El fiscal Luis María Caterina presentó este jueves una acusación de más de 300 páginas en la que solicitó penas de hasta 14 años de prisión para 21 imputados –19 policías y dos civiles– por integrar una asociación ilícita dedicada a desviar fondos públicos mediante maniobras con combustible destinado a patrulleros.
En el centro de la acusación quedó el exjefe de la Policía rosarina, Daniel Acosta, señalado como líder de la organización. Para él, la Fiscalía pidió 12 años de cárcel. Sin embargo, la pena más alta fue requerida para quien fuera su secretario privado, Rodrigo Domínguez: 14 años de prisión por asociación ilícita, peculado y otros delitos vinculados al manejo del dinero obtenido mediante retornos ilegales.
La investigación comenzó con una denuncia anónima enviada por correo en julio de 2024 y terminó exponiendo un presunto esquema de corrupción enquistado en la cúpula de la Unidad Regional II de Rosario. Según la pesquisa, el mecanismo consistía en inflar cargas de combustible y facturar consumos inexistentes en móviles policiales. Parte del dinero volvía en efectivo desde una estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, administrada por la firma Gas Auto Tiferno. La estación retenía un porcentaje de las maniobras y entregaba el resto en sobres a jefes policiales de distintas secciones.
La causa avanzó a partir de tareas de inteligencia interna. Primero se colocaron GPS en patrulleros sospechados de registrar consumos elevados sin moverse de lugar. Después hubo vigilancias encubiertas frente a la estación de servicio y escuchas telefónicas que permitieron reconstruir el circuito de sobrefacturación y distribución de dinero.
La Fiscalía sostiene que el fraude alcanzaba cifras millonarias. Cuando el caso salió a la luz, el gobierno santafesino estimó pérdidas mensuales cercanas a los 45 millones de pesos. Tras la investigación y el control sobre las cargas, el ahorro mensual en combustible rondó los 60 millones.
Uno de los aspectos que más impactó en el expediente fue el funcionamiento interno de una suerte de sistema disciplinario informal bautizado “OGM” –Oficina de Gestión de Multas–, supuestamente dirigido por Domínguez. Allí se aplicaban castigos a subordinados que cometían errores en la recaudación clandestina: debían entregar dinero, botellas de whisky importado, vinos caros o incluso costillares. Según la acusación, esos bienes se guardaban en un freezer y en una caja cercana al despacho del jefe policial.
Durante un allanamiento a la vivienda de Domínguez, los investigadores encontraron alrededor de 25 millones de pesos en efectivo. Para el fiscal, el exsecretario privado ejercía un control férreo sobre mandos medios y bajos, además de coordinar el reparto del dinero.
El escrito acusatorio también alcanza a responsables de distintas áreas operativas de la Policía rosarina, entre ellas Caballería y Perros, el Comando Radioeléctrico, la Brigada Motorizada, Infantería y la Brigada de Orden Urbano. Las penas solicitadas oscilan entre los 3 años y 4 meses y los 8 años de prisión, según el grado de participación atribuido.
Entre los civiles implicados aparece la empresaria Mónica Bianconi, titular de la estación de servicio involucrada. Caterina pidió para ella una condena de 8 años al considerar que fue una de las principales beneficiarias económicas de la maniobra. También está acusado el encargado del establecimiento, Daniel Reynoso, para quien solicitaron 6 años y 8 meses de prisión.
Con la presentación formal de la acusación, quedaron prorrogadas automáticamente las prisiones preventivas de ocho imputados. El próximo paso será la audiencia preliminar, antesala de un eventual juicio oral que promete convertirse en uno de los procesos más resonantes sobre corrupción policial en Santa Fe. ROSARIOPLUS