompas, entendiéndolo como medida extrema.
