Horas después de su designación, el diputado prometió «transformar el desastre» que, a su juicio, dejó la gestión de Juntos por el Cambio. Y se encendieron las alarmas.
Una «avanzada» contra jueces y fiscales; un «ataque a la justicia»; una «declaración de guerra»; el «fin de la división de poderes». Estas y otras frases elocuentes pueden leerse en los periódicos tradicionales de Argentina cada vez que se refieren a uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de Alberto Fernández: la reforma del sistema judicial.
La iniciativa busca renovar un poder viciado, que suele ser funcional al poder de turno —incluso el actual— y que, desde hace años, se ha transformado en el campo de batalla de la política partidaria. En el ‘ring’ que propone la llamada «grieta», cada denuncia cruzada funciona como un golpe a la mandíbula del rival.
La resistencia opositora a una modificación en la Justicia se ha vuelto más fuerte desde este lunes, cuando el presidente Alberto Fernández anunció quién será el nuevo ministro de la cartera, en reemplazo de una «agobiada» Marcela Losardo, quien, sin acuerdos con el Ejecutivo sobre la implementación de la ansiada reforma, continuará su carrera representando a su país en la Unesco.
El nombre de Martín Soria, diputado del oficialista Frente de Todos por la provincia de Río Negro, encendió las alarmas de Juntos por el Cambio. Y no es para menos. Antes de asumir, en su primera declaración periodística tras su nombramiento, el peronista patagónico señaló: «Es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron en el gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial».
En línea con el pedido del Presidente, vamos a trabajar para garantizar que los servicios de justicia en nuestro país sean más eficientes, inclusivos e igualitarios; para avanzar en una transformación conceptual que ubique a la justicia de cara a los ciudadanos y ciudadanas.
— Martin Soria (@SoriaEnAccion) March 16, 2021
Sin medias tintas, el legislador expresó en una entrevista con Radio 10 su voluntad de «terminar con el ‘lawfare’ (guerra jurídica)» y «desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho» del expresidente.
Justamente, el proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno en junio del año pasado, busca, según el peronismo, terminar con la utilización de ese poder contra rivales políticos, y fusionar juzgados penales y económicos.
Recuperar el Estado de Derecho
Desde sus redes sociales, Soria dijo sentirse «honrado» con el nombramiento y recalcó que su país «necesita que el Estado de derecho funcione a pleno». En esa misma línea, agregó: «Para eso necesitamos una Justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho».
Para el partido de Macri, que ha dejado el poder en 2019, la designación de Soria por parte de Alberto Fernández no hace más que confirmar lo que vienen planteando desde que abandonaron la Casa Rosada. Según Cambiemos, la reforma judicial que intenta llevar a cabo el kirchnerismo no es otra cosa que el deseo de garantizar la «impunidad» de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus exfuncionarios. (Nota de la redacción NR): Una clara «proyección» de lo que hace justamente el macrismo al haber insertado en el esquema judicial cientos de jueces controlados que en caso de una reforma judicial seria podrían salir de esos puestos en su gran mayoría acomodados irregularmente por el macrismo, justamente, para garantizar su impunidad.
«Soria viene a convertir las causas de saqueo kirchnerista en persecución política«, afirmó desde Twitter la exministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich. Y recalcó: «Nosotros defendemos la verdad y la independencia de la justicia: el que las hace, las paga».
¿Quién es Martín Soria?
Abogado de 45 años y miembro de una familia tradicional del peronismo rionegrino, Soria fue dos veces intendente de la ciudad de General Roca, y en el último tiempo profundizó sus denuncias contra el funcionamiento de diversas áreas del Poder Judicial, lo que elevó su perfil político y mediático.
En una de ellas, el futuro ministro de Justicia argentino acusó al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, de haber mantenido seis encuentros privados con el entonces presidente Macri, entre 2015 y 2018.
«Este camarista de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal en nuestro país, visitó al expresidente Mauricio Macri en 6 oportunidades, sin pedidos de audiencia y a puertas cerradas durante sus 4 años de gobierno«, apuntó Soria en un documento de 23 páginas que presentó ante el Consejo de la Magistratura, ente de control y elección de los jueces que tiene la potestad de imponer sanciones.
«Llamativamente —indicó el legislador—, cada una de esas visitas fue precedida o seguida por una resolución que lleva su firma en contra de algún miembro del partido político de la oposición, en especial funcionarios cercanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner».
Por ese hecho «aberrante», Soria reclamó la remoción de juez Hornos por «mal desempeño, grave negligencia y por la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones».
Este presunto suceso de gravedad institucional que ha querido sacar a la luz el diputado Soria, forma parte de lo que el kirchnerismo llama la «mesa judicial« de Cambiemos, presumiblemente formada para perseguir en los tribunales a dirigentes opositores.
Espionaje, armado de causas y presión a jueces
Mientras tanto, la Justicia de Argentina avanza en la investigación por el supuesto espionaje ilegal que el Gobierno de Macri habría realizado contra rivales políticos, periodistas, dirigentes sociales, líderes religiosos, jueces y hasta miembros de su propia administración, a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El accionar no autorizado de los servicios de inteligencia tiene conexión con otra causa en la que se investiga la existencia de una ‘mesa judicial‘ durante el anterior gobierno. Se sospecha que la administración macrista tenía injerencia directa en la Justicia, presionaba a jueces, empresarios y exfuncionarios, y armaba causas falsas, que hacía públicas a través de los medios oficialistas.
La denuncia, presentada por legisladores del Frente de Todos, incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.
Incluso la propia diputada de Juntos por el Cambio Elisa Carrió reconoció la existencia de una «mesa judicial» durante el Gobierno de la alianza que integra, aunque lo hizo para quejarse de que ese sistema irregular de injerencia gubernamental no activó la remoción de un juez, luego de una sentencia que no le satisfacía al macrismo.
Pero más allá de las incontables acusaciones cruzadas entre las dos fuerzas más representativas del país, lo cierto es que cerca de 8 de cada 10 argentinos cree que es necesaria una reforma del sistema judicial.
En 2017, en plena gestión macrista, una encuesta realizada por la consultora Management & Fit reveló que el 82,1 % de los encuestados tenían «poco« o «nada« de confianza en la Justicia. La situación no parece haberse modificado en el último tiempo, ya que otro estudio de Isonomía, publicado en febrero pasado, arrojó que esa misma desconfianza llega al 79 % de los argentinos.
Emmanuel Gentile / RT.COM
