Lo que Franco Volpe buscó presentar como una denuncia contra supuestos excesos del Estado terminó abriendo una polémica de otro tenor. El concejal libertario publicó en redes una crítica contra una cuadrilla de Parques y Paseos que trasladaba plantines, ironizando que “se necesitan siete personas para bajar plantitas del auto”.
Pero había un dato central que omitió —o directamente desconocía—: buena parte de esa cuadrilla está integrada por personas con discapacidad que se forman y trabajan dentro de una política municipal de inclusión laboral.
La respuesta llegó rápido. Luciano Marelli le recordó que se trata de jóvenes que se capacitan como técnicos en espacios verdes, bajan los plantines, los plantan y realizan distintas tareas de jardinería.
Consultada por este medio, la Municipalidad aportó un dato contundente: el 45% del personal que trabaja en parques, plazas, rotondas y espacios públicos tiene discapacidad, producto de una política sostenida de inclusión.
Ese esquema se nutre de la Escuela de Jardinería, donde casi la mitad del cupo está destinado a jóvenes con discapacidad de entre 15 y 25 años. Hoy la escuela cuenta con 105 alumnos, de los cuales 45 tienen discapacidad.
La controversia sumó además otro elemento político incómodo para Volpe: la crítica a un área del Estado que, por su función de concejal, debería conocer. Sobre todo porque, remarcan en el oficialismo, muchos de esos trabajadores tienen más experiencia concreta en tareas públicas que el propio Volpe, cuya primera experiencia en el Estado es precisamente su actual banca como concejal.
El contraste no pasó inadvertido: quienes fueron objeto de la burla cuentan con años de formación y trabajo en políticas públicas que el edil cuestionó sin conocer.
La polémica, además, se produce en un contexto sensible, marcado por los conflictos entre el gobierno de Javier Milei y organizaciones de personas con discapacidad por recortes y ajustes sobre pensiones. En ese marco, las críticas de Volpe fueron leídas por sectores políticos y sociales como algo más que una chicana: como un gesto de desprecio hacia políticas de inclusión.
Lo que quiso ser un ataque a la supuesta ineficiencia estatal terminó exponiendo otra discusión: cuánto desconocimiento puede haber sobre el propio Estado en quienes tienen la responsabilidad de legislar sobre él.
Volpe quiso señalar privilegios; terminó poniendo en cuestión un programa de inclusión que lleva años funcionando. ROSARIOPLUS