Mucho ms lenta que el agua

Desde Santa Fe

Una audiencia pública de la Cámara Penal ventiló ayer si la justicia santafesina ya perdió el derecho de juzgar a los tres imputados por la tragedia del río Salado, en 2003: El ex intendente Marcelo Alvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti, a quienes se acusa por supuesto «estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas». La investigación está parada desde hace un año por un planteo de Alvarez que solicitó su sobreseimiento y el cierre de la causa por «prescripción de la acción penal». En abril, el juez Cristian Fiz rechazó el recurso, pero la defensa apeló el fallo. Ayer, la Sala II integrada por los jueces Roberto Prieu Mántaras, Jaquelina Balangione y Roberto Reyes volvió a escuchar el planteo del abogado de Alvarez y el retruque de la fiscal Liliana Lauxmann y anunció que se tomará el «plazo legal» para resolver, que es de diez días. Pero si el tribunal ratifica la resolución del juez Fiz, el abogado Pablo Guastavino -que defiende al ex intendente﷓ ya anunció que recurrirá ante «la Corte Suprema de la provincia, la Corte Suprema de la Nación y los tribunales internacionales». Lo que significa que la investigación seguirá frenada uno o dos años más, a pesar de que la fiscal Mariela Jiménez insistió que «el juicio debe terminar en una sentencia porque la sociedad se merece una respuesta» tras una catástrofe dejó 23 muertos, decenas de secuelados y daños en un tercio de la ciudad.

Guastavino volvió a pedirle a la Cámara que archive el expediente que ya tiene 15 cuerpos y exculpe a su defendido. Los abogados de los otros dos imputados: Berli y Fratti no participaron en la audiencia.

A principios de abril, en el fallo que rechazó la prescripción el juez Fiz admitió el «legítimo derecho» de Alvarez, Berli y Fratti «a ser juzgados en un plazo razonable», como mandan los «pactos internacionales» incorporados a la Constitución, en 1994. Pero también reconoció el «derecho de las víctimas y de sus familiares» a que el juicio termine con una «sentencia definitiva».

En la audiencia de ayer, Guastavino citó el fallo de Fiz, pero sólo la primera parte que aludió al derecho de su defendido. No dijo nada de la segunda, que reivindicó el «derecho de las víctimas». «El plazo razonable ya se cumplió», insistió el defensor. El delito que se les imputa a los acusados tiene una pena de cinco años y ya «transcurrieron 11 años» desde el arranque de la causa, en 2003. Y anunció que ante un fallo adverso de la Cámara, apelará ante la Corte de la provincia, la Corte nacional y los tribunales internacionales por «denegación de justicia» e «incumplimiento del plazo razonable».

La fiscal Lauxmann solicitó a la Cámara que desestime el planteo de la defensa y confirme la resolución del juez Fiz. Lo fundamentó en el artículo 67 del Código Penal que «suspende el plazo de la prescripción para los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, mientras cualquiera de los funcionarios se encuentre desempeñando un cargo público». Después del gobierno de Reutemann, en 2003, Alvarez y Berli volvieron a sus cargos públicos.

En el debate, Lauxmann fue acompañada por los fiscales Jiménez y Jorge Andrés, designados por el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, para acelerar la investigación. «Para la Fiscalía, la causa no está prescripta», dijo Jiménez al salir de la sala de audiencias. «El proceso tiene que concluir en una sentencia y lo más importante: darle una respuesta a la sociedad, que es lo que está esperando en esta causa.

La fiscal dijo que el planteo de prescripción es de orden público y debe ser tratado porque suspende el trámite de la causa. «Desde la Fiscalía, haremos todo lo posible para que esto no se haga más largo de lo que ha se ha hecho. La sociedad se merece un juicio que termine en una sentencia», agregó.

En la puerta, aguardaban algunos damnificados por la tragedia. «Hace once años que esperamos justicia», dijo Marta Giavi, de las Marcha de las Antorchas.