El lunes el empresario Sergio Tasselli será acusado por contaminación de la Petroquímica Capitán Bermúdez, junto a su hijo y su yerno. Los defiende el mediático Mariano Cúneo Libarona
La actividad de la Petroquímica Capitán Bermúdez, al promediar 2015, era extremadamente peligrosa por poseer instalaciones deterioradas, sin mantenimiento y no aptas para la fabricación de sustancias como cloro o clorobenceno. Eso estaba indicado en un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que motivó una orden del gobernador a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales contra sus directivos. Sin embargo, pese a contar con dictámenes que registraban la evidencia de la contaminación en dos pericias distintas, el ex fiscal regional Patricio Serjal ordenó interrumpir la causa que imputaba a los directivos de la empresa por constatado daño ambiental contra la salud humana. Y el fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini, pese a la orden recibida, no avanzó con este trámite.
Por estos motivos el lunes se celebrará finalmente la audiencia imputativa en la que estos dos funcionarios serán acusados de incumplimiento de sus deberes. Pero además estarán allí empresarios de una de las más fuertes contratistas del Estado en Argentina. El más conocido es Sergio Tasselli que será imputado con su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, todos altos directivos de la compañía. A estos tres los representará el mediático abogado porteño Mariano Cúneo Libarona.
La audiencia que será presidida por el juez Carlos Andrés Gazza está convocada para el lunes próximo a las 10 en los Tribunales de San Lorenzo. A los directivos Sergio y Máximo Tasselli y Matías Gallego les imputarán contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos, un delito especial regulado por la ley nacional 24051, que supone penas de tres a diez años de prisión, excepto cuando el resultado de esa acción produzca una muerte. Allí las sanciones pueden llegar hasta 25 años.
Sergio Tasselli tiene 76 años y desde 2004 dirigió una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia (Aceros Zapla, Materfer), maquinaria agrícola y sector agropecuario.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra creen como muy posible que Serjal haya aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que había ocasionado un daño ambiental irreversible, por la misma lógica que motivó su protección al juego clandestino, delito que lo tiene preso hace seis meses: el cobro de sobornos.
El principio de este caso se perfiló cuando el 25 de marzo de 2015 una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.
Petroquímica Bermúdez fabricaba entonces gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales y una exposición mayor produce la muerte.
El municipio de Capitán Bermúdez registró emisiones con los sensores de cloro y el 14 de de enero de 2015 corroboró el mal estado de las instalaciones fijas, cañerías, compresores, motores, instrumental de control y tanques de almacenamiento de cloro, con gran cantidad de recipientes móviles para el traslado de cloro a clientes desperdigados por todo el predio, con cilindros oxidados por la sustancia corrosiva que contenían. En ese estado no es posible la producción de sustancias tóxicas debido al alto riesgo de generarse fugas de gases.
A raíz de esto la Secretaría de Medio Ambiente rechazó los informes ambientales presentados por la empresa y exigió un informe detallado sobre su pasivo ambiental. El 16 de noviembre de 2016 la misma repartición elevó un informe sobre el estado deficiente de la firma, sin funcionamiento desde 2014, donde se presumía la presencia de residuos peligrosos como cloro, amianto, benceno, ácido sulfúrico y amoníaco. A la vez se constató un evento de emisión de gas cloro que afectó a parte del personal de Celulosa SA proveniente de la Petroquímica Bermúdez. Esta fue intimidada al cierre seguro de su planta pero no procedió a ello.
De allí que el 27 de marzo de 2017 el entonces gobernador Miguel Lifschitz ordenó a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondiera contra Petroquímica Bermúdez para lograr el cese de cualquier actividad contaminante que constatara.
Esto derivo en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma que en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA. La intervención de un perito a instancias de Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Ledesma avanzó hacia una imputación pero recibió a último momento la directiva del ex fiscal regional para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.
La idea que moviliza a los fiscales contra Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente.
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