El gobernador de Santa Fe propuso una nueva intervención de la agroexportadora a través de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia. Se haría dentro del marco del concurso preventivo de acreedores.
El gobernador Omar Perotti anunció el Viernes 19 la “opción superadora” para evitar la expropiación de Vicentin, la agroexportadora que entró en default por u$s 1.400 millones.
El nuevo plan consiste en una intervención provincial de la empresa, a desarrollar en el marco del concurso preventivo que se sustancia en Reconquista, y que tendrá vigencia durante todo el tiempo que dure el proceso concursal.
Durante ese lapso, que excede los sesenta días previstos originalmente, se negociará con los acreedores y distintos actores del agro una fórmula para capitalizar deudas, rescatar la empresa y reconstituir la confianza para que los productores le vuelvan a vender granos.
En ese sentido, no entran en el esquema los actuales dueños de la compañía defaulteada. “Los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”, argumenta el escrito presentado por el gobierno de Santa Fe.
La medida llegó el mismo día en que el juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, dictaminó parcialmente a favor de un recurso de los dueños de Vicentin, por el cual repuso en la conducción de la empresa al directorio que la llevó al default, y recortó las facultades de la intervención nacional, limitándolas a un rol de «Veedor Controlador»
El gobierno provincial y la administración nacional pidieron al juez que revea la medida, a cambio de despejar la vía de la expropiación que el presidente Alberto Fernández había propuesto al Congreso nacional. “El juez tiene en sus manos la posibilidad de dar marcha atrás con la expropiación”, apuró el gobernador Perotti desde la Residencia de Olivos, donde se reunió con el jefe del Estado nacional para cerrar la nueva estrategia.
La vía elegida, según explicó Perotti, sería la de extender la intervención pero en el marco del proceso concursal, que involucra a 2.600 acreedores. Se mantendrían los funcionarios ya designados por Fernández, Gabriel Delgado y Luciano Zarich, a quienes se suma un interventor provincial. El elegido es Alejandro Bento.
“Esto no puede hacerse sin el respaldo del gobierno nacional”, se esmeró en aclarar el gobernador, quien elogió a Fernández: “Nos pidió una propuesta superadora, se la trajimos y la aceptó”.
En este sentido, Perotti dejó en claro que se necesitará del aporte económico del gobierno nacional para hacer viable este nuevo proceso de intervención judicial a la empresa.
Al mismo tiempo, volvió a convocar a las cooperativas como ACA y AFA para participar de un proceso de rescate de la empresa, que requiere para volver a funcionar de recuperar la confianza de los productores, que son los que entregaron el grano a Vicentin y no lo recuperaron. “El 11 de junio, el dueño de Vicentin pidió al presidente que intervenga en la empresa porque ellos habían perdido la confianza y así no podía funcionar”, relató el gobernador.
En la presentación que hizo la abogada María Victoria Stratta, a la que tuvo acceso La Capital, afirma que la Inspección General de Personas Jurídicas cuenta con las atribuciones para solicitar la intervención judicial y pasa a reseñar el impacto que tuvo el default de Vicentin en la provincia.
“Vicentin Saic explota un importante número de empresas en la provincia de Santa Fe. Su actividad está ligada al desarrollo regional, más allá de la extensión del volumen de sus negocios y establecimientos nacionales e internacionales que más adelante se mencionan”, sostiene, y agrega: “El análisis liminar de la conformación del activo y el pasivo que denuncia indica que para evitar —a través de la solución concursal— la liquidación, resulta imprescindible contar con el flujo de fondos que genere su giro empresario”.
Es allí donde la presentación de la provincia promueve directamente el apartamiento de los directivos de Vicentin, precisamente para que la intervención pueda tener control de “la caja” de la empresa.
“Esa obtención de recursos está directamente ligada a la función de administración societaria, que es la de gestión. Gran parte de sus acreedores son productores agropecuarios y proveedores de bienes y servicios con radicación en la provincia de Santa Fe, cuya suerte también está comprometida. Existe un entramado societario que requiere control”, sostiene el escrito, cuyo punto siguiente expresamente abiertamente la incompetencia de los CEOs de la firma para enfrentar este proceso. “Los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”, subraya.
Fuente parcial: LaCapital.com.ar
