En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente argentino se comprometió además a otorgar más recursos para la Justicia Federal en Rosario.
El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció la “creación de un Juzgado Federal, una Fiscalía y una Defensoría General, en la ciudad de San Lorenzo, que también va a estar orientada a la investigación de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico”.
La confirmación fue realizada por el mandatario, como parte del discurso que pronunció en el mediodía de este domingo, ante la Asamblea Legislativa, dando apertura del 138º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.
El presidente Alberto Fernández le dedicó una buena parte de su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional a la reforma judicial y el fortalecimiento de la justicia federal en las ciudades de Rosario y Santa Fe donde los dos primeros meses del año la ola de violencia extrema arrojó cifras récord de asesinatos, la mayoría vinculado a la lucha entre narcos por el control del territorio.
En ese sentido, y en el marco de la implementación del nuevo sistema acusatorio penal, prometió aumentar la actuación de los jueces y fiscales federales en la provincia que gobierna Omar Perotti, quien asentía a cada medida que iba enumerando Fernández ante la Asamblea Legislativa.
Tal es así que en su visita del jueves pasado a Rosario, Fernández prometió la asistencia del gobierno federal para afrontar la crisis de seguridad que vive la región. Sin dar precisiones, aseguró que para el próximo 20 de Junio, cuando se conmemora el Día de la Bandera, «los rosarinos ya van a ver encontrado muchas respuestas al problema de la inseguridad».
Es que una de las principales demandas en Santa Fe tenía que ver con los escasos avances de las causas que se iniciaban en los fueros federales sobre narcotráfico y lavado de activos. De hecho, el encarcelamiento de las primeras líneas que dominaron hasta hace pocos años el mapa del tráfico de drogas, lo llevó adelante la justicia provincial a través del nuevo sistema penal acusatorio implementado en los años de los gobiernos del Frente Progresista.
Mientras las causas por asesinatos, extorsión y violencia -delitos de incumbencia de los tribunales provinciales- avanzaban contra los grandes clanes del crimen organizado y sus cabecillas iban cayendo de a uno, los expedientes federales se activaron muchísimo tiempo después y en gran medida, gracias a las pruebas recolectadas por los investigadores del fuero local.
Desde los juzgados federales se amparaban en el reclamo mayores recursos humanos para poder avanzar en las complejas tramas que debían investigar donde los negocios oscuros de la droga se mezclan con vínculos de sangre de las familias que operan en la zona donde los lazos de fidelidad se fueron reconfigurando con el tiempo.
En consecuencia, la promesa de Fernández de reforzar la justicia federal en Rosario y Santa Fe abre una posibilidad para contar con un servicio más eficiente y expeditivo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado del dinero que genera, las dos grandes caminos para llegar a los jefes de las organizaciones delictivas.
En concreto, el presidente propuso la creación de una nueva sala y una Secretaria de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de rosario y para fortalecer el Ministerio Público Fiscal para la rápida aplicación del código acusatorio, prometió nuevos cargos auxiliares de fiscales y asistentes bajo la órbita de un coordinador de distrito.
Además, el presidente se comprometió a impulsar un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico.
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