Por Partido Humanista de Chile. Pressenza.com
Hitos históricos del despojo de las tierras Mapuche
El pueblo Mapuche ha luchado incansablemente por mantener su autonomía y recuperar sus territorios ancestrales, pérdida que ha significado destinar a estas comunidades originarias a la pobreza y un grave daño a los suelos que quedaron en manos de empresas extractivas.
A comienzos de esta lucha, se logra establecer un acuerdo con el Reino de España en el Parlamento de Quilín, enero de 1641, del cual surge el primer tratado de paz entre Mapuche y españoles, tratado que el Estado chileno post independencia del Reino de España desconoce, dando pie a un proceso bélico de despojo territorial, colonización y empobrecimiento, conocido eufemísticamente como “Pacificación de la Araucanía” y que según señala el informe «Violaciones históricas del Estado Chileno al Pueblo Nación Mapuche» de Hernán Curiñir promotor y defensor de Derechos Humanos desde una realidad Mapuche e intercultural, a cobrado entre 50 a 70 mil vidas indígenas.
Martín Correa Cabrera, Licenciado en Historia y Doctor en Antropología y especialista en el conflicto y en las demandas de los pueblos indígenas americanos, en su libro “La historia del despojo: El origen de la propiedad particular en el territorio Mapuche" recopila y analiza relatos orales indígenas y una vasta cantidad de documentos (escritos de conservadores de bienes raíces, notarías, informes militares, cartas y diarios de la época, etc.) sobre artimañas y fraudes realizados por colonizadores y el Estado de Chile, para materializar la ocupación del territorio Mapuche.
Estos despojos forman parte de la demanda histórica de este pueblo, pero han sido olvidados, ocultados y negados en la historia oficial de nuestro país.
El conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile tiene su origen en 1866 cuando se dicta la ley más importante del proceso de reducción y pacificación del pueblo Mapuche (1861 – 1883) que establece la fundación de poblaciones en territorios indígenas y dictamina normas para la enajenación de las propiedades, declarando por esta vía propiedad fiscal todos los territorios al sur del Biobío, tierras Mapuche que, durante siglos, habían tenido bastante autonomía del poder central y que eran de sumo interés para el Estado chileno.
El inicio de la usurpación sistemática de territorios indígenas puede situarse en 1883, cuando se dio operación a la Comisión Radicadora de Indígenas, o como la denominan algunos estudiosos «política de acorralamiento espacial» pues ubicaba al pueblo Mapuche en espacios delimitados para colonizar el resto de la zona, lo que provoca la crisis de su sociedad.
Al reducirse el tamaño de sus tierras, fueron obligados a cambiar sus hábitos alimentarios y productivos, pasando de ser una sociedad agrícola comunitaria a un conjunto de campesinos pobres dedicados a la pequeña ganadería y cultivos de subsistencia. De este modo, la tierra forzosamente “desocupada” fue rematada por el Estado y utilizada por colonos chilenos y extranjeros para su aprovechamiento productivo, o conseguida mediante presiones y
artimañas legales, a pesar de las denuncias de algunos sectores de la sociedad y de ciertos sacerdotes por la violencia estatal ejercida.
Hitos de los conflictos por la restitución de tierras usurpadas
No conformes con esto, aparece la Ley Indígena de 1927, que agrega la división de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, entregando la tierra como propiedad particular lo que significó la casi total desintegración del pueblo Mapuche, dividiendo sus comunidades en numerosas propiedades pequeñas. De acuerdo a lo señalado en la página Memoria Chilena entre los años 1961 y 1971, se presentaron 1.434 demandas por restitución de tierras indígenas, pero solo se falló a favor 352 casos, devolviéndole 3.380 hectáreas de las 10 millones que el reino de
España había reconocido como territorio Mapuche, quedando la mayoría de la población Mapuche sin tierra.
La situación del pueblo Mapuche cambió en los años sesenta con la Reforma Agraria. Las organizaciones Mapuche existentes en esa época convergieron en el Congreso de Ercilla (1968) donde se señaló la no existencia de un marco jurídico adecuado para encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales, dando pie a la toma de terrenos como una estrategia de recuperación de tierra.
También por esos años, y buscando una forma de mejorar la vida de la población Mapuche, el presidente Salvador Allende utilizó la reforma para aumentar la restitución de tierras Mapuche mediante la expropiación, apoyándose en la Ley Indígena 17.729, que aseguraba la tenencia de la tierra Mapuche sujeta a no embargo, la prohibición de venderlas a personas no indígenas, empresas estatales o cooperativas y la división de un territorio indígena sólo sí existía el acuerdo de todos los miembros de la comunidad para realizarla, siendo esta la primera vez que el Estado ejecutaba una legislación específica para restituir las tierras usurpadas a los nativos.
Los pequeños avances se esfumaron con la dictadura cívico-militar, dónde no solo se revocan los acuerdos establecidos por medio de la eliminada Reforma Agraria, sino que se retrocede en legislación indígena al suprimirse el Instituto de Desarrollo Indígena, órgano encargado de todos los asuntos relacionados con los pueblos indígenas, y se produce la desarticulación del movimiento indígena por medio de una serie de medidas establecidas en el decreto ley Nº 2.568, de 1978, que implican un duro golpe al tema del reconocimiento, pues instala por decreto la noción de que “en Chile NO hay indígenas”, sino que todos somos chilenos, lo que echa por tierra los intentos de
integración.
Dada esta situación, la movilización Mapuche se va a caracterizar desde ahora por la voluntad de separación de la cultura Mapuche de la chilena, dadas las propias características de cada pueblo.
Hitos post Dictadura cívico militar Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (Lagos), Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía (Bachelet), Plan Araucanía (Piñera) y Plan Buen Vivir (Boric) son el recuento de “espacios de diálogo” con hermosos nombres, desde el ejecutivo del Estado Chileno en los gobiernos post dictadura cívico – militar.
Intentos, en el transcurso de veintidós años, en que los indicadores de pobreza de la población (casi duplicando la media del país) son inversamente proporcionales a las millonarias ganancias de las empresas forestales en manos de los grupos económicos de la élite del país, beneficiadas por la usurpación de territorios Mapuche más los subsidios estatales para su operación industrial y comercial.
En este contexto, comunidades Mapuche en 1998 comienzan la actividad de la Coordinadora Arauco Malleco conocida como CAM, que en este milenio incursiona en una estrategia de sabotaje a las forestales y la ocupación forzada de terrenos, a través de sus grupos de choque denominadas Órganos de Resistencia Territorial (ORT).
Ya en 2005 durante el gobierno de Lagos, se inician desde el Estado las demandas judiciales, apresamiento y encarcelamiento de las dirigencias Mapuche de la CAM, que continúan hasta la fecha, atravesando indistintamente a todos los gobiernos independiente del signo político que los sostiene. Actualmente, se cumple ya la trigésimo tercera prórroga del estado de excepción constitucional, que rige en la región de La Araucanía y dos provincias de la región de Biobío, presentadas desde el gobierno de Boric y avaladas desde el Congreso Nacional con los votos de los partidos tradicionales, tanto de gobierno como de oposición; lo que ha permitido que las FFAA estén desplegadas desde lunes 16 de mayo de 2022 hasta el día de hoy, sin tener a la vista que tal situación de militarización del territorio Mapuche pueda terminar.
Esto marca otro continuo, el uso del ejército por parte de los gobiernos de Bachelet, Piñera y el actual de Boric.
En este aberrante y doloroso recuento, sólo queda reconocer que mientras como sociedad no aceptemos el hecho que son los intereses económicos y el racismo de los poderosos la real piedra de tope, para que se encuentren los caminos políticos que den respuesta a las justas demandas de las comunidades Mapuche, en su recuperación territorial, en el reconocimiento de su nacionalidad y cultura, en un contexto de plurinacionalidad del país, seguirá el statu quo de esta discriminación infame. La violencia sistemática que el Estado ha hecho padecer a esta nación originaria debe terminar, para establecer finalmente las condiciones de una nueva, pacífica y favorable relación
social, cultural y política en todo el territorio.
Redacción colaborativa:
M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez; César Anguita Sanhueza.
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