El 5 de agosto 2010 el accidente en la mina San José mostró la inseguridad y desprotección en las que se trabaja en el sector minero en Chile. De esta mina se extraía cobre y alguna vez también oro. Piñera anunció su cierre…
El 5 de agosto el accidente en el yacimiento San José, con más de un siglo de antigüedad, mostró las condiciones de inseguridad y desprotección en las que se trabaja en el sector minero en Chile.
De esta mina se extraía cobre y alguna vez también oro. Tras visitar a los mineros en el hospital el presidente Sebastián Piñera anunció su cierre.
Pressenza, Madrid, 10/19/10, por Yolanda Villavicencio Mapy
El experto en rescate que bajo a la mina explicó que las condiciones ambientales "estaban bajo estándar". "Creo que nadie puede trabajar en esas condiciones. Yo sé que en el norte hay muchas minas que funcionan de esa manera, pero es inhumano, y no se puede trabajar ahí". Las temperaturas de 40 grados en socavones que a veces falta el aire, son algunas de las condiciones infrahumanas que soportan los mineros durante las largas jornadas de trabajo.
El presidente de Chile no dudó en poner en marcha un rescate que tenía grandes riesgos y que por fortuna ha logrado salvar la vida de los 33 trabajadores. Es una evidencia que cuando se quiere se puede, pero ello no tapa las responsabilidades sobre los fallos que ocurrieron para que los mineros quedaran atrapados a 700 metros de profundidad. Máxime cuando Chile no ha ratificado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en las minas. Según Amnistía Internacional el no haber ratificado el convenio de seguridad en las minas "contribuye a generar o perpetuar profundas injusticias y abusos de los derechos humanos de los trabajadores, que se desempeñan frecuentemente en condiciones muy precarias de salud y seguridad y con alto índice de accidentes laborales a lo que contribuyen los escasos recursos aplicados por el Estado a los controles necesarios".
El presidente Piñeira, bañado en popularidad por el mediático rescate, se ha comprometido a mejorar las condiciones laborales del sector. Pero bien podría empezar por ratificar el convenio y así disminuir cifras escandalosas de accidentes laborales: 373 muertos en la última década y 31 en lo que va del año, según datos del Servicio Estatal General de Geología y Minería. La mina donde ha ocurrido el accidente hubiera requerido una inversión de 8 millones de dólares para garantizar la seguridad de sus trabajadores. Esta realidad no es sólo chilena, ocurre en toda América Latina. Ecuador y Colombia la pasada semana han padecido accidentes laborales que se han cobrado vidas.
Estos hechos reavivan el debate sobre el papel en el crecimiento de América Latina del sector minero y el impacto que puede tener en la reducción de la pobreza. A pesar de los profundos cambios políticos hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales. Desde la Venezuela de Hugo Chávez hasta Lula da Silva en Brasil, persiste la apuesta en sectores como minería y petróleo.
Podría sostenerse que esto es parte de una “inercia” que proviene de las anteriores administraciones y de la ventaja comparativa que resulta contar con esta riqueza en materias primas, pero lo cierto es que los gobiernos progresistas vienen apostando a aumentar el sector extractivista en función de la demanda propia y ajena, como una vía de inserción internacional.
Es así que en varios gobiernos latinoamericanos se están implementando planes y apoyos para profundizar los sectores convencionales como también para ampliarlos a nuevas áreas. Por ejemplo, Brasil y Venezuela favorecen aún más la exploración y explotación de hidrocarburos, y en Bolivia se tomaron medidas para el apoyo a la minería del hierro. Incluso Uruguay se interesa por sus posibilidades de petróleo en la costa.
Brasil se está convirtiendo en una potencia minera: se estima que al año 2013, este país duplicará la producción de aluminio, triplicará la de cobre, y pondrá en marcha nuevas minas y procesadoras. En 2003 con un gobierno del PT la producción de cobre fue de 264 millones toneladas (t), y creció a 370 millones de t. en 2008. Las exportaciones provenientes de minas y canteras que superaban los 6 mil millones de dólares en 2003, subieron a más de 21 mil millones en 2007 (CEPAL, 2009). Argentina bajo los gobiernos Kirchner ha seguido el mismo camino y promociona activamente la minería. Especialmente en la zona andina, lo que incluye la reciente aprobación del megaemprendimiento de Pascua Lama compartido con Chile, el objetivo del país suramericano ser el segundo productor de oro continental.
La importancia de estas exportaciones en el total de las mismas sigue creciendo y en el año 2009 la CEPAL ya muestra datos de Venezuela con el mayor porcentaje, hasta un 51% exporta a Brasil. En productos primarios y en hidrocarburos se mantiene esta tendencia. En paralelo buena parte de esos mismos países enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza y limitaciones en el acceso a la alimentación (con la excepción de Chile). La abundancia en esos recursos naturales no genera bienestar sino que alimenta la “maldición de la abundancia” (analizada en detalle para Ecuador por Acosta, 2009). Así tenemos Indicadores de Desarrollo Humano que no se compadecen con el sacrificio de sus trabajadores y de las poblaciones que reciben la contaminación de estas explotaciones.
En los nuevos procesos de extracción el Estado es mucho más activo, y no necesariamente se dedica a servir a “amigos” del poder político. En algunos casos, los nuevos gobiernos renegociaron los contratos, elevaron las regalías y tributos, y potenciaron el papel de sus empresas estatales. Posiblemente sea en Bolivia donde tuvieron lugar los cambios más notorios en este terreno. En Ecuador se sigue la misma línea, y por ejemplo el gobierno Correa ha ajustado la imposición tributaria y se ha volcado a nuevos contratos petroleros como servicios prestados al Estado. En Brasil se discute una nueva reglamentación para el sector, con la creación de una agencia estatal de nuevo tipo sobre los recursos petroleros.
Sin embargo, esto ha cambiado muy poco la realidad de las poblaciones, porque si el fin del crecimiento es la equidad y en estos años mediatos América Latina tendrá tasas de crecimiento importantes. Este debe servir a reducir la pobreza y mejorar sustancialmente la desigualdad del subcontinente. Es una nueva oportunidad, ojala esta mayor intervención del Estado en este sector estratégico funcional a la globalización comercial y financiera no profundice la fragmentación territorial de los enclaves relegados, y se reviertan las contradicciones del extractivismo. Concibiéndolo como necesario: para combatir la pobreza.
*Yolanda Villavicencio Mapy es Diputada en la Asamblea de Madrid.
