Por Ángel Sanz Montes. Pressenza.com
Básicamente este artículo se centra en “la federalización de la desigualdad” y cómo la educación y formación va a diferenciarse entre los Estados de la Unión. Las competencias en este tema de los Estados ya eran muy amplias y el papel del gobierno Federal escaso. Pero, desde la elección de Donald Trump en 2016, y desde su segundo regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, la política educativa federal estadounidense ha experimentado una transformación radical. En este artículo pretendemos unir los hechos, o unir “las líneas de puntos” de hechos documentados y acciones legislativas presidenciales, etc. Para llegar a conclusiones sobre el estado de la educación y formación. Con esta reforma del Gabinete Trump la Educación y Enseñanza preuniversitaria se aparte de lo que son los estándares en otras partes del Mundo, salvo en los Estado y centros mejor dotados.
Antes de empezar veamos el panorama español
En España, alrededor del 67 % del alumnado de las etapas equivalentes al K‑12 estadounidense estudia en centros públicos, un 30 % en concertados y entre un 3‑4 % en privados no concertados. La mayoría de los concertados son de titularidad católica (aproximadamente un 74 % pero es una “confesionalidad light”. Si acaso destacar colegios de órdenes religiosas y del Opus Dei, y en ellos más del 80 % del alumnado cursa religión entendida como una opción más determinista desde las creencias). En nuestra Escuela Pública predomina la opción laica. España es, además, uno de los países de la OCDE con mayor peso de la educación concertada y con fuerte segregación socioeconómica entre centros públicos y privados. Este es el dato a destacar. Los más favorecidos van a la mejor concertada y privada, las clases medias (media-baja en realidad o “justica” intenta enviar a sus hijos a la concertada también al 50% con la pública. Es en las grandes ciudades españolas donde en algunas Escuelas Públicas se concentran los más desfavorecidos hijos de inmigrantes.
EE.UU.: la erosión progresiva del control federal (2017–2024)
Durante su primer mandato (2017–2021), Trump ya impulsó sustanciosos recortes presupuestarios y reformó políticas de diversidad e inclusión, debilitando programas de igualdad como “Title IX” (de la Ley federal: Education Amendments Act de 1972) o las acciones específicas dirigidas al apoyo a las minorías. Aunque nunca logró cerrar el Departamento de Educación, sembró las bases de una agenda de descentralización. De hecho, estaba textualmente como en su Agenda 2025.
Desde entonces, muchos estados republicanos avanzaron más (desde la ya de por sí enorme discrecionalidad que cada Estado tiene legalmente), en los temas de contenidos educativos y formación, o sus propias restricciones sobre contenidos curriculares, libros sobre raza, género o sexualidad, y políticas DEI (diversity, equity, inclusion), incluso limitando formación de profesorado en estos ámbitos.
El regreso a la Casa Blanca de Trump: el gran desmantelamiento (enero–marzo 2025)
A los nueve días de asumir en enero de 2025, Trump firmó la Executive Order 14190, que prohíbe cualquier enseñanza en K‑12 (educación primaria desde los cero a 12 años) relacionada con teoría crítica de la raza, ideología de género o material «antiamericano», e incluso insta a que profesores sean penalizados penalmente si apoyan a estudiantes transgénero (véanse los detalles, alcance en Wikipedia.y un análisis en Axios).
El 20 de marzo, firmó una orden ejecutiva formal para desmantelar el Departamento de Educación, instruyendo a la secretaria Linda McMahon a “facilitar su cierre” y a transferir autoridad a los estados y comunidades locales, mientras se aseguraba “la entrega ininterrumpida” de servicios esenciales, excluyendo cualquier programa que promueva DEI o ideologías de género (New York Post) (sobre el Departamento de Educación en castellano: wikipedia).(Análisis desde la BBC de la acción de la Administración Trump en tema de educación).
En ese proceso, el DOE redujo su plantilla en un 50 % aproximadamente (de ~4.100 a ~2.100 empleados), afectando de forma notable las agencias que gestionan préstamos estudiantiles (Federal Student Aid) y derechos civiles (Office for Civil Rights) (detalle en Wikipedia).
Validación judicial y congelación de fondos (julio 2025)
En julio de 2025, el Tribunal Supremo dio un giro decisivo al permitir que la administración Trump ejecutara despidos masivos en el Departamento de Educación sin necesidad de aprobación del Congreso. Con esta sentencia, se levantó la orden de suspensión emitida en mayo que bloqueaba la orden ejecutiva de Trump para cumplir su promesa de campaña de “cerrar” el departamento y devolver el control educativo a los estados.
Trump celebró la resolución en su plataforma Truth Social, calificándola de “gran victoria para estudiantes y padres”. La secretaria de Educación, Linda McMahon, fue más explícita en Fox News: “Esta decisión nos quita las esposas para devolver la educación a los estados”.
Sin embargo, la decisión estuvo lejos de ser unánime. Las tres juezas liberales del Tribunal votaron en contra. Sonia Sotomayor, en un disenso de 19 páginas, advirtió que la Corte estaba facilitando la intención del Ejecutivo de “romper la ley”, y añadió que “la amenaza para la separación de poderes de nuestra Constitución es grave”.
El Departamento de Educación, que contaba con unos 4.000 empleados, ya había perdido aproximadamente la mitad de su plantilla desde enero, según The New York Times. La eliminación completa de este organismo, no obstante, requeriría una ley aprobada por el Congreso, y las encuestas citadas por The Wall Street Journal indican que la mayoría de los estadounidenses prefieren mantener su existencia.
Aun así, el fallo del Supremo consolidó una serie de victorias legales para Trump en su campaña por reducir el tamaño del gobierno federal y reafirmar su control sobre el poder ejecutivo. En paralelo, la administración ordenó la congelación de unos 7.000 millones de dólares en fondos federales destinados a la educación, afectando programas de capacitación docente, apoyo a estudiantes migrantes y actividades extraescolares. Esta medida provocó la reacción inmediata de 24 estados y el Distrito de Columbia, que demandaron al gobierno alegando que esta paralización vulnera los procedimientos legales y pone en riesgo a millones de estudiantes en distritos vulnerables.
Por contra. La reacción a la apisonadora de Trump se consolidó en una coalición de 20 estados (liderada por Nueva York) junto con el Distrito de Columbia. Junto a varios distritos escolares, como Somerville y Easthampton (Massachusetts). Así como los grandes sindicatos de educación, entre ellos la American Federation of Teachers (AFT). Sumandose lógicamente también los empleados y funcionarios afectados de estos despidos masivos de la nochae a la mañana, como la American Federation of Government Employees (AFGE) y otras federaciones sindicales junto con municipios y ONGs (representadas por Democracy Forward).
Estos litigantes demandaron inicialmente, en tribunales inferiores, las medidas de la Administración Trump para bloquear los despidos masivos del Departamento de Educación y demás cambios, argumentando que se violaban la separación de poderes y se estaba desmantelando una agencia federal establecida por ley y en la que el Congreso deberíá ser oída antes de materializarse.
Pero cuando los casos desde los tribunales menores llegan al Tribunal Supremo, en su fallo finalmente levanta esa suspensión cautelar por las demandas, casando doctrina y permitiendo a la administración Trump seguir adelante con los despidos en Educación y sus cambios, lo que supone una derrota legal para estos actores, y con ello una gran victoria procesal para Trump (K12dive.com) (The Week y VOX sobre la victoria ante el Supremo de Trump).
Al mismo tiempo, el gobierno congeló cerca de 7.000 millones de dólares en fondos escolares federales para formación docente, programas de migrantes y actividades extraescolares, provocando demandas de 24 estados y el Distrito de Columbia alegando violación de procedimientos legales y afectación a minorías estudiantiles (véase, en este sentido el artículo en Politico).
Las voces desde las aulas: docentes, padres y especialistas
Educadores y sindicatos
Muchos maestros y líderes sindicales advierten que la falta de recursos y supervisión federal incrementa las desigualdades entre distritos. Las regiones rurales o con menor riqueza pierden apoyo crucial para estudiantes con discapacidad, migrantes o bilingües.
Expertos en educación
Voces autorizadas en el ámbito educativo advierten que las medidas de la administración Trump representan no solo un retroceso, sino una amenaza estructural para la igualdad de oportunidades en el país. Analistas como Keri Rodrigues, presidenta de la National Parents Union, han señalado que la eliminación del Departamento de Educación —o su vaciamiento funcional— podría “fragmentar y politizar aún más el sistema escolar”, dejando a millones de estudiantes sin un estándar mínimo de calidad o protección.
Las críticas destacan que, al transferir competencias sin una estrategia federal, se expone a los distritos más pobres a recortes y desigualdades extremas. “La educación pública no puede depender de la suerte geográfica del estudiante, ni de la voluntad política de un gobierno local con recursos limitados”, apuntan expertos en políticas educativas consultados por K12 Dive. En su análisis, la pérdida de una autoridad central genera un mosaico de sistemas dispares, donde algunos estados podrán mantener estándares elevados mientras otros verán deteriorarse sus programas académicos y sociales.
Esta perspectiva resuena con el temor de muchos docentes: sin un marco nacional, las comunidades más vulnerables —estudiantes de bajos ingresos, migrantes o con necesidades especiales— corren el riesgo de quedar abandonadas a su suerte. (Fuente: K12 Dive, marzo 2025)
Estas fuentes también se señalan riesgos en los programas DESI (diversity programs) y ayudas federales cifradas en Title I (por un valor de 18 mil millones de USD destinados para compensar la calidad y medios en zonas empobrecidas) o las iniciativas IDEA (15 mil millones de dólares para educación especial)
Reacción de los padres y organizaciones civiles
Padres de comunidades minoritarias denuncian que, sin vigilancia federal, los Estados con fuerte perfil religioso o conservador promoverán agendas ultra confesionales. Libros sobre raza, diversidad sexual o historia crítica están ya siendo prohibidos, especialmente en estados como Florida, Texas, Misuri o Iowa; ya se han retirado más de 10.000 títulos de bibliotecas escolares en 2023/24, muchos sobre temas LGBT+ y BIPOC. Esta tendencia tras las victorias en el frente de la reforma educativa de la Agenda 2025 del Gabinete Trump es indiscutible.
En cuanto al índice de libros prohibidos, desde 2021, en Estados Unidos se ha intensificado el fenómeno de la prohibición y censura de libros en bibliotecas públicas y escolares. Este movimiento ha estado impulsado principalmente por grupos ultra conservadores y algunos sectores políticos que argumentan proteger a los menores de contenidos “inapropiados”, pero que, en la práctica, se dirige contra libros que abordan temas de identidad de género, sexualidad, racismo y diversidad cultural.
El aumento de estas prohibiciones coincide con un clima de polarización política y cultural. Organizaciones como PEN America han documentado cientos de casos de libros retirados de estanterías o vetados de planes de estudio, destacando que muchos de ellos son obras de autores afroamericanos, latinos o LGBTQ+, así como clásicos de la literatura Universal que tratan temas de injusticia social.
Los críticos de este movimiento sostienen que la chocante censura atenta contra la libertad de expresión y la educación crítica, empobreciendo el acceso a ideas diversas. El fenómeno ha alcanzado tal magnitud que incluso librerías y editoriales han impulsado campañas de resistencia, organizando lecturas públicas y donaciones de libros prohibidos, para denunciar lo que consideran un retroceso en los derechos culturales y educativos en el país. (Wikipedia).
Disparidad creciente entre estados
Con la retirada del gobierno federal, la educación preuniversitaria —lo que en EE. UU. llaman K‑12, desde la etapa infantil hasta el último año de secundaria— depende ahora en un 80‑90 % de los recursos locales y estatales, que se nutren principalmente de impuestos a la propiedad. Este modelo agrava las diferencias: los distritos con viviendas de alto valor o con una economía local robusta pueden recaudar más impuestos y financiar escuelas con laboratorios modernos, programas de arte, tecnología y deportes, mientras que en los barrios pobres o zonas rurales, donde la recaudación es menor, apenas se cubren los servicios básicos y el mantenimiento de las infraestructuras.
Este desequilibrio se ha hecho cada vez más evidente en los últimos años. Las comunidades urbanas y prósperas —como las del noreste del país o ciertos distritos de California— logran mantener estándares educativos comparables a los europeos, con alta cualificación docente y programas bilingües o tecnológicos avanzados. En cambio, muchos estados del sur y del medio oeste, con economías agrícolas y un fuerte componente religioso, están retrocediendo en contenidos científicos o históricos, sustituyendo la enseñanza de la evolución por el creacionismo, eliminando referencias a la esclavitud o a la lucha por los derechos civiles, y censurando libros que tratan cuestiones de diversidad racial o de género.
La brecha no es solo de contenido, sino también de oportunidades. Un estudiante de secundaria en Massachusetts puede acceder a clases de programación, robótica o filosofía, mientras que uno de Mississippi o Alabama recibe un currículo centrado en valores religiosos o patriotismo doctrinario, con muy poca formación en competencias críticas o tecnológicas. Estas diferencias crean un “mosaico educativo” donde la calidad de la educación depende casi exclusivamente del código postal, perpetuando desigualdades sociales y económicas.
La politización local también ha traído otro problema: las juntas escolares (school boards), elegidas por voto popular, se han convertido en escenarios de lucha ideológica (a golpe de dólares donantes y campañas). Los candidatos apoyados por grupos ultraconservadores o con gran poder económico local están influyendo directamente en qué libros, qué valores y qué verdades históricas se enseñan. Esto ha derivado en la prohibición de miles de títulos en bibliotecas escolares —desde obras de Toni Morrison hasta manuales sobre diversidad cultural—, generando una especie de “fractura cultural” entre estados progresistas y conservadores.
En los Estados agrícolas o profundamente religiosos (en especial aquellos con leyes de enseñanza bíblica obligatoria) están avanzando hacia agendas casi teocráticas: sustituyen ciencias evolutivas por creacionismo, limitan acceso a historia racial crítica o impartición de derechos civiles.
Ese nuevo mosaico educativo rompe la homogeneidad: un estudiante en Massachusetts recibe una educación muy distinta a uno en Mississippi o Alabama.
Consecuencias: retrocesos en la calidad y equidad educativa: fin de la homogeneidad
Por aclarar este apartado, “homogeneidad” aquí está entendida como igualdad de oportunidades y currículos compatibles ente los estados. La preocupante de la desaparición progresiva del papel del Departamento de Educación es que supone el fin de la homogeneización educativa en EE.UU. Durante décadas, aunque la gestión de los colegios públicos fue responsabilidad de los Estados, el gobierno federal garantizaba ciertos estándares mínimos de calidad a través de herramientas como las pruebas NAEP (National Assessment of Educational Progress), la distribución de fondos a distritos vulnerables y la supervisión del cumplimiento de los derechos civiles en las escuelas.
Hoy esa misión está desmantelada. Las pruebas NAEP, que servían como “termómetro” nacional para evaluar competencias en matemáticas, lectura y ciencias, han perdido relevancia porque muchos estados han optado por diseñar sus propios exámenes o, directamente, reducir la presión por medir resultados. En la práctica, cada estado se siente libre de marcar sus propios estándares, generando una variabilidad que roza lo caótico.
En estados conservadores, la obsesión por eliminar cualquier rastro de “adoctrinamiento” (que para ellos significa anatemas como la “diversidad”, “inclusión” o “educación crítica sobre el racismo”) ha llevado a un currículo cada vez más estrecho y rígido. Mientras tanto, estados más progresistas, como Nueva York o California, han apostado por programas inclusivos, tecnológicos y bilingües, ampliándose así la brecha entre la cosmovisión y sensibilidad en lo social, entre unos Estados y otros.
Este desequilibrio nacional no solo afecta los contenidos, la preparación para la vida en el Siglo XXI, sino también al rendimiento académico, sino que socava el concepto mismo de igualdad de oportunidades. El país se encamina hacia un sistema en el que no existe una base común de conocimientos, dificultando la movilidad social y creando generaciones con formaciones muy desiguales, no compatibles entre si, incapaces de competir en un mercado laboral que exige habilidades globales y tecnológicas concretas (que en unos Estados se incluyen y en otros no o incluso se anatemizan).
Retroceso en igualdad de oportunidades
Las ayudas a estudiantes inmigrantes, de color o con discapacidad pierden alcance. Sin el refuerzo o la aplicación efectiva del Title I, o el programa IDEA sin fuerza ni apoyo económico institucional, se agudiza brecha entre comunidades acomodadas y vulnerables.
Continuación: La Administración Trump desmantela el sistema educativo Federal de EE.UU. (2/2)
20/07/2025
Ángel Sanz Montes
PRESSENZA – Humanismo 2025
Nota original
