Chile: La Salud Colectiva y la aprobación de la Ley de Permisología
Por Lucía Sepúlveda Ruiz. Pressenza.com. Medio Ambiente
Por Sindy Urrea Maturana
Activista por las Aguas (AMIPA Chiloé)
Tecnóloga Médica y Magister en Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local
El pasado 01 de Julio el congreso aprobó y despachó la ley de permisos sectoriales conocida como ley de permisología, a pesar de las alertas de las comunidades y expertas/os en materia ambiental. Esto sin duda, es un retroceso, no solo en el cuidado del “medio ambiente”, o más bien el cuidado de los territorios, sino además, en una profundización de vulneración en la salud de las comunidades. Estas deben convivir con la construcción de grandes instalaciones que modifican los diferentes espacios de la vida y principalmente, de personas que viven en zonas rurales y comunidades de pueblos originarios.
Lamentablemente la salud “pública” en Chile es un aspecto ausente en esta discusión, pues sigue atrapada en el modelo biomédico y centrado en los hospitales (hospitalocéntrico) donde el territorio es simplemente un conjunto de potenciales factores de riesgo por contaminación. A pesar de esta reducción de lo que entendemos por salud desde la institucionalidad, justamente ahí, es donde juega ya, un papel no menor en la evaluación de proyectos de inversión. Ese rol con esta ley termina por anularse, pues imposibilita el debido pronunciamiento que desde el sector salud se pueda hacer: el factor económico globa,l de la mano con la agenda de “reactivación económica”, sigue siendo preponderante para decisiones que impactan los derechos sociales y ambientales.
Rol actual del sector salud en la evaluación de proyectos de inversión
Dentro del proceso de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, la secretaria ministerial regional de salud (SEREMI de salud) así como otros organismos estatales con competencia ambiental, deben pronunciarse sobre diferentes aspectos de los estudios que presentan las empresas. Se trata de aspectos que van desde las condiciones sanitarias de los trabajadores, la disposición de residuos, hasta impactos en la salud por contaminación de las aguas, el suelo y el aire durante y después de la construcción en el funcionamiento de las instalaciones.
Los informes presentados por los titulares de los proyectos (ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental) deben demostrar que no se generarán impactos en la salud de los trabajadores y también de las personas que viven en el “área de influencia” del proyecto.
Las grandes construcciones pueden tener impactos como por ejemplo contaminación de aire por polvo en suspensión debido a la construcción de nuevos caminos, el aumento de tránsito de vehículos pesados o tronaduras, contaminación de suelos y agua por manejo de residuos industriales (peligrosos y no peligrosos), residuos sólidos domiciliarios, aguas servidas, impactos acústicos por ruidos (tronaduras, vibraciones), entre otros. Estos impactos muchas veces no se fiscalizan por la debilidad y falta de personal fiscalizador de las entidades públicas. Por tanto, es la propia comunidad afectada la que usualmente debe hacer ese trabajo, lo que implica un desgaste mayor, pues las (escasas) herramientas que tienen las comunidades para defenderse, son poco accesibles y a veces, no son efectivas, pues las sanciones hacia las empresas son su mayoría solo pago de multas.
La causa real de las demoras
Chile cuenta actualmente con una institucionalidad ambiental permisiva. La mayoría de los proyectos ingresados son aprobados. El estandarte enarbolado por impulsores de la ley de permisología ha sido la demora en su tramitación. Pero esa demora muchas veces se genera porque las mismas empresas piden extensiones de plazo para mejorar los estandares de calidad de sus propios estudios, no es por los “ambientalistas anti desarrollo”. Sin embargo ese el el argumento que han querido instalar desde el sector empresarial (Reportaje el Mercurio 2025 – https://shorturl.at/d5GZU).
La ley de “permisología” lamentablemente ha sido impuesta bajo una serie de mentiras, pues el mismo ministro Grau menciona que la ley “no se mete en el tema ambiental” sin embargo, la norma establece, entre otras intervenciones, “técnicas habilitantes alternativas” que, en palabras sencillas son declaraciones juradas simples. En ese papel, la empresa manifiesta que cumple con los requisitos establecidos, sin la necesidad de revisión por los organismos competentes, anulando la capacidad regulatoria que debiesen tener las SEREMI.
Son conocidos los enormes conflictos que se han generado en las denominadas “zonas de sacrificio” como lo son el caso de Quintero-Puchuncaví, con graves y masivas intoxicaciones, que hasta el momento siguen sucediendo (https://shorturl.at/bYPmq), la alta tasa de intoxicaciones en regiones centro-sur por el uso masivo de pesticidas en la agroindustria y la alta tasa de cáncer en regiones mineras como Antofagasta. Sin embargo no podemos precisar más debido a que hay deficiencias en los registros epidemiológicos en los establecimiento de salud respecto de las personas que han sido impactadas en su salud por la instalación de grandes empresas, no solo en su cuerpo físico sino que también en su salud mental.
Es importante recordar que el modelo productivo predominante en las regiones es principalmente extractivo, por tanto, es una dimensión económica y política que influye en la determinación social (J. Breihl, 2003) y en los determinantes sociales de salud. Esto se traduce directamente en la manera de sanar, enfermar y morir de las personas y comunidades que habitan los territorios.
En el contexto nacional se deben mejorar las condiciones de vida de las personas, lamentablemente esto, ha sido una excusa usada por las élites de Chile para seguir profundizando la enorme desigualdad que existe en el país, alimentando un modelo malsano (J. Breihl, 2013) basado en la acumulación de riqueza y potenciado actualmente través de la agenda de “reactivación económica”. Esa agenda no apunta a mejoras para la sostenibilidad de la vida sino todo lo contrario, por esa vía se materializan proyectos disfrazados de “amigables con el medio ambiente” pero que solo generan destrucción de la naturaleza, los ecosistemas y el tejido social.
En este contexto hago un llamado a todas/es/os mis colegas del área de la salud que habitan diferentes espacios como los ministerios, seremis, establecimiento de salud, academia y organizaciones a hacerse parte de esta discusión. Muchas veces ha faltado nuestra voz acompañando a las comunidades que hoy han visto su salud gravemente deteriorada por los profundos conflictos que se han generado por la intervención del Estado y las grandes empresas en los territorios. La salud también es el cuidado y la defensa del territorio.
Lucía Sepúlveda Ruiz
Nota original en: PRESSENZA.COM
