
Historia de una batalla ética que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de nuestros hermanos evolutivos
Por Pedro Pozas Terrados. Pressenza.com. Medio Ambiente
Del sueño a la realidad legislativa
Han pasado casi dos décadas desde que una idea considerada utópica encendió la chispa de una revolución ética en España. Era el año 2006 cuando desde el Proyecto Gran Simio, junto a Paco Garrido, filósofo y diputado, creador de la Asociación Parlamentaria de los Derechos de los Animales, y el naturalista Joaquín Araújo, dimos un paso histórico al presentar por primera vez en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley que proponía reconocer derechos básicos a los grandes simios. Fue un día que jamás olvidaremos. Las cámaras de televisión, los periodistas y los medios nacionales llenaban los pasillos del Congreso. Había expectación, curiosidad y, también, incredulidad.
Cuando explicamos que los grandes simios comparten con nosotros más del 98% de su ADN, que sienten emociones, que son conscientes de sí mismos y que merecen protección legal frente a la esclavitud, el abuso o la tortura, muchos se miraban con escepticismo. La sociedad no estaba preparada para escuchar que los derechos no son patrimonio exclusivo de los humanos. Y lo que vino después fue una ola de burlas y descalificaciones.

Imagen Pedro Pozas Terrados- De izquierda a derecha: Joaquín Araujo. Paco Garrido y Pedro Pozas. Año 2006. Presentación del Proyecto Gran Simio en el Congreso de los Diputados.
Muchos medios titularon con ironía que “los chimpancés podrían tener derecho al trabajo o a votar”. Se tomaron a risa una propuesta que en realidad nacía de la ciencia, de la ética y de la compasión. Incluso organizaciones serias, como Amnistía Internacional, asociaciones de la Guardia Civil o colectivos LGTBI, emitieron comunicados asegurando que antes de otorgar derechos a los simios, deberían garantizarse los de los humanos. Se dijeron auténticas barbaridades. Pero detrás de aquel vendaval mediático, nosotros sabíamos que habíamos sembrado una semilla que un día germinaría.
A pesar del ruido mediático, la propuesta no fue aprobada. Sin embargo, el eco del debate resonó en todo el mundo. Por primera vez, un Parlamento nacional discutía la posibilidad de reconocer derechos legales a otras especies.
En 2007, la misma propuesta fue presentada en el Parlamento de Baleares. Allí, la Proposición No de Ley fue aprobada, con la intención de elaborar una ley específica para proteger a los grandes simios. Sin embargo, no se dio ningún paso más. El compromiso político se disolvió entre la indiferencia y la burocracia.

Composición de Pedro Pozas Terrados.
Un año más tarde, en 2008, el diputado Joan Herrera de los verdes de Cataluña, presentó otra Proposición No de Ley en apoyo del Proyecto Gran Simio igual que la de 2006 y ésta si fue respaldada por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. La propuesta fue aprobada y por un momento creímos que, al fin, el camino estaba abierto. Pero el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, la guardaron en un cajón de La Moncloa. Como el Gobierno no estaba obligado a poner en marcha una proposición no de ley, el silencio volvió a imponerse. Y con él, el olvido.
Aquella traición institucional supuso años de silencio. Una Proposición No de Ley no obliga al Gobierno a actuar, y así, bajo el peso de la burocracia y el desinterés, la propuesta fue olvidada. Pero el PGS no olvidó. La causa continuó viva, esperando su momento. Durante años, nuestra lucha siguió adelante, en soledad y con la firme convicción de que la razón científica y moral estaba de nuestro lado. La sociedad empezaba a cambiar, pero las instituciones seguían sordas. Hasta que un nuevo viento sopló desde el Ministerio de Asuntos Sociales.

Imagen de Jeff McCurry / Proyecto Gran Simio
Cuando Podemos asumió competencias en el Ministerio y se creó la Dirección General de los Derechos de los Animales, sentimos que la oportunidad regresaba. Desde el primer momento, el entonces director general, Sergio García Torres, mostró una sensibilidad clara hacia nuestra causa. En numerosas reuniones mantenidas con él y su equipo, llevamos la propuesta de una ley específica de grandes simios, subrayando que no se trataba de un capricho sentimental, sino de un deber ético y científico.
La Dirección General, con Ruth Manzanares como figura clave en la coordinación, entendió la magnitud del paso que debía darse. Se decidió entonces incluir la Ley de Grandes Simios en la agenda legislativa, aunque la prioridad inmediata era sacar adelante la Ley de Bienestar Animal.
Fue entonces cuando se ideó una estrategia que hoy reconocemos como uno de los mayores aciertos: incluir una disposición adicional en la Ley de Bienestar Animal que obligara al Gobierno, sin margen de evasión, a redactar una Ley de Grandes Simios en el plazo de tres meses tras su publicación. Aquella fue nuestra victoria silenciosa, el blindaje legal que tanto habíamos perseguido durante años.

Imagen de Jeff McCurry / Proyecto Gran Simio
Ni el Congreso ni el Senado se atrevieron a eliminar esa disposición —la Disposición Cuarta—, a pesar de las enmiendas y recortes que sufrieron otras partes de la ley. Gracias al compromiso del equipo de la Dirección General y al apoyo continuo que desde el Proyecto Gran Simio mantuvimos con constancia y diálogo, esa disposición se convirtió en ley.
Al poco tiempo, hubo elecciones generales. Y aunque el panorama político cambió, la Disposición Cuarta quedó escrita en el Boletín Oficial del Estado. Habíamos conseguido que fuera obligatorio legislar una Ley de Grandes Simios, gobernara quien gobernara. Fue un paso decisivo, una forma de blindar el futuro.
Sin embargo, el tiempo volvió a pasar. Con la nueva Dirección General y el nuevo ministro del partido Sumar Pablo Bustinduy, la ley quedó detenida, sin avances y sin voluntad política de hacerla realidad. Entonces comprendimos que, una vez más, teníamos que salir a la calle, que el poder no se cede, se exige.
Fue Marta Esteban, presidenta de Animals Guardians, quien, junto con nosotros en el Proyecto Gran Simio, impulsó una campaña nacional para reactivar la ley. Durante dos meses trabajamos sin descanso, contactando con asociaciones, medios de comunicación, juristas, expertos y ciudadanos. Conseguimos el apoyo de 150 organizaciones animalistas y conservacionistas, y se recogieron más de 73.000 firmas.

Imagen Pedro Pozas Terrados. Chimpancé Monti en zoo de Santiago de Estero (Argentina). Iba a ser liberado ante Habeas Corpus presentado por PGS. Antes de que llegó la sentencia apareció muerto.
La presión fue creciendo. Los comunicados de prensa llegaban a los medios, los debates se reabrían, y poco a poco el Ministerio comenzó a sentir el peso de la opinión pública. En paralelo, Marta Esteban, Ruth Manzanares y Pedro Pozas Terrados en representación del Proyecto Gran Simio, elaboramos un borrador completo de la futura Ley de Grandes Simios, consultado con abogados y especialistas en bienestar animal y centros de primates. El documento conjunto que elaboramos busca una ley real, con alma y con contenido, no una ley vacía de significado. También existía un borrador previo, más reducido, presentado por INTERCIDS en 2024.
Ante la presión creciente, el ministro fue forzado a convocar una reunión con las asociaciones más implicadas. Pero incluso en ese momento, surgieron obstáculos. A Animals Guardians y al Proyecto Gran Simio se nos citó erróneamente (así lo queremos creer)para la reunión de la mañana del 16 de octubre de 2025, mientras que al resto —entre ellas los principales centros de primates, como Rainfer, Fundación Mona, Primadomus y el Instituto Jane Goodall— se los convocó para la tarde. Dos reuniones a la vez y con el ministro, sospechamos.

Imagen de Jeff McCurry / Proyecto Gran Simio
Envié un correo a la Dirección General para preguntar si había habido una confusión. Horas después, se nos respondió con disculpas, reconociendo el error y citándonos también a la reunión de la tarde. ¿Había existido una maniobra para dejarnos fuera de la reunión con el Ministro? Marta Esteban, con su temple y compromiso, contactó directamente con los responsables de los centros de primates y propuso llegar con una posición común. Y así lo hicimos.
Cuando entramos a la reunión, el ministro se encontró con algo inesperado: todas las entidades, desde las más activistas hasta las más científicas, hablábamos con una sola voz. Llevábamos en nuestras manos un documento consensuado con los puntos clave para la ley. La sorpresa del ministro fue evidente. Quizá esperaban encontrarnos divididos, pero encontraron unidad, madurez y una causa compartida.
Aquella jornada marcó un punto de inflexión. El ministro se comprometió públicamente a sacar adelante la Ley de Grandes Simios, que llevaría el nombre de Ley Jane Goodall, en homenaje a una de las mujeres que inspiró el respeto mundial hacia los primates. Por primera vez en mucho tiempo, sentimos que la justicia estaba cerca.
Esta historia, que comenzó hace casi veinte años entre burlas, desprecio y silencio, es también una historia de perseverancia. Hemos vivido la indiferencia política, las puertas cerradas, la manipulación mediática, las esperanzas truncadas y los intentos de silenciar nuestra voz. Pero también hemos vivido la solidaridad, la unión y la fuerza de miles de personas que creen, como nosotros, que los grandes simios no son objetos ni recursos, sino seres con conciencia, emociones y dignidad.

Imagen cedida por el Ministerio de Asuntos Sociales. Reunión mantenida con el Ministro la tarde del 13 de octubre de 2025. Estuvieron presentes Marta Esteban Presidenta de la Fundación Animals Guardians, Pedro Pozas Terrados de Proyecto Gran Simio y representantes de ,os distintos Centros de primate más representantes de los zoos.
Ahora estamos ante una oportunidad histórica. Si esta ley se aprueba con su contenido esencial —y en especial si prohíbe el nacimiento en cautividad de los grandes simios— España será pionera en el mundo en la defensa de nuestros hermanos evolutivos. Sería el inicio del fin de la cautividad como modelo, y el principio de una convivencia ética y respetuosa entre especies. El fin de una era de explotación y el comienzo de una nueva etapa de respeto, conocimiento y libertad.
Reconocer derechos a los grandes simios no es un acto de debilidad moral, sino de evolución humana, de justicia evolutiva. Es comprender que no estamos solos en la conciencia, que hay otros seres que también aman, sufren, ríen, recuerdan y lloran. Nuestra lucha no es por ellos solamente, sino por nosotros mismos, por la humanidad que decimos representar.
Pedimos, con la fuerza de la razón y el peso de la historia, que esta ley no sea una ley vacía ni blanqueada de contenido. Que no quede reducida a un gesto simbólico. Debe ser una ley viva, justa, valiente, y con el compromiso real de terminar con la cautividad y la explotación de quienes tanto nos enseñaron sobre nosotros mismos.

Imagen de Jeff McCurry / Proyecto Gran Simio
Después de tantos años, esta lucha no pertenece solo al Proyecto Gran Simio ni a quienes la iniciamos, sino a todas las personas que entienden que el respeto a la vida no tiene fronteras. Si logramos que los grandes simios sean reconocidos como personas no humanas con derechos básicos, sujetos de derecho que puedan ser representados por personas humanas, habremos dado un paso gigantesco en nuestra propia evolución moral. Tal vez la historia no haya acabado aquí.
Cada victoria por ellos es, en realidad, una victoria por la propia historia de la humanidad.
Pedro Pozas Terrados
Nota original en: PRESSENZA.COM




