La información circula en redes, los trabajos se desarrollan en plataformas, los Estados incorporan cada vez más herramientas tecnológicas y gran parte de la vida social ocurre en entornos conectados. Ignorar esa realidad sería cerrar los ojos frente a un cambio que ya está en marcha y crece a pasos agigantados. Ya nadie duda a esta altura que lo digital, la revolución acelerada de la inteligencia artificial y los nuevos vínculos tecnológicos son parte de nuestra vida cotidiana, nuestra vida pública y nuestra intimidad. Con todo ello viene lo bueno y lo malo, nacen oportunidades y también nos enfrentamos a múltiples riesgos.
La pandemia expuso con claridad algo que ya estaba latente: la necesidad de pensar la educación y la tecnología como partes de un mismo sistema.
Cuando las clases tuvieron que trasladarse a las pantallas, docentes y estudiantes convirtieron los hogares en aulas. En muchos casos funcionó y abrió nuevos universos posibles para la educación; en otros, no tanto.
Lo que está claro es que la experiencia nos dejó como enseñanza que garantizar el derecho a la educación hoy también implica garantizar conectividad, acceso a tecnología y nuevas formas de enseñar y aprender.
El mundo en el que vivimos es profundamente digital y la escuela y la educación no deben quedar al margen. Ahora bien, hablar de educación digital no significa simplemente repartir computadoras, pensar en wifi o instalar plataformas. El verdadero desafío es más profundo. El debate es amplio y colectivo.
En nuestro país, y la provincia de Santa Fe no es la excepción, todavía existen brechas importantes en el acceso y uso de la tecnología. La geografía, la realidad económica y los grupos sociales de pertenencia determinan el acceso a entornos digitales, por eso son necesarias políticas contextualizadas e igualadoras.
No es lo mismo una escuela de un pueblo del norte de la provincia que una de una gran ciudad; tampoco es igual la situación de un adolescente que comparte un dispositivo con toda su familia que la de un niño que cuenta con su propia computadora; tampoco es lo mismo una maestra que planifica desde su celular o un profesor que prepara sus clases en una sala de computación de una comuna. Estas realidades muestran que, cuando hablamos de tecnología en educación, debemos hacerlo desde una mirada que reconozca las diferencias existentes y trabaje para que no se profundicen las desigualdades y se acorte la brecha en la apropiación de la tecnología.
Ese debate lo dimos y lo sostuvimos durante la Convención Reformadora de la Constitución provincial del año pasado, donde impulsamos con fuerza y convicción la incorporación de los derechos digitales como parte del marco de derechos que el Estado debe garantizar en el siglo XXI. Afirmábamos que hoy gran parte de la vida de las personas transcurre en entornos digitales: allí estudiamos, trabajamos, participamos e incluso debatimos sobre asuntos públicos. Por eso el acceso a internet, la protección de datos personales y la igualdad en el uso de las tecnologías ya no podían quedar fuera de la discusión sobre derechos.
Es allí donde se vuelve necesario reflexionar y actuar con el compromiso de todos los actores involucrados: los gobiernos y sus políticas, el Poder Legislativo, los docentes y equipos directivos, las familias y la comunidad en su conjunto.
Y en todo esto la escuela tiene un rol urgente y protagónico: es la institución común y democrática para muchos. Pero debemos ser claros: la tecnología por sí sola no transforma la educación. La experiencia de estos años lo viene demostrando. Y los y las docentes no son los únicos responsables de este proceso ni en quienes tiene que recaer todo el peso de este tema, pero sí actores insustituibles para hacerlo posible.
El Estado, con todo su potencial, debe acompañar y marcar este camino. Es innegable que Santa Fe está dando mensajes claros con este tema. En los últimos días el gobierno provincial anunció nuevas iniciativas vinculadas a la incorporación de tecnología en el sistema educativo y en especial un programa de Educación Digital para todas las escuelas del territorio provincial. También lo hicimos nosotros desde la Legislatura con varios proyectos: Ley de Educación Digital, Ley de protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales y Ley de Ludopatía, entre otros.
En definitiva, la cuestión pasa por preguntarnos qué oportunidades queremos garantizar para quienes habitan la cotidianeidad de la tecnología y para las generaciones que vienen. Si logramos que cada estudiante tenga acceso a herramientas y recursos digitales, formación crítica y acompañamiento sostenido y contención desde el ámbito educativo, estaremos dando un paso importante hacia un futuro que ya llegó.
Por eso, la educación de hoy y para el futuro debe ser digital. Pero su sentido, siempre, profundamente humano. ROSARIOPLUS