Ganancias, un impuesto justo pero con muchas distorsiones
El reclamo de Moyano reavivó el debate sobre cómo actualizar el mínimo no imponible. La ley ya cuenta con un mecanismo pero suspendido en 1992. En 2011 se recaudó 33.000 millones de los cuales 1.600 fueron coparticipados a Santa Fe
El reclamo de Moyano reavivó el debate sobre cómo actualizar el mínimo no imponible. La ley ya cuenta con un mecanismo pero suspendido en 1992. En 2011 se recaudó 33.000 millones de los cuales 1.600 fueron coparticipados a Santa Fe
El reclamo de Moyano reavivó el debate sobre cómo actualizar el mínimo no imponible. La ley ya cuenta con un mecanismo, pero éste fue suspendido en 1992 en medio de la convertibilidad. La cantidad de trabajadores que paga se incrementó casi cuatro veces y en 2011 se recaudaron más de 33.000 millones de pesos, de los cuales 1.600 millones fueron coparticipados a Santa Fe.
Periódico Cruz del Sur
Se trata del gravamen más justo que tiene el régimen tributario argentino, pero también el argumento que se utilizará hoy para llevar adelante el primer paro general (aunque con dispar adhesión) contra el kirchnerismo. La actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias se convirtió en los últimos días en la cuestión política primordial de la Argentina. Sin embargo, el tema ya venía asomando en el horizonte desde que la inflación motivó que las paritarias arrojaran incrementos salariales anuales que superaban el 20 por ciento. La Confederación General del Trabajo (CGT), con Hugo Moyano a la cabeza, reclama actualizar los montos a partir de los cuales los empleados tributan este gravamen, algo que se hizo por última vez a través de una ley en 2011. Sin embargo, la cuestión para destrabar el problema está en la misma génesis de la ley de este impuesto, pues la norma contempla mecanismo de actualización por inflación que fueron suspendidos en la década del 90 en el contexto del uno a uno. Como consecuencia de ello, este gravamen afecta en la actualidad a por lo menos 1.700.000 trabajadores y le representa actualmente al gobierno nacional más de 33 mil millones de pesos anuales, de los cuales más de 1.600 millones fueron girados el año pasado a la provincia de Santa Fe en forma de coparticipación.
Desde julio de 2003 hasta la fecha el salario mínimo vital y móvil creció de 250 pesos a 2.300, esto quiere decir que subió casi diez veces. Sin embargo, el mínimo no imponible a partir del cual los trabajadores aportan impuesto a las Ganancias pasó, para el caso de las personas solteras sin hijos, de los 1.350 pesos en 2000 a los 5.782 pesos actuales. El incremento del salario es un reflejo de los índices de inflación que afectan la economía desde 2002 a esta parte. Los artículos 23, 25 y 90 de la ley de Ganancias consideran la posibilidad del incremento de precios y qué hacer en esos casos con los mínimos no imponibles, las deducciones permitidas por ley y la tabla que regula la alícuota a abonar de acuerdo a los montos percibidos. No obstante, estos sistemas están suspendidos por una reminiscencia del menemismo: se trata del artículo 39 de la ley 24.073, que en épocas de convertibilidad (allá por 1992) prohibió todo tipo de actualización.
“El impuesto a las Ganancias tiene que alcanzar a las grandes rentas. Ésa es la idea aquí y en todas las partes del mundo. Se paga cuando hay realmente ganancias, es decir aquello que excede las necesidades básicas de todo ser humano y dentro de esas necesidades básicas también está pensado un mínimo ahorro”, explicó Gabriela Tozzini, abogada especializada en derecho tributario y docente universitaria. La especialista consideró que actualmente existe un “impuesto al trabajo”, ya que la falta de un sistema de actualización para los montos de Ganancias hace que no se respete “la aptitud de pago de cada sujeto” y deban aportar este tributo empleados que recibieron aumentos salariales para mantener su poder adquisitivo y no por un cambio de categoría o un ascenso.
En 2001 eran en total los 437.492 trabajadores que pagaban impuesto a las Ganancias en el país. Ese número se incrementó ahora al menos cuatro veces. La información que otorga la Administración Federal de Impuestos (Afip) es realmente escasa al respecto, pero en la actualidad hay 7.200.000 trabajadores en relación de dependencia pertenecientes al Sipa (Sistema Integrado Previsional Argentino), más 1.800.000 aproximadamente de trabajadores pertenecientes a cajas provinciales y municipales. La presidenta Cristina Fernández dijo ayer en cadena nacional que el 19 por ciento de los trabajadores es alcanzado por este gravamen, con lo cual actualmente lo estarían tributando más de 1.700.000 personas. No existe información desagregada respecto de las provincias, pero fuentes consultadas por Cruz del Sur señalaron que 24.386 trabajadores públicos de Santa Fe (de los tres poderes, sin contar EPE, Assa y Enress) son alcanzados por este impuesto y el mes pasado aportaron 16.029.949 pesos. A pesar de que los números son escasos, la agencia oficial de noticias Télam, difundió un cable donde señala que “uno de cada diez” trabajadores tributan Ganancias, aunque la cifra es mucho menor a la que manejan los especialistas.
En la actualidad el salario promedio de los trabajadores en relación de dependencia está en los 5.448 pesos. Esta cifra contrasta notablemente con los 10 mil pesos que, con el último incremento del 25,5 por ciento firmado en medio del enfrentamiento con el gobierno, pasarán a cobrar como mínimo los colectiveros, cuyo sindicato lidera Pablo Moyano, hijo de Hugo. Los choferes de camiones tienen un sueldo promedio por encima de los 14 mil pesos. Puesto que el mínimo no imponible para los casados
con dos hijos está en los 7.997 pesos, todos están alcanzados por el tributo, al menos antes de las deducciones contempladas en la ley (familiares a cargo, honorarios médicos, seguros de vida, intereses de créditos hipotecarios, sueldos de empleados domésticos, etcétera). Mención aparte necesitan los jueces, quienes ganan sumas de dinero muy superiores pero no tributan Ganancias pues los jueces de la Corte Suprema declararon en 1996 la inconstitucionalidad de una ley que los obligaba a hacer aportes con el argumento de la “intangibilidad” de sus haberes.
Las empresas
A diferencia de lo que sucede con las personas, las empresas sí pueden tributar impuesto a las Ganancias en base a montos actualizados. Esto se debe a que varias firmas accionaron judicialmente y consiguieron fallos judiciales favorables. El paradigmático es el caso de Candy, del grupo Arcor (luego hubo un fallo similar por la subsidiaria local de la empresa estadounidense Swaco). Allí el máximo tribunal de justicia dictaminó a mediados de 2009 que “la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste (por inflación) resulta inaplicable al caso en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
La renta financiera
El año pasado el Estado recaudó a través del impuesto a las Ganancias 33.665 millones de pesos. La suma, aunque importante, sólo representa el 5,7 por ciento de la recaudación nacional y provincial de 2011. Por su parte, un impuesto mucho más injusto, el IVA, que por gravar el consumo afecta más a los sectores de menores recursos que a los pudientes, le representó a las arcas nacionales 154.237 millones de pesos. De lo recaudado por Ganancias, 1.648.049.368 de pesos llegaron a la provincia de Santa Fe a través del complejo entramado de coparticipación.
La discusión actual pasa también por cómo remplazar los fondos que se dejarían de percibir en caso de un incremento (ya sea nominal o por la aplicación del mecanismo de actualización) del mínimo no imponible de Ganancias, las deducciones y la tabla que estipula la alícuota de acuerdo a los ingresos. Una de las opciones que es esgrimida por algunos representantes opositores es la posibilidad de gravar con este tributo a la renta financiera, que actualmente está exenta. Esto quiere decir que, mientras muchos trabajadores pagan el gravamen, alguien que vive de los intereses que su dinero da por tenerlo en el banco no lo hace. Así, gravar la renta financiera sería una manera de hacer más justo el impuesto que, en su concepción, es el más justo.
