Santa Fe avanza con una reforma laboral que promete desarmar la litigiosidad récord y ahorrar US$ 100 millones al sector privado.
Con respaldo del Gobierno provincial, diputados del oficialismo en Santa Fe impulsan una profunda reforma al Código Procesal Laboral que apunta a un objetivo explícito: bajar la litigiosidad que, según los autores del proyecto, duplica la media nacional y encarece el costo de producir en la provincia.
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El diagnóstico es contundente. Mientras el promedio nacional es de 62 juicios cada 10.000 trabajadores, Santa Fe registra 148, muy por encima de distritos comparables como Córdoba (68). Para el diputado Martín Rosúa, coautor del proyecto, esta brecha le cuesta al sector privado santafesino unos US$ 100 millones anuales en primas de ART por encima del promedio nacional.
“Tenemos la misma cantidad de siniestros que Córdoba, pero el doble de juicios”, advirtió. Según su análisis, esa diferencia explica por qué las primas de ART en Santa Fe rondan los 4 puntos, frente al 2,70 nacional. Dinero que —asegura— “no va ni al empresario ni al trabajador”, sino que se pierde en un sistema de incentivos distorsionados.
Los ejes de la reforma
El proyecto se apoya en cuatro pilares centrales:
- Cuerpo Especializado de Peritos Judiciales: prioridad a peritos dependientes del Poder Judicial para evitar discrecionalidad y unificar criterios técnicos.
- Nuevo régimen de honorarios: se fija un estándar de 5 JUS, desligado del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad, para eliminar incentivos económicos a la sobredimensión de reclamos.
- Revisión de Comisiones Médicas: el plazo para iniciar acciones judiciales tras un dictamen se reduce de dos años a 45 días hábiles.
- Limitación del debate judicial: solo podrán discutirse en tribunales las cuestiones planteadas en la instancia administrativa.
Los impulsores del proyecto sostienen que los honorarios “no pueden estar determinados por el resultado de la sentencia”, ya que eso genera un interés contrapuesto con la búsqueda de la verdad objetiva. Sin embargo, este punto encuentra la resistencia en algunos legisladores, incluso del oficialismo y del lobby de las entidades que representan a los profesionales, y no sólo abogados, ya que tendría un impacto en los ingresos de sus propias cajas.
La reforma prevé plena vigencia del nuevo sistema pericial. Según sus impulsores, no busca recortar derechos sino “ordenar incentivos”: que quien tenga un derecho legítimo cobre rápido y desalentar lo que definen como “industria del juicio”.
También anticipan futuras medidas, como la unificación de tasas de interés judicial y mejoras administrativas, tomando como referencia el modelo cordobés, que redujo su litigiosidad en 77%.
