La lógica del plan: se licuan las deudas de los grandes grupos con ingresos dolarizados mientras que se destinan $6,25 mensuales para cada argentino careciente.
ALGUNOS GANAN, LA MAYORÍA PIERDE
El gobierno denominó «nuevo plan económico» a una sumatoria de medidas de carácter monetario, financiero y jurídico que no tienen en cuenta a la mayoría (ya no silenciosa) de la población argentina perjudicada por décadas de política neoliberal… Las medidas fueron presentadas desde un enfoque simplificador de la crisis, reduciendo su posible solución a la desactivación del «corralito» financiero y la instrumentación de paliativos para la desesperada situación de los sectores más golpeados.
Según el diccionario «plan» es un programa o disposición detallada de una obra o acción y del modo de realizarlas» y añade como ejemplo plan de desarrollo. Nada de ello se desprende de las últimas disposiciones, presentadas gráficamente por el presidente de la Nación y sus ministros como delicada operación de «desactivar una bomba de tiempo», refiriéndose al caso del «corralito» financiero. No mencionan el ámbito mayor de toda la geografía argentina, donde habitan decenas de millones de pobres, indigentes, desocupados y trabajadores precarios que no reclaman salir del «corralito» porque nunca estuvieron, sino cómo proveer de sustento diario a sus familias. En el balance, este grupo consolida e incrementa sus pérdidas.
El proyecto de presupuesto nacional 2002 destina a la unificación de todos los programas sociales 1.000 millones de pesos para jefes de hogar desempleados, 350 millones para asistencia alimentaria y un monto no determinado para medicamentos. Si estimamos que en conjunto serán 1.500 millones y lo dividimos por los aproximadamente 20 millones de pobres, indigentes y desocupados, a cada argentino careciente le corresponderían 75 pesos anuales (es decir $6,25 pesos por mes). Al mismo tiempo se asignan 6.000 millones de pesos al pago de intereses al FMI, Banco Mundial y BID y a los tenedores de bonos. Continúa el recorte del 13% para empleados públicos y jubilados.
En el tramo de la escala social correspondiente a la clase media se ha producido una expropiación, cualquiera sea el nombre con que se la disimule.
Según últimas cifras del Banco Central hay alrededor de 1.600.000 ahorristas en plazos fijos, tanto en pesos como en dólares. De ese total, 1.245.000 (alrededor del 80%) no superan los 25.000 pesos o dólares. Si consideramos depositantes con ahorros hasta 100.000 pesos la participación se eleva al 97% del total. La clase media ahorrista también está en el bando de los perdedores.
La pesificación de depósitos y préstamos 1 a 1 anunciada por el ministro de Economía ya no hace distinción entre deudores de hasta 100.000 dólares y superiores a esa cifra. Ahora entran todos. Esa decisión implica un costo de alrededor de 50.000 millones de dólares a soportar por los ahorristas y el Estado. El costo del Estado se repartirá entre quienes pagan impuestos, en su mayoría al consumo, y los que dejan de percibir ingresos presupuestarios que el Estado dedica a otros destinos, por ejemplo, la desvergonzada licuación de pasivos de los principales deudores, muchos de ellos grandes empresas con ingresos dolarizados. Esos deudores están entre los que (siempre) ganan. Entre ellos Francisco Macri a cuya afirmación: «Deberían tomarse medidas drásticas, como por ejemplo estatizar toda la deuda privada» APYME repudió en un comunicado del 25.10.01: «Macri tiene una particular visión del riesgo empresario si los negocios que emprende no resultan tan buenos como preveía, se queda con las ganancias y transfiere las pérdidas. Así resolvió la situación del Correo Argentino, sin pagar el canon y presentando a la empresa en un concurso cuyo principal acreedor es el Estado. Ahora reclama que toda la población se haga cargo de su deuda». Tres meses después el reclamo fue satisfecho.
Del otro lado, un trabajador cuyo salario perderá poder adquisitivo en forma notable por la devaluación y las perspectivas de aumento de precios, no percibirá compensación ni sus ingresos están incluidos en la indexación a la que sí deberá hacer frente si obtuvo y está pagando un préstamo.
Los pequeños y medianos empresarios están afectados en todos sus roles: como productores o vendedores asisten a la progresiva disminución -cuasi desaparición- del mercado interno; sus insumos o no están disponibles o tienen que pagarlos en dólares, el «corralito» culminó con la ruptura definitiva de una cadena de pagos que ya venía perdiendo eslabones; sus deudas, aunque no sus ingresos, estarán indexadas; sus activos perdieron valor con la devaluación y no alcanzan a ser compensados con el uno a uno de los préstamos.
La banca extranjera impulsa un proyecto para desalojar a los bancos públicos y cooperativos aprovechando el momento para consolidar su dominio. No está ajeno a ese objetivo privatizar el Banco Nación.
Los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores rurales aportan a las ganancias de uno de los sectores más beneficiados: los grandes exportadores que apuestan a quedarse con todo el diferencial de la devaluación y que equipararán los precios que logran en el exterior a sus ventas en el mercado interno.
El espacio de esta nota no permite el análisis pormenorizado de todas las medidas de esta supuesta «nueva alianza». Se huele a recetas recocidas, a continuidad de la cocina neoliberal. Pero hay otra cocina, con cacerolas que están listas para decir no.
En nuestro comunicado del 4 de febrero aportamos algunas propuestas: fijar un límite de US$ 300.000 para la pesificación de deudas, y que hasta ese importe no se indexen las cuotas; la creación de un impuesto extraordinario para las empresas beneficiadas por la inequitativa transferencia de riqueza; la devolución de depósitos hasta 10.000 pesos o dólares mediante un fondo integrado por los préstamos de los mayores deudores; la prohibición de aumento de tarifas de servicios públicos, y fundamentalmente medidas de reactivación, ausentes del discurso y la acción del Gobierno. Asimismo, reiteramos la exigencia de una ley de salvataje para las Pymes y la inmediata implantación del Seguro de Empleo y Formación sostenido desde el Frenapo.
APYME continuará aportando propuestas junto con el resto de las organizaciones que reclaman que los ganadores de siempre -de adentro y de afuera- no continúen ensanchando el equipo de los perdedores históricos. Para eso se necesitan cacerolas, pero para elaborar una receta diferente también hace falta mucho más que el imprescindible ruido.
JUAN JOSE SISCA, VICE PRESIDENTE
(Comunicado de prensa del 6/2/2002, luego de las últimas medidas económicas)
