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Más gendarmes, militares a la zona conflictiva, declaraciones políticas de unos y otros postulando más represión y la imprescindible vulgaridad de gran parte de los medios de comunicación para generar indignación y miedo en la audiencia. El abordaje de la situación crítica en Rosario por las muertes asociadas al comercio de drogas no aprobadas por autoridades sanitarias se desentiende del análisis económico de un mercado que es ilegal, pero tiene reglas de funcionamiento como cualquier otro.
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Ignorar esas reglas sólo colabora en la consolidación de grupos económicos que crecen al margen de la ley y que a medida que acumulan capital construyen estrechas relaciones con otros sectores económicos legales, como la construcción, las finanzas, el juego y el inmobiliario urbano y rural, entre otros.
Tanta verborragia estruendosa y moralista que promueve y festeja la declaración de una guerra contra la droga oculta lo importante: la derrota se conoce antes de comenzar la campaña de desplazamiento de escuadrones al campo de batalla.
Un debate que pocos quieren dar
Sólo la parafernalia del combate contra las drogas impide abrir un debate que es políticamente incorrecto y está muy alejado del interés de encararlo por el mundo de la política, ya sea por temor al linchamiento mediático, por carecer de conocimientos en la materia o, en algunos, por el vínculo sinuoso que tienen con el producido por esta actividad ilegal. De todos modos, es necesario exponer lo que no se quiere decir: la guerra contra la droga se gana con la legalización.
No se requiere de un grupo de expertos para elaborar una estrategia novedosa para arribar a esta conclusión. Existe un antecedente potente acerca de qué sucedió y cómo se encaró el problema social, económico, de salud y de seguridad que provocó la prohibición y persecución a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas.
La conocida ley seca fue un fracaso estrepitoso, del mismo modo que hoy lo es la denominada guerra contra la droga, y la solución fue, finalmente, legalizar el comercio de bebidas alcohólicas.
Cómo nació la ley seca y qué pasó con las mafias
En enero de 1920 la National Prohibition Act o Volstead Act (conocida como ley seca) no prohibió el consumo, pero sí la fabricación, transporte y venta de bebidas que superaran los 0,5 grados de graduación alcohólica. Se trataba de poner en marcha lo que se denominó el ‘noble experimento’ con el fin de planificar una sociedad conforme a los criterios morales de la clase dominante de aquellos años.
Se impulsó la enmienda (Nº 18) de la Constitución de Estados Unidos para instrumentar esa norma. Para cumplir con esa ley se creó una agencia ejecutiva específica llamada Bureau of Prohibition, dependiente del Departamento del Tesoro. Sus agentes federales eran conocidos con el nombre de prohi’s y con el tiempo pasaron a ser controlados por el Departamento de Justicia.
Esta prohibición tuvo efectos sociales devastadores en Estados Unidos. Se encareció el precio de la bebida, cientos de miles de personas comenzaron a fabricarla artesanalmente, se fomentó el mercado negro, muchas veces con bebidas sustitutivas adulteradas o altamente tóxicas. Además se incrementó el consumo de licores destilados en detrimento de cervezas o vinos, así como la demanda de otras drogas anteriormente poco consumidas. Se extendió la delincuencia y fue el comienzo de la puesta en pie de un colosal imperio criminal de bandas organizadas como nunca antes se había visto en la historia de los Estados Unidos.
Análisis económico de un mercado prohibido
El desarrollo de un mercado de fabricación y comercialización de un producto que tiene sostenida demanda, con dominio exclusivo de áreas de distribución, genera un excedente adicional, puesto que la fijación del precio está por encima de un equilibrio teórico. Es similar a la generación de una renta «monopólica», en este caso alimentada por el plusvalor originado en el riesgo de violar la prohibición.
Quienes publicitan que quieren combatir el negocio del narcotráfico desconocen el funcionamiento de este tipo de mercado de un producto prohibido, se hacen los distraídos al compartir intereses económicos o no pueden romper con el tabú moral de las drogas prohibidas (no así de otras, como psicofármacos, alcohol y tabaco).
Uno de los argumentos apunta a que si se eliminara la prohibición, el consumo se incrementaría en forma sustancial y que eso sería un drama social y de salud. Aunque vaya en contra del sentido común, no se verificaría un aumento del consumo con la legalización, como prueban las estadísticas en los años posteriores a la supresión de la ley seca o en las pocas experiencias a nivel mundial de legalización de drogas recreativas.
En Estado Unidos al evaluar las tablas de consumo de alcohol antes, durante y después de la ley seca, se comprueba que pasó a ser el mismo de antes de esta norma de prohibición y más adelante fue disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos.
Según un estudio de la Universidad de Columbia, en vísperas de la Volstead Act el consumo per cápita de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos era de seis litros al año. En 1921 bajó a medio litro (sin medir el consumo ilegal), pero a lo largo de los años siguientes esa media fue progresivamente aumentando hasta alcanzar los cinco litros a inicios de los años ’30. Esto era casi los mismos niveles previos a la prohibición.
Pese a la experiencia trágica de la ley seca en Estados Unidos, se impuso el prohibicionismo a nivel global
En 1961, las Naciones Unidas comenzaron a realizar conferencias periódicas sobre la fiscalización de drogas, que dieron lugar a tres tratados internacionales:
1. La Convención única sobre estupefacientes, en marzo de 1961, definió el objetivo de combatir el consumo de drogas mediante una intervención internacional coordinada y limitar la posesión, consumo, comercio, distribución, importación, exportación, fabricación y producción de drogas únicamente con fines médicos y científicos. También promovió la lucha contra el tráfico de drogas mediante la cooperación internacional para disuadir a los traficantes de drogas.
2. El Convenio sobre sustancias sicotrópicas, de 1971, estableció un sistema de fiscalización internacional para responder a la diversificación y expansión de la cantidad de drogas ilegales y definió controles sobre una serie de drogas sintéticas en función de su potencial uso ilícito, por un lado, y de su valor terapéutico por otro.
Uno de los principales objetivos de estos dos primeros tratados fue codificar las medidas de fiscalización para aplicar a nivel internacional, al tiempo de asegurar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos, y prevenir cualquier desvío hacia canales ilícitos. Estos tratados también incluyen disposiciones generales sobre tráfico y uso indebido de drogas.
3. En otra Conferencia de las Naciones Unidas, en 1988 en Viena, se adoptó la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Esta proporcionó medidas pragmáticas contra el tráfico de drogas, incluidas disposiciones contra el lavado de dinero y el desvío de precursores químicos.
Estos tres convenios establecieron los principales tratados de fiscalización internacional de drogas todavía en vigencia.
La administración Nixon fue la que intensificó y globalizó la guerra contra las drogas aprobando la Drug abuse prevention and control act, de 1970, que prohibió toda una serie de drogas casi con las mismas razones expuestas durante la ley seca. Se creó un marco generalizado de persecución contra dichas sustancias que influyó en todos los demás países para que endurecieran las penas contra el comercio y consumo. Nixon impulsó la redacción de la mencionada Convención Internacional de la ONU de 1971 sobre sustancias psicotrópicas. La unanimidad de los gobiernos de esos años en la prohibición de los estupefacientes fue abrumadora (no importando la ideología política) y subsiste hasta hoy.
¿Cuál fue el resultado de la cooperación global para combatir las drogas prohibidas?
Las Naciones Unidas proclamaron que el período 1991-2000 sería el decenio contra el uso indebido de drogas, además aprobaron la declaración política y el programa mundial de acción para combatir el flagelo de las drogas. En 1998, la Asamblea General de la ONU comprometió a los países miembros a lograr un «mundo libre de drogas» y «eliminar o reducir significativamente» la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008.
Estos objetivos no fueron cumplidos. La denominada guerra contra las drogas a lo largo de poco más de 60 años no redujo el consumo, y en cambio generalizó la plaga de la violencia y la criminalidad organizada, generando sufrimiento en las poblaciones y violaciones a los derechos humanos, además de deteriorar la estabilidad política y las instituciones democráticas.
El saldo de esta política global fue un fiasco y lo muestra el propio Informe mundial sobre las drogas 2020, publicado por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (Unodc), que revela que el consumo en todo el mundo ha ido en aumento, tanto en términos de cifras generales como de proporción de la población mundial.
En 2009 estimaba que había 210 millones de consumidores, el 4,8 por ciento de la población mundial entre 15 y 64 años. Diez años después, el cálculo del reporte de las Naciones Unidos lo elevó a 269 millones de consumidores, 5,3 por ciento de la población.
Qué dice el padre del neoliberalismo sobre qué hacer con las drogas prohibidas
Milton Friedman ha ofrecido los argumentos económicos más contundentes sobre los beneficios de la legalización del negocio vinculado con la producción y comercialización de drogas prohibidas.
En una entrevista que le realizaron en 1991 en el Foro Americano sobre Drogas, un programa de debate nacional sobre asuntos públicos, afirmó que “si se observa la guerra contra las drogas (se refiere al gobierno de Estados Unidos) desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cártel de las drogas. Esta es la realidad, literalmente”.
El periodista le preguntó: “¿Lo hace bien?”.
El Premio Nobel de Economía contestó: “Excelentemente. ¿Qué quiero decir con esto? En un libre mercado normal hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo esencialmente lo hacen enormemente costoso. Así que la única gente que puede sobrevivir en ese negocio es ese tipo de gente como el cártel de Medellín, que tienen suficiente dinero como para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así. Además de eso, al no permitir esos productores y arrestar, por ejemplo, a los cultivadores locales de marihuana, el Gobierno mantiene alto el precio de esos productos. ¿Qué más querría un monopolista? Tiene un gobierno que se lo pone muy difícil a todos sus competidores y mantiene alto el precio de sus productos. Es como estar en el cielo”. Para ejemplificar la situación, Friedman afirmó que «ahora ocurre lo mismo que bajo la prohibición del alcohol».
Más aportes del liberalismo para la legalización
El mundo conservador ilustrado está convencido de que la prohibición ha fallado. Pese a que no se siente cómodos con esta postulación, reconoce que la legalización es la solución menos mala. Así lo planteó la revista The Economist, en marzo de 2009, en el artículo «Cómo detener la guerra contra las drogas». Sentencia que el combate contra las drogas es «el tipo de promesas que a los políticos les encanta hacer». Dice que de ese modo mitigan la sensación de pánico moral y que el objetivo es tranquilizar a los padres de adolescentes. «Sin embargo, es una promesa enormemente irresponsable, porque no se puede cumplir», indica.
En forma categórica asegura que la guerra contra las drogas ha sido un desastre porque ha creado Estados fallidos en el mundo en desarrollo. «The Economist sigue creyendo que la política menos mala es legalizar las drogas», para agregar que “menos malo” no significa bueno. Explica que lejos de reducir el crimen, la prohibición ha fomentado el gangsterismo en una escala que el mundo nunca antes había visto. Según la estimación, quizá inflada de la ONU, la industria de las drogas ilegales mueve unos 320.000 millones de dólares al año.
Señala que la legalización no sólo ahuyentaría a los mafiosos, sino que transformaría las drogas de un problema de orden público a uno de salud pública, «que es como deberían ser tratadas». Los gobiernos cobrarían impuestos y regularían el tráfico de drogas y usarían los fondos recaudados (y los miles de millones ahorrados en la aplicación de la ley de prohibición) para educar al público sobre los riesgos del consumo de drogas y para tratar la adicción.
En definitiva, la problemática de las drogas hoy ilegales (igual que con el alcohol y el tabaco) no debe encararse desde un enfoque represivo, sino desde uno de salud y educación a partir de la legalización.
