Demandó al juez de Reconquista que defina una intervención con funciones y plazos porque la conducción siguió profundizando el vaciamiento de la empresa.
La provincia de Santa Fe insistió esta mañana en el pedido de separación del directorio de la empresa Vicentin en la etapa de alegatos del proceso abierto en el que la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), a cargo de María Victoria Stratta, busca la intervención de la agroexportadora, en la convicción de que existió un vaciamiento corporativo de la compañía, lo que derivó en la cesación de pagos a acreedores bancarios y comerciales.
La IGPJ de la provincia pidió al juez Fabián Lorenzini de Reconquista que aparte a los actuales integrantes del directorio y la designación de un interventor, con indicación de funciones y plazo.
El argumento planteado redunda en que incluso después de iniciado el trámite que pidió la intervención el actual directorio continuó profundizando el vaciamiento de la empresa, que se encuentra en default desde diciembre pasado. «El nudo de la cuestión es que este directorio no genera confianza», indica la provincia, que señala que entretanto la compañía no tiene crédito, carece de producción propia y tiene una capacidad ociosa mayor al 50%, lo que dificulta prever su recuperación.
«El tiempo transcurrido desde la promoción de la demanda, en junio pasado, ha demostrado que no se progresó, que se continúa haciendo la plancha», sostuvo el gobierno provincial.
Las razones para que el juez remuevan al actual directorio «están debidamente acreditadas, tanto por lo que surge de estas actuaciones cuanto de las constancias del expediente del concurso, que demuestran un obrar que dista de los imperativos legales de lealtad y diligencia y un indudable compromiso del interés público», planteó el escrito de la provincia, presentado por Stratta y con el patrocinio el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia (Foto de Portada).
La provincia remarcó lo ya señalado en la presentación del pasado 22 de junio, en el sentido de que los directivos de la cerealera desde enero a mayo de este año realizaron certificaciones mediante escrituras públicas para enajenar bienes de la empresa además de transferir activos mediante triangulaciones con una sociedad uruguaya.
Pero ahora la IGPJ agregó otros fundamentos, básicamente sostenidos en acontecimientos posteriores. Entre ellos las causas penales contra Vicentin por denunciantes particulares cuanto por Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Stratta acompañó también constancias de una denuncia por lavado de activos, conocida a través del oficio que, con firma digital, remitió el fiscal federal e Reconquista Roberto Salum. Del escrito de denuncia, señala la provincia, surge un entramado societario muchísimo más amplio de enajenación de activos, que no termina ya en Uruguay sino que alcanza a varios países. En el oficio se indica en todos los casos las fuentes de la información, a través de enlaces con páginas web.
Otro planteo que la IGPJ considera elocuente es una presentación del estudio KPMG, que se desliga de la tarea de auditoría que realizaba hacia Vicentin exteriorizando desconfianza, incluso con la percepción de su retribución. «Conocido es el dicho vulgar para aludir a alguien sin crédito: no le fía ni el contador. Aplica al caso», alegó la provincia.
También Stratta afirmó que hubo ocultamiento en torno de la verdadera composición del grupo societario, con relaciones mucho más complejas que las denunciadas y con la utilización de triangulaciones a través de compañías off shore. «Pero quizá lo más significativo es que la sociedad madre del holding, llamada Vicentín Family Group (cuya existencia no se había mencionado, sino que la concursada la aludió recién cuando contestó la demanda de intervención). Ella es una compañía uruguaya que no se encuentra inscripta en el Registro Público, como manda el artículo 123 de la ley general de sociedades, constituyendo ello una irregularidad ostensible y muy grave.
Vicentín Family Group fue el holding que se transformó en el receptor principal de las participaciones que se remitían desde la empresa Vicentin Saic para, de modo presunto, no afrontar los compromisos por 1.400 millones de dólares ante acreedores bancarios, financieros, productores y acopiadores.
«Quienes llegaron a esa situación y hoy pretenden continuar con su manejo son las mismas personas: los integrantes del actual directorio», sostuvo Stratta.
La provincia remarca además que los informes de Sindicatura General de la Nación (Sigen) son lapidarios sobre la renuencia de la empresa a aportar información sobre sus estados contables. También critica a la sindicatura concursal porque «sus informes tienden a disimular la situación» de Vicentin.
También destacó que el del 24 de julio, los representantes de los trabajadores aceiteros y algodoneros y el Banco de la Nación Argentina apoyaron la intervención. Y que tres días después se expidieron los bancos internacionales y la Asociación de Cooperativas Argentinas, con el que «cuestionaron el obrar del directorio y difirieron su opinión a la producción de la prueba y a las auditorías que se solicitaron en el concurso» a la vez que «destacaron que la intervención debía requerir de un gerenciamiento profesionalizado». Por todo esto la provincia sostuvo su planteo.
