Diputados del oficialismo advirtieron que los integrantes de la Corte Suprema deben excusarse en el pedido de regulación de honorarios (podrían alcanzar los 25 millones de pesos) solicitado por el juez del tribunal Carlos Rosenkrantz a partir de su actuación como letrado patrocinante de la provincia de Santa Fe en una causa contra el Estado nacional en reclamo de una deuda de coparticipación.
“La regulación de honorarios tienen que hacerla conjueces a la Corte, ningún integrante del tribunal puede regularle los honorarios a Rosenkrantz”, planteó a Télam el diputado nacional del Frente de Todos por la CABA Eduardo Valdés, quien además integra la comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
Por su parte, el diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT) coincidió con la postura de Valdés y señaló que “nadie en su sano juicio puede pensar que los integrantes de este cuerpo colegiado no van a verse influenciados al tener que decidir sobre el monto que va a percibir un colega que forma parte de ese mismo cuerpo”.
El legislador nacional por Santa Fe sostuvo asimismo que Rosenkrantz “está pidiendo desde 2017 la regulación de honorarios a la Corte que él mismo integra”, y consideró que “ahí hay, por lo menos, un ruido ético importante”, por el “rol dual que tiene”.
En diálogo con la agencia estatal de noticias, Toniolli subrayó que Rosenkrantz “forma parte de un organismo que va a tener que regular honorarios abultados en el juicio entre Santa Fe y Nación”. Y agregó que el juez del máximo tribunal quedó “en los dos lados del mostrador” ya que 2008 había sido contratado por Santa Fe para que patrocinara a la provincia en una demanda por coparticipación contra el Estado nacional.
La decisión de contratar al estudio jurídico de Rosenkrantz y de su socio Gabriel Bouzat, como también al bufete de Ricardo Gil Lavedra, fue tomada por la Fiscalía de Estado de Santa Fe en noviembre de 2008, durante la gestión del fallecido ex gobernador socialista Hermes Binner. El procedimiento no incluyó proceso licitatorio y se resolvió por decreto (3165/08).
Este último punto fue cuestionado por Toniolli ya en el año 2015, siendo entonces diputado provincial, a través de un pedido de informes dirigido a la gobernación santafesina y que la gestión socialista de entonces, a cargo de Antonio Bonfatti, nunca contestó.
“Yo presenté un pedido de informes, básicamente cuestionando el hecho de que se contrataran dos estudios jurídicos externos (para llevar adelante el juicio por la coparticipación contra el Estado nacional) estando la Fiscalía de Estado, que era un organismo idóneo y con personal capacitado para eso, y que además se hiciera por contratación directa, porque no hubo proceso licitatorio”, recordó el dirigente del Movimiento Evita santafesino.
El otro punto discutido es el importe de los honorarios que podrían llegar a cobrar los abogados que actuaron en el juicio contra el Estado nacional en representación de Santa Fe, entre los que se encuentran Rosenkrantz y Gil Lavedra, actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La remuneración que la provincia acordó pagar a los letrados quedó establecida en el contrato de locación que en noviembre de 2008 suscribió el gobernador Binner con los estudios jurídicos de Gil Lavedra, por un lado, y de Rosenkrantz y Bouzat, por otro, por la prestación de “servicios de consultor en materia jurídica”.
Los detalles del contrato fueron publicados este domingo por el portal El Cohete a la Luna; la revelación abrió una polémica sobre hipotéticas sumas millonarias a cobrar por ambos juristas, junto al resto de los abogados que intervinieron en el caso. Sobre las cifras que podrían recibir como honorarios, el diputado Valdés dijo sentir “vergüenza e indignación”, en particular por el modo en que esta información se mantuvo en secreto durante mucho tiempo.
“La revelación de los documentos escondidos bajo siete llaves explica por qué la transpiración de Rosenkrantz cuando fue consultado en su acuerdo del Senado por parte del entonces senador (Omar) Perotti”, afirmó el legislador al referirse a lo ocurrido en la audiencia de la comisión de acuerdos del Senado del 12 de marzo de 2016.
En esa oportunidad, Rosenkrantz respondió preguntas sobre el contrato de honorarios que había firmado con la administración santafesina en 2008 y dijo que no tenía problemas en hacerlo público.
La causa iniciada por Santa Fe contra la Nación por los fondos coparticipables tuvo su desenlace el 24 de noviembre de 2015 con un fallo de la Corte que declaró inconstitucional al artículo 76 de la ley 26.078, por el cual se facultaba a la Nación a retener un 15 por ciento de la masa coparticipable con destino a la Anses.
En junio de 2022, Santa Fe y el Estado nacional anunciaron un acuerdo para iniciar el plan de pagos de la deuda que se había acumulado por esas deducciones, que sumaba alrededor de 151.000 millones de pesos a favor de la jurisdicción gobernada por Omar Perotti.
La deuda, se acordó, sería cancelada en diez años a través de bonos actualizables por CER. Ese acuerdo luego fue homologado por la Corte el 6 de septiembre de 2022, por lo que empezó a correr el plazo para que el Estado nacional comenzara el pago con títulos públicos, que finalmente se concretó el 17 de septiembre pasado, ya con Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.
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Fuente: Redacción Rosario
