Mentiras y verdades de comunas y municipios
Estudiando sobre censos de población y padrones electorales encontramos esta interesante nota que queremos compartir con nuestros lectores. Fue escrita en el 2004 pero sigue siendo muy educativa y esclarecedora.
Estudiando sobre censos de población y padrones electorales encontramos esta interesante nota que queremos compartir con nuestros lectores. Fue escrita en el 2004 pero sigue siendo muy educativa y esclarecedora.
Estudiando sobre censos de población y padrones electorales encontramos esta interesante nota que queremos compartir con nuestros lectores. Fue escrita en el 2004 pero sigue siendo muy educativa y esclarecedora.
Por Ivana Fux 21/01/2004
El censo 2001 confirmó una realidad que exige corregir el mapa provincial
El último relevamiento poblacional determinó que cinco ciudades no llegan a los 10 mil habitantes. Casi setenta comunas tampoco reúnen el mínimo exigido por la ley. Se analizan salidas pero condicionadas por la crisis y el costo político.
Los resultados del censo poblacional 2001 confirmaron una realidad que ya se advertía a través de las últimas proyecciones oficiales. Las cifras renovaron una polémica que surge cada vez que se analiza la demografía y la constitución política provincial.
Los nuevos guarismos certifican que 5 ciudades no deberían ostentar ese rango y que 69 comunas no cuentan con el mínimo de habitantes requerido para poseer tal organización.
De acuerdo al Artículo 106 de la Constitución Provincial, “las poblaciones que tengan más de diez mil habitantes se organizarán como municipios por ley que la Legislatura dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición, como comunas”. El mismo enunciado respetan las leyes Orgánicas de Municipalidades y Comunas, en sus primeros artículos.
En cumplimiento de dichos mandatos, el último relevamiento de población revela que cinco municipios no deberían serlo: Frontera (Dto. Castellanos) con 9.481 habitantes, Totoras (Dto. Iriondo) con 9.534, Villa Cañás (Dto. Gral. López) con 9308, Malabrigo (Dto. Gral. Obligado) con 7.035, y Sastre (Dto. San Martín) con apenas 5.534.
Otras seis ciudades recién a partir de este censo superan los diez mil pobladores, pero hace más de una década que son gobernadas por municipalidades: Las Toscas (Dto. Gral. Obligado) con 11.807, Roldán (Dto. San Lorenzo) con 11.470, Puerto General San Martín (Dto. San Lorenzo) con 10.882, El Trébol (Dto. San Martín) con 10.496, San Carlos Centro (Dto. Las Colonias) con 10.425 y Calchaquí (Dto. Vera) con 10.190.
Corregir esta situación demanda un costo social pero sobre todo, político. Hay quienes apelan a lo irrisorio del tema ya que sólo Sastre y Malabrigo aparecen con diferencias marcadas respecto del mínimo poblacional exigido por la Constitución.
Pero la anomalía se vino alimentando durante años y ello generó beneficios indebidos para algunos en detrimento de otros.
Transformar un pueblo en ciudad no es una cuestión de capricho. Conlleva ventajas políticas y económicas. El régimen de coparticipación vigente hasta la firma de los últimos pactos entre Provincias y Nación establecía distribuir entre los municipios el ocho por ciento de todo lo recaudado en impuestos nacionales e Ingresos Brutos, mientras que sólo el tres por ciento del remanente se repartía entre las comunas.
El rédito político se sustenta en una forma de gobierno que demanda un intendente y su respectivo gabinete, un Concejo deliberante de por lo menos seis integrantes, más las estructuras administrativas de asesores, secretarios, cargos y vacantes que caracterizan a la función pública.
Con las ventajas a la vista, la génesis del problema debe buscarse entonces en quienes impulsaron las leyes que permitieron crear ciudades al margen del propio mandato constitucional.
Curiosamente, todas esas normas fueron sancionadas entre 1986 y 1987, cuando la provincia era gobernada por José María Vernet. Oficialistas y opositores habían inventado un cambio de figuritas y negociaron un paquete con pueblos de toda la provincia para que fueran transformados en ciudades. El argumento era apostar al crecimiento, al desarrollo y al progreso de estos centros, aun transgrediendo la Constitución que invocaban en sus leyes.
“Peor que esto es robar. Con ello se viola la legislación y todos los derechos”, dijo Carlos Galeano, ex senador por el departamento San Martín, al ser consultado sobre la ley que impulsó en 1986 para declarar ciudad a la localidad de Sastre.
Las comunas
Si el Censo y las leyes se aplican, el mapa comunal también se vería notablemente modificado. De las 315 administraciones de este tipo, 69 deberían desaparecer.
En el departamento Las Colonias no alcanzan los 500 habitantes las localidades de Cavour (306), Cululú (417), Empalme San Carlos (411), Ituzaingó (119), Jacinto Arauz (213), Pujato Norte (179), Rivadavia (281), San José (427), San Mariano (427), Santa María Centro (205), Santa María Norte (289) y Soutomayor (245). En el departamento La Capital sólo aparece Cabal con 190 habitantes.
El caso más paradigmático de toda la provincia es la localidad de Juan de Garay, en el departamento Nueve de Julio, con apenas 46 habitantes. Otros casos son Esther con 113 (Dto. San Justo), San Bernardo con 105 (Dto. San Justo), Campo Piaggio con 116 (Dto. San Gerónimo), Colonia Clara con 116 (Dto. San Cristóbal), y Theobald con 301 habitantes (Dto. Constitución).
Recreo, en cambio, debería ascender al rango de ciudad por superar el mínimo y llegar incluso a los 12.790 habitantes.
Subsanar esta situación y aplicar los nuevos guarismos demanda por estas horas una discusión que ocupa a las principales autoridades del gobierno santafesino.
La premisa pasa por no aumentar el gasto público, descontralado en otras épocas. Reducirlo podría lograrse transformando en comisiones comunales las cinco municipalidades que no lo son. También, borrando a las casi setenta comunas que no llegan a los 500 habitantes. Aunque es certero admitir que estas células, en muchos casos, constituyen la única posibilidad de brindar prestaciones esenciales.
Como contrapartida, convertir a Recreo en ciudad aumentaría las erogaciones públicas, pero optimizaría los servicios para una comunidad que tiene derechos legítimos para reclamarlos. Si se contempla el rigor de los números y a pesar de los cada vez más recortados presupuestos locales, también debería incrementarse el cupo de concejales en por lo menos seis ciudades de la provincia.
Por eso será imprescindible encontrar una instancia intemedia que permita ajustar la realidad lo más que se pueda al texto constitucional, sin soslayar el contexto económico y social.
Deberá estudiarse la posibilidad de fusionar aquellas comunas ubicadas en un radio cercano, de forma tal que su desaparición no implique privar a ningún vecino de los servicios elementales. Deberá frenarse o graduarse la incorporación de nuevos miembros en los Concejos de las grandes ciudades y agotar las vías para corregir la ilegitimidad en municipios con menos de 10 mil habitantes.
El consenso y la sagacidad que llevaron en un momento a votar leyes apartadas de la Constitución deberán encontrarse ahora para reconciliar las conductas políticas con sus mandatos, condicionados ahora por las limitaciones que impone la coyuntura actual.
