De la herramienta de rescate participarían acreedores, posibles inversores y accionistas de la empresa en concurso preventivo.
El Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Reconquista fue escenario ayer de la primera audiencia de conciliación entre Vicentin, el gigante agroexportador en default desde fines de 2019, funcionarios de la Casa Gris, que propicia una intervención y posterior rescate de la empresa, y síndicos del concurso preventivo de acreedores abierto a fines de febrero pasado. Tras un intercambio de posiciones de casi dos horas, las partes coincidieron en la necesidad de empezar a diseñar un fideicomiso con los activos de la cerealera para evitar su desplome final.
“Vicentin reconoció una crisis económica y de confianza. Nosotros expresamos el interés público en evitar la caída de una compañía de esta envergadura y que siempre es prioritario encontrar una salida consensuada, en este caso a través de un fideicomiso”, aseguró el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, apenas finalizada la reunión conciliatoria.
Al respecto, el funcionario agregó: “Todos pudimos manifestarnos sobre la crisis de Vicentin y el magistrado (Fabián Lorenzini) reconoció que tenemos competencia y legitimación de nuestro planteo. Pero advirtió que siempre la salida más propicia es el consenso, en lugar de una imposición por la vía judicial. Entonces, coincidimos en que la mejor herramienta es un fideicomiso”.
“A partir de ahora se abre un canal de diálogo directo (entre el Ejecutivo santafesino y Vicentin) y el 30 de julio próximo volveremos a reunirnos con el juez para interiorizarlo sobre los avances en las negociaciones”, afirmó Somaglia.
Por lo pronto, el fideicomiso que despunta abarcaría a acreedores, accionistas e inversores al frente de la empresa, mientras que los actuales directivos deberían dar un paso al costado, según deslizaron anoche en la Gobernación. También jugarían un rol preponderante las cooperativas y la banca pública y privada, que engrosan la lista de reclamantes.
Luego de rechazar el pedido de intervención y desplazamiento del actual directorio de Vicentin por parte de la administración de Omar Perotti, y elevar la apelación a la Cámara de Reconquista, Lorenzini había convocado a las partes con el objetivo de encarar una solución conjunta a la disputa por la conducción de la empresa.
Cara a cara
Pasadas las 17.30, ingresaron al despacho del magistrado Daniel Buyatti (presidente del directorio de Vicentin), Máximo Padoán (accionista) y Guido Ferullo (abogado de la firma). Lo propio hicieron la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, y Somaglia, como también los síndicos Ernesto García, Carlos Amut y Diego Telesco y un representante de la otrora intervención decretada por la Nación, devenida en una veeduría.
En ese contexto, Santa Fe revalidó su pedido de intervención para evitar la quiebra de la agroexportadora y, al mismo tiempo, avanzar con un plan de salvataje que eluda la expropiación propiciada en su momento por la Casa Rosada. E insistió en que los actuales administradores no están en condiciones de continuar al frente de la misma ya que fueron los que la llevaron al default.
Durante la reunión conciliatoria, que se enmarca en un incidente del expediente principal surgido tras el planteo que la IGPJ formalizó el 19 de junio, los representantes de Perotti subrayaron que la decisión de intervenir la compañía no significaba ir por la propiedad.
El plan santafesino apuesta a recuperar la administración de Vicentin e inyectar dos elementos clave: fondos y confianza. Instancia imposible de cumplir, según machaca la gestión de Perotti, con la misma conducción que provocó la debacle del grupo.
“Fue una reunión auspiciosa. Estamos frente a un camino que, esperemos, nos lleve a un buen resultado”, aseveró Padoán al retirarse del juzgado de la ciudad ubicada en el departamento General Obligado.
A través de la IGPJ, el mandatario santafesino había solicitado a Lorenzini el desplazamiento del directorio de Vicentin y su reemplazo, durante el concurso de acreedores, por tres interventores: dos designados por Balcarce 50 y otro por la provincia.
A ese triunvirato lo conformarían Gabriel Delgado y Luciano Zarich, en su momento designados interventor y subinterventor de la firma por el jefe del Estado (luego el juez los consideró veedores), y Alejandro Bento, hombre de confianza de Perotti.
El fideicomiso es un contrato a través del cual una persona (fiduciante) transfiere bienes propios a otra (fiduciario), que puede ser física o jurídica, para los administre en beneficio propio o bien de una tercera persona (beneficiario).
Respecto de la situación de Vicentin, en los últimos meses se solicitaron verificaciones de créditos impagos por unos 100.000 millones de pesos, según consta en el expediente. Uno de los principales acreedores es el Banco de la Nación Argentina (BNA).
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