BOLETIN FARCO: Campesina santiagueña muere enfrentando a las topadoras / Universidades y entidades se presentan a la justicia en defensa de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual / Se presentó en el Congreso el proyecto para legalizar el aborto. AUDIOS
Campesina santiagueña muere enfrentando a las topadoras
En Santiago del Estero el avance de los empresarios agrícolas sobre las tierras de los campesinos se cobró la vida de una mujer de 33 años. Fue en la comunidad de San Nicolás, departamento Banda donde la empresa Namuncurá Sociedad Anónima se está apoderando de tierras campesinas para un emprendimiento agrícola. La empresa mantiene desde febrero sus topadoras trabajando en la zona con apoyo de la propia policía de la provincia cuyos efectivos reciben dinero extra por esa tarea. Este sábado 13 de marzo “Eli” Sandra Juárez, madre de dos hijos que participaba de la autodefensa de su lugar sufrió una descompensación y murió. Silvia Herrera integrante de la comunidad y cuñada de la joven fallecida contó que Sandra Juárez se descompensó cuando enfrentaba a una de las topadoras de la empresa. “Le hemos hecho respiración boca a boca, pero no hemos podido lograr salvarla, falleció en el monte”, relató.
AUDIO: Silvia Herrera, integrante de la comunidad San Nicolás
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El juez de La Banda Mario José Medina había ordenado a los campesinos abstenerse de perturbar las acciones de la empresa. Este juez fue muy cuestionado por su actuación en la investigación de los crímenes de Leyla Nazar y Patricia Villalba, en lo que se conoció como el doble crimen de La Dársena. El abogado Pedro Orieta que acompaña a la comunidad dijo que la muerte de esta campesina “es un llamado de atención, me parece para todas las autoridades, ya sea el poder ejecutivo, el poder legislativo y sobre todo el poder judicial, de la magnitud del conflicto de tierras. A lo que puede llegar a terminar”.
AUDIO: Pedro Orieta, abogado de la comunidad San Nicolás
{mp3remote}http://www.archive.org/download/boletinFARCO160310/MUERTECAMPESINASANTIAGOPedroOrieta.mp3{/mp3remote}Por su parte Hugo Soria del Instituto de Cultura Popular y de la Mesa Provincial de
Tierra de Santiago del Estero aseguró que “hay responsabilidades políticas claras y contundentes, desde el gobernador (Gerardo Zamora) y su equipo de ministros”. Además alertó que es necesario un “reconocimiento de que hay población rural en Santiago que desde tiempos inmemoriales vive, hace tres o cuatro generaciones” y que “si no hay decisiones en ese sentido estos hechos se siguen multiplicando en los 27 departamentos de Santiago del Estero”.
AUDIO: Hugo Soria, del Instituto de Cultura Popular
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En Santiago del Estero hay unas 300 comunidades en conflicto de tierras. Son miles de campesinos que reclaman ser reconocidos como legítimos dueños de la tierra por su ocupación ancestral y que diariamente enfrentan a empresarios que esgrimen presuntos títulos de propiedad y que actúan con grupos parapoliciales, en complicidad con jueces y funcionarios. Los testimonios que permitieron conocer lo sucedido en la comunidad San Nicolás fueron recogidos por el sacerdote católico Sergio Rafaelli y hechos públicos por la FM Comunitaria San Pedro, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Universidades y entidades se presentan a la justicia en defensa de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Más de veinte instituciones, entre las que están universidades nacionales, sindicatos, y organizaciones vinculadas a la comunicación presentaron un dictamen jurídico sosteniendo la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09. El documento fue presentado, en calidad de amicus curiae, es decir como “amigos del tribunal”, ante la justicia federal de Salta. El juez federal Miguel Medina es uno de los dos magistrados que suspendió temporalmente la ley que se aprobó el año pasado en el Congreso Nacional y de cuyo contenido participaron decenas de entidades públicas, privadas y estatales. Entre los firmantes del documento presentado están el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las facultades de comunicación, ciencias sociales y periodismo de varias Universidades Nacionales, representantes de trabajadores de la comunicación, entre otras entidades, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). El Secretario General de la Asociación de Trabajadores de Prensa, Gustavo Granero, explicó en diálogo con Informativo FARCO que se le presentaron a la justicia fundamentos jurídicos con una mirada sobre el derecho a la comunicación. “El tema es que el derecho a la comunicación en la Argentina es una materia que normalmente no es de uso y costumbre en los juzgados. Los jueces tienen que estudiar estos casos, armarse de una documentación para tomar de referencia para poder emitir un fallo. Desde una posición política no pueden emitir un fallo sino de una posición legal. Por lo tanto nosotros lo que hacemos es reforzar todo el material que tiene el juez para que ellos puedan tomar todas las vertientes para emitir su fallo ajustado al derecho”, explicó Granero.
AUDIO: Gustavo Granero, secretario General FATPren, en diálogo con Informativo FARCO
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La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también está suspendida por la justicia federal de Mendoza pero en este caso por cuestionamientos al tratamiento de la norma, lo que ya fue apelado por el gobierno al tribunal encabezado por Olga Pura de Arrabal. El titular del gremio que agrupa a los trabajadores de prensa dentro de la CGT explicó que “en (el juzgado de) Salta lo que se hace es hablar de la ley y atacar algunos artículos. Por caso el que dice que los monopolios y oligopolios se tienen que desprender de un tanto por ciento de sus medios. En cambio en el de Mendoza habla de la parte de procedimientos de la votación de la ley. Entonces eso lo tiene que hacer el parlamento argentino, que ya hicieron la presentación en Mendoza, que ya se hizo una apelación que eso irá a la Cámara y se está esperando que mita la Cámara el despacho”.
AUDIO: Gustavo Granero, secretario General FATPren, en diálogo con Informativo FARCO
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TEXTO: Documento presentado ante la justicia salteña por las organizaciones en calidad de amicus curiae (amigos del tribunal)
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