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Un abogado que considera que el mundo será mejor “cuando todos los días se ejecute un periodista” y la hija de un ex comisario ligado a Traferri son las fuentes de la ampliación de la denuncia contra Edery.
Un abogado que consideró que el mundo será “un lugar más vivible cuando todos los días se ejecute un periodista” y la defensora jurídica de empleados policiales levantiscos –e hija de un comisario retirado- y querellante en la causa conocida como de “espionaje ilegal”, contribuyeron esta semana a la ampliación de la denuncia contra el fiscal rosarino de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery, por parte de su par, Miguel Moreno. La conducta del representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es analizada tanto en sede administrativa por el auditor general del MPA como por vía penal, ante la presunción de la comisión de delitos “de acción pública”. La semana próxima, el auditor llevará los avances de su tarea a la comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, que desde fines de 2017 cuando un grupo de fiscales investigaba a un grupo de senadores modificó el régimen de sanción de los primeros –que hasta entonces era potestad del propio organismo- para autoasignárselo. En paralelo, el miércoles se realizó la primera reunión de transición entre los equipos del área de seguridad del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, y los funcionarios de la cartera que conduce Claudio Brilloni. Según explicó al término del encuentro el representante del radical, Pablo Coccocioni, la cuestión de las intrigas en el MPA no formó parte del temario de agenda: “Pusimos el foco en las agencias que dependen actualmente del ministro Brilloni”.
Doctor desenfado
El fiscal Miguel Moreno amplió esta semana la denuncia original contra su colega Edery, quien a la vez presentó un descargo ante el auditor general, Leandro Mai, por considerar insustancial los nuevos planteos.
El martes pasado se ventiló en una audiencia imputativa al jefe de Los Monos, Ariel Guille Cantero, y a otras ocho personas señaladas por extorsión, el vínculo entre una de las acusadas, Mariana Ortigala, y el fiscal cuestionado.
En síntesis, Ortigala mantenía una relación de informante con Edery a través de un teléfono celular que, aparentemente, sólo utilizaba con ese fin.
Ortigala fue una testigo importante del juicio al capo narco Esteban Alvarado, que el año pasado fue condenado a prisión perpetua, con cuya esposa –la también condenada Rosa Capuano- había mantenido un vínculo amistoso.
Según Moreno y el fiscal Pablo Socca, Ortigala –que fue baleada durante el proceso a Alvarado- “cambió de bando” y comenzó a operar para Cantero, de quien presumen que se convirtió en testaferro a través de la registración de 14 propiedades.
“Ortigala no es una testigo protegida, es una narco testigo”, afirmó con contundencia Moreno, quien junto a Socca presentaron una denuncia penal para que se investigue si Edery encubrió a la mujer u ocultó parte de la información que le suministraba y que debería haber volcado a pesquisas que estaban en manos de otros fiscales.
Mientras ese trámite se sustancia, Moreno amplió esta semana la denuncia con nuevos aportes. Según el escrito, a partir de la acusación formulada la semana anterior “fueron numerosos los contactos que intentaron personas vinculadas a investigaciones llevadas por el fiscal Edery, aportando información que se vinculan con el susodicho funcionario y que, entiendo obedecen a una misma lógica o patrón”.
Uno de los aportes lo hizo el abogado penal Leopoldo Monteil, quien se presentó ante Moreno y le dijo que él mantenía una relación sexoafectiva con una mujer llamada Natalia Nancy Salinas, asesinada el 10 de febrero de 2021 en un doble crimen.
La otra víctima de los homicidios que tuvieron como escenario la zona de Vera Mujica y Rueda fue Diego Alberto Maldonado, un remisero que eventualmente trasladaba a la mujer, aparentemente la destinataria del ataque letal y sobre quien, al menos al inicio del caso, se investigaba si estaba ligada a la venta de drogas al menudeo.
El abogado Monteil le habría dicho al fiscal Moreno que mientras él mantenía ese vínculo con Salinas, la mujer también lo hacía con Edery, lo cual no implica la existencia de un delito.
Pero Moreno añadió en su ampliación que en la causa que investiga el doble crimen existe un audio de una persona que afirma que Salinas le transmitía información a Edery, y según Monteil el fiscal habría realizado algunas “diligencias” en ese caso.
Sin embargo, Edery no investigó el doble crimen, pero la agencia a la que pertenece sí envío antecedentes de balaceras que había sufrido la mujer a la fiscal a cargo de dilucidar el doble asesinato.
Esa misma denuncia la agitó en su momento el sindicato policial no reconocido Apropol.
El abogado Monteil ganó cierta notoriedad pública el año pasado por medio de una publicación en su cuenta de la red social entonces llamada Twitter, ahora rebautizada X. No se trató de un trabajo profesional ni académico. Simplemente sostuvo que “el mundo será un lugar vivible cuando todos los días se ejecute un periodista”.
Ante la expresión pública del deseo tanático, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) presentó una denuncia para que se investigue si el profesional del Derecho había incurrido en incitación a la violencia o alguna otra transgresión al ordenamiento penal.
El fiscal Darío Cimino cerró las actuaciones al considerar que no existía delito, pero ante un nuevo planteo del SPR la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, ordenó su reapertura.
Las consecuencias para Monteil fueron la exclusión de la lista de conjueces –aquellos abogados que en caso de necesidad pueden subrogar la tarea del encargado de un juzgado- y un planteo ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, institución que repudió los dichos de su colegiado.
El desenfado del ahora denunciante de Edery en las redes no se amilanó con aquel episodio. El 10 de septiembre manifestó su disgusto por la posible elección de Pullaro como mandatario provincial.
“Lo digo antes que el psicópata sea ungido gobernador; la elección de un demente sólo traerá más problemas a la provincia de Santa Fe; no es un pelotudo con iniciativa, es un psicópata que sumará nuevos problemas a partir de su inestabilidad mental; Pullaro es un psicópata”, apostrofó.
Tampoco le caen bien el candidato presidencial de La Libertad de Empresa Avanza, Javier Milei, y los trabajadores de la aplicación Rappi, al parecer: “Esos crotos rappi son lo más croto y alienado que hay; goma a full para esos crotos alienados”, solicitó el 17 de septiembre en la misma red social, para justificar la demanda de goma: “Por crotos, por no respetar norma alguna, por alienados; goma a los rappi, por chupapijas de Milei y por crotos”.
A cara de Perro
La otra fuente que nutrió la ampliación de la denuncia contra Edery presentada esta semana por Moreno ante el auditor Mai es la abogada policial –entre otros clientes, claro- Evelyn Andriozzi.
La letrada patrocinó a policías y se puso al frente de sus reclamos en 2020 frente a la Jefatura de Rosario, durante un episodio que resintió la presentación del servicio de seguridad. El entonces ministro del área, Marcelo Sain, dijo que “lo que vislumbro es que detrás de todo esto (en alusión a la protesta en la puerta de la Jefatura) hay una maniobra soterrada para oponerse al conjunto de las reformas institucionales que estamos planteando en esta materia”.
En una entrevista con Rosario 12 agregó: “No me cabe ninguna duda que un sector fue el de abogados y otros referentes que han intentado sacar ventaja política de esta situación de demanda legítima de sectores de policías pasivos, entre ellos destaco a la doctora Evelyn Andriozzi, que fue empleada del Senado provincial y su padre, que es un ex jefe policial que trabaja con un senador”.
Evelyn Andriozzi no fue empleada pero sí asesora del Senado provincial entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019.
Su padre es el comisario retirado Ernesto Andriozzi, alias Perro, quien cumplió funciones en la Unidad Regional XVII del departamento San Lorenzo y se lo ha señalado en varias ocasiones como ex chofer del senador Armando Ramón Traferri.
En agosto de 2021 el policía fue imputado por los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra por supuesto peculado, a partir de audios de otro jefe policial que lo involucraban en una presunta custodia de afiches de campaña del senador Traferri, otro enemigo de Edery.
El Perro contraatacó y en 2022 denunció a ambos fiscales, a quienes acusó de “falsificar” una escucha para “engañar” a un juez que ordenó el allanamiento de su vivienda y el estudio jurídico de su hija, Evelyn, que está ubicado en el mismo inmueble.
Su hija se constituyó como querellante en la causa conocida periodísticamente como “espionaje ilegal”, con la que el elenco estable de poder santafesino trasladó a Sain desde el despacho del Ministerio al de docente de la Universidad de Quilmes.
Allí accedió a información recogida del teléfono personal de una implicada en la causa, que utilizó para la denuncia de su padre contra Schiappa Pietra y Edery.
Lo que Evelyn Andriozzi le aportó a Moreno para la ampliación de la denuncia es lo que su propio padre ya judicializó, acerca de presuntas irregularidades en el allanamiento al domicilio del Perro y al estudio de la abogada, cuyos elementos secuestrados fueron devueltos con inmediatez y sin peritar.
Los Andriozzi-Traferri están convencidos de que las investigaciones judiciales hacia ellos fueron motorizadas por Sain, para lo cual empleó a los fiscales de Criminalidad Organizada.
Moreno fue uno de los fiscales mencionados por el ex fiscal durante la dictadura y abogado José Luis Vázquez, defensor de Traferri en la causa por juego clandestino en la que no pudo ser imputado por imperio de los fueros legislativos, como quien le daba garantía de imparcialidad y objetividad, a diferencia de Edery y Schiappa Pietra.
Ni los desbordes tuiteros de Monteil ni los antecedentes y enconos de Andriozzi eximen de responsabilidad penal a Edery ni lo convierten en inocente de ningún cargo. Sí, remarcan el contexto en el que se produce la embestida contra el fiscal, cruzado por intereses que no necesariamente son los del republicanismo, la transparencia y un exacerbado apego al debido proceso.
En todo caso exhiben -otra vez- el cariz político del MPA, que guía no solamente los comportamientos personales de sus miembros sino también las políticas de persecución y vistagordismo penales de la provincia.
Transición
Las intrigas del MPA, el desempeño de sus miembros y la colonización de política de sus instituciones como el Organismo de Investigaciones no formaron parte, lógicamente, del primer encuentro de la transición entre los equipos de Pullaro y los del gobernador en ejercicio, Omar Perotti.
La UCR metió una generosa cuchara en la conformación del MPA en tiempos de los gobiernos del Frente Progresista, y la juventud pullarista pobló con su militancia el OI.
Antes de las elecciones generales en las que Pullaro se convirtió en gobernador con una enorme porción de votos, su bloque y los demás opositores frenaron el nombramiento de tres decenas de fiscales y defensores del sistema procesal penal.
“Nosotros no cuestionamos la transparencia del concurso ni la idoneidad de las personas que lo ganaron”, sostuvo el mandatario electo. “Pero hay un nuevo momento en la institucionalidad de la provincia y antes de cubrir las vacantes primero hay que tener un análisis general de lo que está pasando en la Justicia y en el resto de los poderes del Estado para trabajar y ser más eficientes”, abundó, en el mismo reportaje en el que afirmó que “con lo que le pago a un fiscal le pago a seis empleados y puedo hacer una Justicia más eficiente ordenando a los recursos humanos”.
Coccocioni, ex secretario de Asuntos Penitenciarios cuando Pullaro fue ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz, representó en el encuentro al gobernador electo. Su nombre suena como posible responsable del área de seguridad pública.
“No vinimos con la idea de hacer juicio de valor sobre la marcha de la gestión, sino a informarnos”, dijo el abogado luego de la reunión con Claudio Brilloni y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach.
“Hemos venido para agilizar un poco este proceso, con pedidos puntuales de algunas cuestiones sobre las cuales nos gustaría tener información con algún grado de detalle”, abundó, para afirmar que “los ministros lo van a trabajar para hacer luego una devolución y, en base a eso, nosotros evaluaremos con nuestros equipos técnicos si necesitamos pedir alguna cuestión más”. Todo muy ordenado.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 30/09/23
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Redacción Rosario / Región
