En medio de la avanzada de rapiña que ordena una jueza de Nueva York, el gobierno pasa la motosierra y achica la planta en la Procuración del Tesoro, organismo que representa y defiende al Estado nacional en los juicios.
Después de las denuncias de una supuesta filtración de información reservada del juicio de YPF que se lleva adelante en Nueva York, el Gobierno oficializó este jueves la aprobación de una reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación que no solo establece cambios en el organigrama sino también la eliminación de organismos que hasta ahora la componían, por ejemplo, la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. El Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial lleva las firmas de Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Paradójicamente, la Procuración –y también su desguace–, está a cargo de Santiago Castro Videla que, a su vez, es socio del abogado constitucionalista Alberto Bianchi, quien fue contratado como testigo experto para declarar en favor de Burford Capital, el fondo que compró el litigio del Grupo Petersen, y que logró que la justicia estadounidense fallara contra la Argentina en el juicio por la estatización de la petrolera. La resolución de la jueza neoyorquina Loretta Preska ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
Para quienes conocen el funcionamiento de la Procuración del Tesoro “esto, en realidad, es el estudio de Bianchi desarmando la defensa del Estado argentino”, publicó el diario Página 12. La reestructuración, así como el despido de 60 funcionarios, había sido adelantada por el gobierno este miércoles.
El Estado argentino se enfrenta en esa contienda legal contra el Fondo Burford, que compró los derechos de litigio de la quiebra de 2 empresas del grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, que controlaba el 25% de YPF antes de la reestatización accionario de la petrolera, que fue impulsada por la gestión de Cristina Fernández Kirchner.
Aquellos que conocen el funcionamiento interno de de la Procuración advirtieron que “el supuesto escándalo de la filtración vendría como anillo al dedo, para justificar el vaciamiento”. Además, alertan que esa supuesta “reestructuración”, caería sobre la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), que es un órgano de capacitación especializada de los asesores jurídicos y abogados litigantes que actúan para el Estado.
EEUU se sumó a los países que defienden a Argentina
En tanto, el Gobierno de Estados Unidos anunció, a través del Departamento de Justicia, que presentará ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York un escrito en defensa de la posición de Argentina en la causa YPF, según publicaron medios internacionales como el País de España.
La intervención de EE.UU. se fundamenta en la defensa de la inmunidad soberana. El gobierno estadounidense considera que la orden de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, de entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF, podría sentar un precedente peligroso. Este precedente permitiría tomar medidas similares contra empresas o activos soberanos de EE.UU. en el futuro, publicó La Nación.
En el ámbito legal estadounidense, es habitual que distintos países presenten su opinión sobre un caso cuando un soberano está involucrado como una de las partes. Esta figura se conoce como amicus curiae, que en latín significa “amigo de la corte”.
A lo largo del juicio de YPF, la Cancillería informó sobre este proceso a varios países, y Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador presentaron sus escritos a favor del país
Fuente: Redacción Rosario