El Estado tiene una responsabilidad enorme de promover estos procesos multiculturales.
Un proyecto para actualizar la Ley de Educación Superior (LES), vigente desde 1995, busca incorporar a ese nivel de enseñanza a estudiantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, que no fueron incluidas en la norma, lo que profundizó la “discriminación estructural” de esos sectores históricamente invisibilizados consideró este martes Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Alcira Figueroa (FDT), de Salta, elaborada por la Cátedra Unesco de la Untref, y cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las 57 universidades públicas del país, y del secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa.
Dado que muchas universidades están ubicadas a más de 500 kilómetros de las comunidades originarias, las dificultades para acceder a la educación superior origina el desmembramiento de esos pueblos si los jóvenes emigran para proseguir sus estudios superiores.
También influye, explicó Mato, la falta de becas específicas que pongan en pie de igualdad a los integrantes de estos sectores con el resto de la sociedad, lo que incluyen el respeto integral por sus culturas y costumbres.
“La Ley de Educación Superior asegura derechos a personas con discapacidad, por género y orientación sexual, pero nada dice sobre los pueblos originarios y los afrodescendientes, y esto no solo es inconstitucional sino que, también, es discriminatorio”, dijo a Télam Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Untref.
Mato aseguró que Argentina “está obligada por tratados internacionales incorporados a la Constitución a incorporar en la LES esta actualización” y añadió “que ellos no estén, y sí otros sectores habla de un sesgo racista en nuestra sociedad”.
De acuerdo al último censo, existen casi 150.000 personas afrodescendientes en el país, mientras que cerca de 955.000 personas se identifican como indígenas.
Solo el 10% de los jóvenes de entre 20 y 29 años provenientes de comunidades indígenas cursa estudios de nivel superior, en comparación al 35% de la población general del mismo rango etario, según datos del Censo Nacional 2010.
Los originarios que ingresan en la educación superior son muy pocos ya que muchas escuelas secundarias carecen de interculturalidad, y en las universidades “existe una vacancia en el conocimiento y cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, dijo Alpa, durante la presentación virtual del proyecto.
De esta forma, los esfuerzos que realizan las universidades para facilitar el acceso a estos sectores “son individuales, no hay una ley que obligue al Estado a garantizar esos derechos”, detalló Mato.
En 21 de las 57 universidades públicas existen algunos programas que favorecen la inclusión y sólo en dos de ellas, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) hay programas de becas específicas para estos estudiantes.
En la UNNE el programa de becas existe desde el 2015, pero desde ese año hasta la fecha solo se dispusieron 60 becas para una casa de estudios superiores que agrupa a estudiantes de Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe.
“Esto es por el desinterés de las autoridades nacionales que no están obligadas por ley a otorgar estos fondos especiales”, dijo Mato, quien señaló que la Universidad Nacional de Misiones también tuvo un programa de becas, pero no pudo sostenerlo.
El CIN, en su plenario de marzo pasado, reclamó la “necesaria y urgente” actualización de la LES para resolver estos problemas de vulneración de derechos en los que incurre la normativa vigente por omisión
“Solo se trata que la LES se ajuste a la Constitución, no de una ampliación de derechos. Si se omite a los afros y a los originarios no se lo hace sólo por racismo sino porque no tienen capacidad de movilización”, dijo Mato, y consideró que Argentina es uno de los países mas retrasados de América.
Para Alpa “más allá de que es una propuesta de inclusión del sistema universitario, estamos hablando de un derecho humano universal a la educación superior y tenemos que plasmarlo, comprenderlo e incluirlo”.
Luego indicó que se necesita una legislación “para visibilizar estos derechos no solo en el acceso a la universidad, sino también pensarlos desde la inteculturalidad”.
“El Estado tiene una responsabilidad enorme de promover estos procesos multiculturales”, agregó.
Para la diputada Alcira Figueroa se trata de “un proyecto de necesidad y urgencia” ya que “estamos en emergencia en lo que respecta a pueblos originarios, en emergencia ambiental, en emergencia sanitaria, en emergencia de nuestra madre tierra”, sentenció.
“Creo que debemos recuperar la historia, la cultura, y la visión de la vida” que tienen los pueblos indígenas.
“Necesitamos paradigmas nuevos que tengan que ver con la cosmovisión indígena, con el buen vivir, redescubrirnos con los saberes, las culturas, y su manera de pensar”, concluyó.
Télam
