Los privados rechazan los topes que Educación fijó en las cuotas
Las escuelas de enseñanza privada salieron ayer con los tapones de punta contra el Ministerio de Educación provincial. Es que rechazan la resolución que impuso tope en el cobro de aranceles y que fijó un techo de 38 pesos para la cuota mensual voluntaria para las escuelas del sector subsidiadas en un 100 por ciento. Las escuelas de enseñanza privada salieron ayer con los tapones de punta contra el Ministerio de Educación provincial. Es que rechazan la resolución que impuso tope en el cobro de aranceles y que fijó un techo de 38 pesos para la cuota mensual voluntaria para las escuelas del sector subsidiadas en un 100 por ciento. Las tres federaciones que agrupan a los 700 colegios privados habilitados en la provincia presentaron un recurso administrativo contra la norma «porque genera precariedad» y anticiparon que «resulta imposible» ponerla en práctica. Incluso ya amenazaron con el cierre de algunos establecimientos al anunciar que «no se podrán sostener».
La resolución del 3 de febrero pasado, dictada por el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, causó un profundo impacto en la comunidad educativa. En rigor, la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (Jaec), la Federación Santafesina de Institutos de Enseñanza Privada (Fesaiep) y la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados (Fediap) salieron al cruce de la decisión ministerial.
En la norma se impusieron nuevos topes a los aranceles que los colegios están facultados a cobrar a sus alumnos de acuerdo al porcentaje de subsidio que perciben de la provincia.
Para el caso de los establecimientos que reciben el 100 por ciento de fondos estatales, las contribuciones de carácter voluntario nunca deben pasar los 37,50 pesos (25 pesos por la enseñanza programática y 12,50 por la extraprogramática). Hasta el año pasado el total era de 50 pesos como tope máximo.
El factor más polémico fue la reducción de los módulos extraprogramáticos de 5 pesos cada uno a 2,50, elemento que -según se denunció desde el sector- complica «sensiblemente» la ecuación económico-financiera de la enseñanza privada.
La gestión privada representa el 30 por ciento de la educación formal en Santa Fe y para Rosario la cifra se eleva al 45 por ciento. Se trata de 700 establecimientos que albergan a más de 200 mil alumnos en el territorio santafesino.
«Estamos a días del inicio de clases en medio de una gran confusión entre los padres y una profunda preocupación en los colegios», señaló el titular de Jaec, Walter Van Meegrot, al revelar que «en los últimos 10 años la enseñanza privada ha soportado aumentos en sus costos de hasta el 200 por ciento».
Según se indicó en la conferencia de prensa de ayer, todos los representantes de las instituciones privadas denunciaron la «falta de previsibilidad a futuro de una resolución que carece de razonabilidad», produciendo a su vez «poca claridad en la comunicación a los padres, quienes el año pasado supieron con precisión cómo se iba a ejecutar el presupuesto anual para el 2003 en cada uno de los establecimientos».
Si bien los dirigentes reconocieron la competencia del gobierno provincial en el funcionamiento y supervisión de las escuelas privadas, consideraron que esta función debe ejercerse «según parámetros objetivos de razonabilidad, equidad y justicia retributiva». Es más, advirtieron que «el aporte del Estado para cubrir sueldos no representa dádivas, ni favores graciables».
Desde ayer, las federaciones están en pie de guerra y buscan revertir la situación por la vía administrativa. En rigor, ya presentaron ante el ministerio una revocatoria a la disposición, al considerarla «de imposible cumplimiento» y solicitaron «su adecuación a valores reales de la actualidad, con la rediscusión de los montos según los niveles educativos, inicial, medio o técnico».
Pese a lo dispuesto por la gestión Germano, la postura de los privados es mantener el statu quo previo a la resolución. «Se les dirá a los padres que se continuará cobrando a valores del año pasado, hasta tanto se expida el ministerio sobre el recurso que presentamos», se remarcó en la rueda de prensa.
De no prosperar las gestiones, el avance de un conflicto será inevitable. Incluso, según sentenció el titular de Jaec, «resultará muy difícil sostener el servicio educativo porque a futuro se verá resentido».
A su turno, Rodolfo Enrique, titular de Fediap, hizo hincapié en los costos que deben absorber las entidades privadas. «Seguro de responsabilidad civil, ART de los profesores, contratos para liquidación de sueldos y hasta el impuesto al cheque por valores que son para el pago de salarios», enumeró.
Por último resultó llamativo el vacío que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) dejó en la preservación de las fuentes de trabajo de sus afiliados. «Hasta el momento no hemos tenido ninguna notificación del gremio expresando su preocupación por esta situación que afecta los puestos de empleo», reveló Van Meegrot.
La Iglesia está dispuesta a llevar el tema a la Justicia
La Iglesia Católica de la capital provincial está dispuesta a recurrir a la Justicia para impugnar la resolución del Ministerio de Educación de imponer un tope a las cuotas de los colegios privados que perciben el 100% de aporte estatal.
«Vamos a interponer en primer lugar un recurso administrativo y en caso de ser necesario acudiremos a la Justicia para obtener una disposición de no innovar», anunció ayer en conferencia de prensa el delegado episcopal para la Educación de la arquidiócesis capitalina, presbítero José Luis Ayala.
En directa respuesta al director provincial de Enseñanza Privada, Vicente Serra, el religioso cuestionó «el grado de desconocimiento de la realidad de la educación pública de gestión privada por parte de quienes tienen a su cargo las políticas del área, porque parecen ignorar los gastos que las instituciones educativas privadas deben asumir con sus propios recursos para poder mantener sus puertas abiertas».
El delegado episcopal para la Educación sostuvo que la resolución de la cartera santafesina, además de «no contemplar para nada el crecimiento vegetativo» en las escuelas privadas, «cercena el derecho constitucional que asiste a los padres de elegir la educación que ellos quieren para sus hijos».
«Si seguimos presionando a la educación privada -advirtió-, un gran sector de nuestra población se va a quedar sin ella».
Para Ayala «existen las escuelas periféricas, que son las más robadas y que son mantenidas por los docentes, porque los alumnos no pueden pagar las cuotas», y por otro lado «las privadas confesionales de los barrios y las del centro que, en su mayoría, no están subvencionadas en un 100%, sino entre un 60% y 80%», y que requieren de mucho dinero para mantenerlas. Y si no cobran las cuotas, es imposible su funcionamiento. En estos momentos, en vez de nivelar para arriba se ve que se pretende nivelar para abajo», sentenció.
A modo de «contrapropuesta» a la iniciativa oficial, el sacerdote santafesino sugirió que «si el gobierno quiere que todos tengan los mismos derechos, que subvencione realmente el 100% de las escuelas, porque por cuenta de colegios corre el pago de la luz, y el teléfono, entre otros gastos», se explayó Ayala.
