Aguas Provinciales presentó su plan para seguir en la concesión

Nuevo round en la pulseada entre la Casa Gris y Aguas Provinciales de Santa Fe. La empresa entregó ayer una nota al gobierno donde aclaró su intención de continuar prestando los servicios y mostró dos planes cuyas inversiones promedio son de 30 y 100 millones de pesos anuales, respectivamente. «En principio, esto no me conforma para nada», advirtió a La Capital el ministro provincial de Obras Públicas, Alberto Hammerly, quien analizará el tema hoy con el gobernador Jorge Obeid. El funcionario reiteró que la multinacional «debe cumplir las metas y objetivos fijados en los contratos» y descartó que pueda haber aumentos tarifarios antes de fin de año.

Al filo del vencimiento de los plazos establecidos por el gobierno santafesino, Aguas Provinciales entregó un documento con dos alternativas de inversión. El escrito llegó al despacho de Hammerly poco después del mediodía de ayer y el ministro se tomará «un par de días» para analizarlo detenidamente.

En la nota que lleva el número 2.514, y que tiene fecha del 15 de septiembre pasado, la empresa expresa su voluntad de preservar «el marco contractual de la concesión», pero aclara que el contrato se deberá adecuar «a la nueva realidad social, económica y financiera» que vive la provincia y el país. Pero la firma subraya que «es fundamental» que ellos cuenten «con recursos necesarios para garantizar los flujos de inversión para el mantenimiento y expansión de las infraestructuras sanitarias».

En función de esto, Aguas Provinciales describió dos alternativas técnicas y económicas para continuar con las prestaciones en Santa Fe. La primera propuesta contempla una inversión de 30 millones de pesos promedio anuales. Con esta suma se podría mantener el servicio con el crecimiento vegetativo dentro del radio atendido actualmente y «se garantizarían los niveles de calidad que permite la infraestructura existente». Asimismo se podrían mantener las instalaciones existentes y renovar unidades de producción de aguas.

Pero quedarían descartadas expansiones en las redes de agua potable y de efluentes cloacales. En el caso de Rosario, se podría finalizar con la obra que se encuentra en marcha del conducto Vera Mujica y se desarrollaría un aliviador para la zona de la terminal de ómnibus.

La segunda alternativa está basada sobre una inversión aproximada de 100 millones de pesos promedio anuales. En este plan se incluirían además de los trabajos enumerados anteriormente, la extensión de redes cloacales y de agua potable. También habría mejoras en la calidad del fluido y se construirían plantas depuradoras de líquidos cloacales en Rosario, Santa Fe y San Lorenzo.

«En ambas hipótesis, los recursos con los que hoy cuenta la concesión resultan notoriamente insuficientes para su ejecución», indica la nota remitida por Aguas Provinciales al gobierno.

El titular de Relaciones Institucionales de la empresa, Alfredo Parcel, remarcó que «el futuro de la concesión no depende de un plan de obras a corto o mediano plazo, sino de una revisión para acordar un contrato sustentable donde se contemplen las obligaciones de todas las partes -empresa, Estado y clientes-, teniendo en cuenta la realidad económica y social del país».

Mientras, Hammerly descartó de plano que pueda haber una suba de tarifas en la boleta de Aguas antes de fin de año. No obstante, consideró que «quizás, el año que viene» se pueda analizar el tema.

«Lo que Aguas presentó no es un cronograma de obras como pretendíamos. Ahora debo analizarlo con el gobernador», indicó el ministro tras recibir el escrito de nueve carillas. «Esto no me conforma para nada», se sinceró y agregó que en la nota presentada «no se aclara durante cuántos años se estiman invertir esos 30 ó 100 millones de pesos».

Hammerly consideró que «la empresa pretende involucrar al Estado en un plan de gerenciamiento de obras que no corresponde», y reiteró que «Aguas no cumplió los objetivos y metas estipuladas», razón por la cual el gobierno está reclamando, y hasta llegó a amenazar con rescindir el contrato por 30 años, firmado el 5 de diciembre de 1995.

«A mí no me interesa de dónde sacarán la plata. Es problema de la concesionaria que tiene que cumplir con lo pautado», reiteró el funcionario que hoy discutirá el tema con Obeid.

Fuente: diario La Capital